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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Derechos humanos

Francisco Arias Solis
Redacción
martes, 8 de agosto de 2006, 03:19 h (CET)
“No encuentro en él culpa alguna”,
luego se lavó las manos,
“Chinchorrerías rabínicas
¡pobre pueblo soberano!”.


Miguel de Unamuno.

Desde hace medio siglo, con mayor insistencia desde las declaraciones de treinta y cinco países en Helsinki, se habla sin parar de derechos humanos. El tema ha llegado a ser central en las conversaciones, en las discusiones políticas, en los discursos de los gobernantes, en los medios de comunicación. Pero a medida que se ha ido convirtiendo en un “tópico” o lugar común, se ha ido desdibujando su contenido. Como la moneda que pasa de mano en mano o rueda por los mostradores, nadie se para a mirar, a ver qué significa eso de derechos humanos y cuáles son los requisitos de su existencia, sus conexiones, sus relaciones con las libertades y con los valores que parecen estimables a la humanidad o a algunas de sus partes.

Si la expresión derechos humanos quiere decir algo que no sea una redundancia, tendrá que significar aquellos derechos que pertenecen a los hombres como tales, independientemente de su condición o situación.

Habría que completar las declaraciones de derechos con cartas de deberes paralelas. Y entre los deberes hay uno capital que me parece el verdadero eje de la cuestión: el deber de hacer posible los derechos. De otro modo, resultan puramente utópicos, meramente nominales, vacíos, inoperantes. El ejercicio de los derechos presupone condiciones reales muy precisas. Si se falta a los deberes para con la realidad, automáticamente se produce la pérdida de los derechos correspondientes, aunque se mantenga farisaicamente su reconocimiento verbal. Cuando el ejercicio de los derechos se hace imposible, no hay que molestarse en negarlos.

El estado tiene que imponer las condiciones de realización de estos derechos; es decir, tiene que defenderlos contra los que los atacan o los hacen imposibles. El Estado no puede ser “neutral” ante los enemigos de los derechos humanos, simple testigo de su destrucción por grupos o minorías, a costa de la mayoría de la población, esto es, de los titulares de esos derechos. Hay el derecho y el deber de defender los derechos de todos, eficazmente, contra los que rechazan la convivencia o niegan la libertad de los demás. El Estado no puede lavarse las manos declarando que él no viola los derechos humanos, porque si no los defiende, viola el decisivo derecho de los ciudadanos a que sus derechos sean defendidos y asegurados por el Poder público.

Pero hay otro aspecto de la cuestión, todavía más grave, y sobre el cual innumerables calamares se dedican a verter tinta y confusión. Hay Estados que niegan los derechos humanos (o parte esencial de ellos), aunque hayan firmado todas las declaraciones imaginables y los hagan constar en sus Constituciones.

Los sofismas se acumulan y dominan los juicios sobre la situación del mundo actual: se equipara al Estado que establece y sostiene los derechos, en el cual son realmente vigentes (aunque puedan sufrir ocasional lesión algunos) con el Estado que suprime y prohibe esos mismos derechos, en el cual no tienen ninguna vigencia.

Un paso más que se da todos los días, es una nueva y más monstruosa equiparación: la del que quiere ejercer su derecho con el que quiere destruir esos derechos. Se dirá que esto no es posible. Con esa expresión, ciertamente no; pero piénsese que el poder coactivo se ejerce en un caso contra el que quiere desplazarse dentro de su país, viajar, cambiar de residencia, salir del país, volver a él, elegir sus estudios o su profesión, expresar y comunicar su pensamiento o deseos, practicar su religión o abstenerse de ello, asociarse, etc.; y en el otro caso contra el terrorista que dispara contra los demás o hace estallar bombas, o secuestra a los ciudadanos; contra los que obstaculizan o impiden las participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural o social, contra los que violan el secreto de las comunicaciones, etc. En un caso se trata de la libertad de ejercer los derechos; en el otro , lo que se reclama es la libertad contra los derechos, la libertad de violarlos y destruirlos. Y como decía Rousseau: “Nunca he creído que la libertad del hombre consista en poder hacer lo que quiere, sino en no tener que hacer lo que no quiere”.

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