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Etiquetas:   Columna de opinión   -   Sección:   Opinión

Aquí no paga nadie

Victoria Láfora
Redacción
domingo, 6 de agosto de 2006, 09:08 h (CET)
Un tren de metro descarrila en Valencia, en una línea vieja, sin inversiones, denunciada por maquinistas y usuarios, pierden la vida cuarenta y tres personas, y aquí no pasa nada. Unos trabajadores de Iberia toman al asalto las pistas del aeropuerto del Prat, ponen en peligro la vida de los pasajeros de los aviones que no pueden aterrizar, provocan el caos dejando en tierra a cien mil pasajeros, y aquí no pasa nada. De repente, se descubre que el monstruo de la macro urbanización de Seseña, con trece mil quinientas viviendas construidas en un serial y sin servicios ni agua, ha sido posible porque ocho de los concejales del pueblo están a sueldo del constructor, y aquí no pasa nada.

Todos estos ejemplos demuestran con que contumacia se niegan las administraciones a admitir su responsabilidad en áreas que son de su estricta competencia. La facilidad con que miran para otro lado cuando surge un problema que puede restar votos. Aquí nadie paga una copa y a alcaldes, presidentes autonómicos, o ministros solo les falta ponerse a cantar aquello de "Pío, pío. Que yo no he sido". Si no fuera por la tragedia en el origen suena a chiste que la comisión de investigación de las Cortes valencianas sobre el accidente del metro, con los votos del PP, haya tardado cinco días en llegar a la conclusión que el único culpable es el maquinista que ha muerto. Todo lo demás, los vagones viejos, el sistema de frenado, es perfecto por lo que no hay ninguna responsabilidad política. Y se han quedado tan tranquilos

En cuanto al asalto al Prat que decir del cruce de acusaciones entre Generalitat y Fomento para quitarse la responsabilidad de encima. La administración catalana dice que no mandó a los Mossos porque el aeropuerto no es suyo y el Gobierno que la Guardia Civil no intervino por el riesgo del queroseno.

Por último, la Junta de Castilla la Mancha, del PSOE, que no vio como se levantaba esa falsa ciudad en el desierto, que son los pisos de Seseña, busca ahora como llevar el agua en lugar de ordenar la demolición de ese dislate urbanístico que está plagado de irregularidades cuando no de ilegalidades.

Menos mal que los tres casos están en los tribunales. Solo hay que confiar en que los jueces no tarden quince años en averiguar quien paga.

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