Hace dos años años Alberto Fabra entró por la puerta grande en el Palau de la Generalitat, tras la renuncia de un Camps que, en el último minuto, tuvo un remilgo y se negó a autoinculparse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) como perceptor de trajes por gentileza de la trama Gürtel. Él y Ricardo Costa dejaron con las vergüenzas al aire al exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, y al destacado militante del PP, Rafael Betoret, quienes obedeciendo las órdenes de Génova 13, reconocieron de forma voluntaria ante el TSJ-CV la comisión de un delito de cohecho impropio.

Fabra entró en Valencia con buen pie, la prensa lo recibió con los brazos abiertos. Acostumbrados a los desplantes y menosprecios de Camps, los informadores celebraron las buenas maneras con las que llegaba el que había sido alcalde de Castellón.

Pero poco a poco la buena estrella se fue apagando. La herencia recibida, no la de Zapatero, sino la de Camps, es una pesada losa que Alberto Fabra parece incapaz de levantar. Por una parte, la Generalitat está en bancarrota y Montoro sigue apretando. Por otra, la corrupción tiene contra las cuerdas al Partido Popular y a varias decenas de muy ilustres militantes imputados en Alicante, Valencia y Castellón. Entre otros, la alcaldesa de Alicante y su homónimo de Castellón. Especialmente es grave la situación en las Cortes Valencianas, donde el PP cuenta con 55 diputados, de los que 9 están imputados. Y pronto pueden ser 11 (Rita Barberá y Francisco Camps, por Nóos).

Era obvio que Fabra lo tenía muy complicado para triunfar. Pero también lo es que lleva meses cometiendo errores garrafales. Agobiado por la mala imagen que proyecta su partido por la corrupción, el President decidió establecer una línea roja, un cordón sanitario, según el cual, ningún imputado sería digno de ostentar un cargo público. Pero son tantos y tan destacados los imPPutados y tan débil su liderazgo, que no ha tenido más remedio que transigir en demasiadas ocasiones.

Su último gran error lo ha cometido con el exconseller Rafael Blasco, al que Anticorrupción pide 14 años de cárcel y la abogacía de la propia Generalitat 11, por el presunto desvío de cantidades millonarias que estaban destinadas a proyectos de cooperación en el Tercer Mundo. A pesar de estas novedades judiciales, Blasco, que ha conocido un PP que, a diferencia de Roma, sí pagaba a traidores, se ha negado en redondo a renunciar a su puesto de diputado en la cámara autonómica. Y presa de su debilidad, hasta el pasado sábado, Alberto Fabra no tuvo el arrojo suficiente para expulsarlo del Grupo Parlamentario Popular, en el que el exconseller cuenta con muy destacados amigos como Francisco Camps, Rita Barberá o el presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. Todos ellos están haciendo lo posible y lo imposible para poner en cuestión el liderazgo del presidente de la Generalitat y del PP en la Comunidad Valenciana.

Después de haber tragado carros y carretas, Fabra decidió el pasado sábado suspender a Blasco de militancia y anunciar su próxima expulsión, a raíz de que éste realizara unas inquietantes manifestaciones en 13 TV. La explicación fue que “el exconseller ha cometido una falta de lealtad y de respeto hacia el partido”.

No sé quién lo asesora, pero la imagen que ha transmitido con la gestión de esta crisis es letal para el propio Alberto Fabra, porque al final, lo que los valencianos perciben es que es que a Blasco no se le echa por haber saqueado presuntamente la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, sino por haber criticado al presidente de la Generalitat y del PP en la Comunidad Valenciana.

Quienes conocen bien a Blasco saben que es de los que mueren matando. Por ello recordó en la televisión que si a Fabra le hubieran obligado a dimitir cuando estuvo imputado siendo concejal de Castellón, jamás hubiera llegado a la Presidencia de la Generalitat. Su locuacidad ha aumentado al conocer que lo van a expulsar; se ha apresurado a decir que la medida “es propia de una dictadura”. Habrá que estar atentos a los próximos movimientos de Blasco, un superviviente de la política que ha sido conseller con Lerma, Zaplana, Olivas y Camps; alguien que no tuvo el más mínimo rubor en lanzarse a los brazos del Partido Popular después de que el socialista Joan Lerma lo echara de la Generalitat el 28 de diciembre de 1989, por un asunto de presunta corrupción urbanística, del que judicialmente resultó absuelto.

¿Acabará aquí la dilatada carrera política de Rafael Blasco, que se inició en la extrema izquierda, en los movimientos comunistas más radicales y hasta en el mismísimo FRAP?.