El jueves pasado el diario El Mundo ofrecía una bomba informativa: la cúpula del PP se habría repartido, supuestamente, durante las dos últimas décadas la friolera de 22,3 millones de euros, en sobresueldos. Casi 4.000 millones de las antiguas pesetas en dádivas para compensar el “sobreesfuerzo” y la “dedicación” a la vida pública de sus máximos dirigentes.

El ranking, que figura en el escrito presentado ante el juez que lleva la investigación de los “papeles de Bárcenas” y que fue presentado por la asociación de abogados Adade, lo lidera el mismísimo Mariano Rajoy (1,58 millones de eurakos), seguido de Luis Bárcenas (1,32 millones). Van detrás de ellos Javier Arenas (1,15 millones), Ángel Acebes (1,01 millones), Ana Mato (0,81 millones), José María Aznar (0,78 millones) o Álvarez Cascos (0,58 millones).

Lo curioso del caso es que nadie del PP ha desmentido lo de la barra libre de calle Génova. A lo más, la única que ha respondido a los periodistas, tras ser interpelada por el asunto, ha sido Ana Mato quien ha respondido con un escueto: “Yo he cumplido todos los requisitos legales siempre”. O sea, que sí.

Pero en este fétido asunto no se trata de ilegalidad, alegalidad o legalidad. Para eso ya están los jueces. Aquí hablamos de decencia, de integridad, de nobleza y de honradez. Es decir, de ejemplaridad en el ejercicio de cargo público. No sé si me entienden, pues mientras con una mano lanzaban el mensaje de que “los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, para trasladar a la ciudadanía el sentimiento de culpabilidad que hiciera más llevadera la cirugía a la que iban a someter al Estado de Bienestar, supuestamente, con la otra mano, se lo estaban llevando calentito en estipendios y pluses con que compensar las “durísimas” condiciones de su vida laboral.

En Japón más de uno ya se hubiera hecho el harakiri. Aquí dudo de que se llegue ni siquiera a la dimisión, porque dudo, y mucho, de que algunos conozcan que exista aquello que se llamaba la vergüenza torera.