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Opinión
Etiquetas:   Columna de opinión  

Cuando las víctimas proponen el castigo

Francisco Muro de Iscar
Redacción
lunes, 7 de agosto de 2006, 15:41 h (CET)
Cuatro juzgados de Madrid y Navarra y, desde hace ocho años, algunos de Barcelona están desarrollando programas de mediación penal gracias a los cuales, víctimas y acusados de un delito pueden sentarse a hablar y decidir cuál es el castigo más adecuado para el delincuente, siempre de forma voluntaria y cuando éste haya reconocido los hechos y pedido perdón.

El sistema de mediación penal es siempre mejor que ningún otro, porque una de las partes reconoce su culpa y admite el castigo y la otra busca una reparación justa que sirva para que ese delito no se repita. No hay sed de venganza, sino de reparación, y ambas partes tienen que quedar satisfechas. Además, se gana mucho tiempo y la justicia no se eterniza, lo que, por sí sólo, ya es un éxito.

La justicia no tienen que ser rápida o lenta, sino justa, pero cuando se distancia tanto de los hechos, acaba siendo injusta. La mediación está permitida en todos los delitos menos en el de la violencia de género, pero se aplica demasiado infrecuentemente. Tampoco son muchos los jueces que imponen sentencias ejemplares, como la de condenar a un joven violento a acompañar a víctimas de la violencia o a un conductor suicida a hacer de voluntario con enfermos que han sufrido las consecuencias de otros accidentes. Hacen falta jueces que arriesguen más en este terreno.

Recientemente, el sociólogo Javier Elzo sostenía que para hablar de fin del terrorismo, para poder hablar de un verdadero proceso de paz, lo primero que debían hacer los terroristas es pedir perdón a las víctimas. Es difícil que pueda haber mediación -y eso es lo que está intentando poner en marcha el presidente Rodríguez Zapatero- si los asesinos, los terroristas, los violentos no piden perdón a las víctimas, que son las que más han sufrido en este proceso. El reciente ejemplo de Txapote no ayuda nada en este camino. Si hubiera esa petición de perdón, incluso las víctimas tendrían el derecho, y casi el deber, a ser generosas con los verdugos.

Pero los hechos no apuntan por ahí. Un documento de Batasuna condiciona la paz a la amnistía de los presos de ETA. "Rehenes políticos" y "presos del pueblo", los llaman, en una bofetada a la cordura. No es de extrañar que el obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi, diga que "la esperanza de paz se debilita". Los intereses ilegítimos nunca pueden imponerse al bien común, ni los verdugos a las víctimas.

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