Hace tiempo que el proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa preocupa al profesorado, no solo porque no aborda los verdaderos problemas del sistema educativo sino porque se observan posturas cada vez más enfrentadas entre las partes. No hay duda de la existencia de una clara ideologización de la ley, precisamente lo mismo de lo que se acusaba a la dañina LOGSE y posteriormente a la LOCE y a la LOE.

No tiene sentido ponerse a remozar una ley orgánica en plena época de crisis. Y si a ello unimos el otro tipo de crisis aguda, que es la institucional, entonces estamos ante una clara desfachatez por parte del partido político gobernante y del propio Gobierno.

Lo que comprobamos que se está redactando no es el tipo de reforma que España necesita. Lo que precisa el sistema educativo español es la conjunción de fórmulas que contribuyan a eliminar el fracaso escolar y el altísimo nivel de abandono en las aulas. También el profesorado precisa de un nivel de motivación, porque comprueba que no se atiende la realidad del día a día y que desde la Administración educativa se pretenden alcanzar absurdos, poner puertas al campo y regular insensateces. A ello hay que unir que no se concreta una memoria económica, se olvida la formación del profesorado y los recursos brillan por su ausencia. En una palabra: volvemos a los viejos tiempos de la indefinición y del desasosiego de los centros.

Después de tanto tiempo es inentendible que se olvide el Estatuto de la Función Pública Docente. Este tema siempre asoma en vísperas de elecciones generales, pero se olvida tan pronto como se toca poder. Da la impresión de que se aparca hasta las elecciones siguientes.

Quiero dejar constancia de que hay un dato preocupante como es la autonomía de los centros y la selección de directores. La primera es invadida constantemente por las normas e instrucciones que, en muchas ocasiones, solo son viables si se depositan en la papelera; después de muchos años estudiando y haciendo seguimiento de las normas educativas autonómicas, posiblemente sea Castilla y León la comunidad con más resoluciones, órdenes e instrucciones inútiles, contradictorias, repetitivas y extemporáneas.

El actual equipo del consejero de educación de Castilla y León ha demostrado una inutilidad fuera de lo común, por eso no se entiende que el presidente mantenga ahí al consejero y a su equipo que tanto daño está haciendo a la comunidad: vean el caso Arroyo, el intento de supresión de la ESO en la zona rural, el abandono de las Aulas Mentor a la suerte de los Ayuntamientos (por la mala cabeza y peor asesoramiento del actual director general de formación profesional y régimen especial), el regateo de derechos del profesorado, las amenazas ante propuestas efectuadas desde la realidad de los centros,…y un largo etcétera.

Para finalizar, también es mi deseo reseñar el exceso de atribuciones otorgadas a los directores de los centros; no es de extrañar que nadie quiera cargos directivos, pues en algunas provincias son un sufrimiento por falta de profesorado, alargamiento o inexistencia de sustituciones, falta de recursos económicos, etc. Se puede demostrar en cualquier momento que las funciones directivas sobrepasan considerablemente cuantas se requieren para garantizar el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los propios centros.

Si a lo anterior unimos que el propio director podrá fijar requisitos y méritos para los puestos que se oferten en el centro, entonces estamos ante una clara dejadez de la Administración educativa y ante una irresponsabilidad sin precedentes de los políticos. Eso solo se entendería si se prescindiera de tanto cargo inútil como pulula por la Administración.

En fin, una vez que se apruebe la LOMCE, si es que llega a aprobarse, no tardará en llegar otro Gobierno que la lije, barnice y embellezca. Y entonces volveremos a empezar, como siempre y para seguir sin resolver los problemas que invaden el sistema educativo. ¿Recuerdan la LOGSE, la LOCE, la LOE y demás leyes orgánicas? Pues, eso mismo.