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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Ni comunidades forales ni privilegiados aforados

“Los privilegiados arriesgarán siempre su completa destrucción antes que ceder una mínima parte de sus privilegios”, Antonio Gala
Miguel Massanet
jueves, 13 de junio de 2013, 08:24 h (CET)
En España nos dimos una Constitución, la de 1.978, en la que nos pusimos unos límites a nuestras libertades en pro del bien común; a la vez que, la Carta Magna, establecía una serie de normas para evitar que unos españoles pudieran ser considerados distintos de los otros en cuanto a derechos, obligaciones, oportunidades o deberes. Sin embargo, fuere porque no se ha querido desarrollar este apartado lo suficiente para que se erradicara del país cualquier tipo de privilegio o diferencia que otorgara ventajas unos españoles con respecto a los otros o porque, determinados recuerdos medievales y viejas franquicias, prerrogativas o fueros que se han venido arrastrando a través de los siglos sin que, hoy en día, tengan más justificación que, aquellos que los poseen, se agarran a ellos como lapas a las rocas, negándose a que se los arrebaten aunque, en realidad, constituyen una de las muestras más evidentes de que, todavía, se mantienen diferencias entre los españoles por razón de su lugar de nacimiento o adopción.

El hecho de que, la Constitución española, consagre en su Disposición Adicional Primera el “respeto” y “amparo” de los llamados “derechos históricos” de los territorios forales, retrocediendo a la legislación existente en 1.841, en virtud de lo cual las comunidades autónomas de Navarra y el País Vasco conservan la independencia en aspectos como el derecho tributario, fiscal o civil, amén de algunas peculiaridades; no deja de ser una forma que se sacaron de la manga los llamados “padres de la Constitución” para mantener una de las desigualdades menos justificadas y justificables que todavía perduran en la nación española.

La contradicción de estos derechos forales con lo expuesto en el artículo 14 de la misma Constitución, cuando dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.permiten que en unos territorios del Estado haya algunos españoles que pagan menos tributos que otros y que gocen de un trato fiscal que los beneficia notablemente respecto al que se ven obligados a soportar los que han nacido o residen en el resto de comunidades autónomas. Ya sabemos que esto de los llamados “derechos históricos” se utiliza a menudo para justificar situaciones de privilegio, trato preferente, derechos especiales o estar sometido a menos obligaciones. En Catalunya son los separatistas los que vienen esgrimiendo derechos históricos, la mayoría inventados y sin base alguna, para exigir al Gobierno de la nación una financiación privilegiada, la inmersión de su población en el catalán, olvidándose de que, el castellano, es el idioma de toda la nación y que, por ello, debe ser respetado, enseñado y utilizado en la enseñanza como idioma vehicular para aquellos que así lo demanden y, finalmente, el “derecho a decidir” como camino hacia la emancipación de la nación española.

UP y D, el partido de Rosa Diez, ha propuesto al Gobierno que, otro tipo de prerrogativas de las que gozan los parlamentarios, senadores, magistrados, jueces y toda una larga retahíla de personajes a los que, por el cargo que ocupan, les asiste un especial privilegio del que no gozan, en efecto, el resto de los ciudadanos españoles; lo que, según denuncia el partido mencionado, Los sitúa en una clara situación de protección especial, a la hora de verse abocados a responder de sus acciones presuntamente ilícitas, al requerir una autorización especial, a cargo del Congreso o del Senado, antes de que puedan ser procesados por algún ilícito penal. A esta cortapisa a la acción de los tribunales, contra cualquier aforado, se la conoce como “suplicatorio”, una decisión que, el aforado al que le afecta, puede recurrir; con lo que, los trámites en los procedimientos en los que existen aforados, se eternizan con el consiguiente perjuicio para el esclarecimiento de las responsabilidades que puedan existir.

Es evidente que, una petición semejante, levanta ampollas en todos aquellos que gozan de semejante protección. Nadie parece, en este caso, estar dispuesto a equipararse al resto de ciudadanos, no en el caso de ser inocente y no tener nada que ocultar, situación en la que nada debe temer de la Justicia, sino en aquel otro en el que no esté seguro de haber actuado conforme a ley y, por ello, teme ser enjuiciado. Comparto al cien por cien la petición de la señora Díez y considero las justificaciones y los intentos de desautorizar la petición de que todos estos aforamientos desaparezcan, expuestos por el ministro de Justicia, señor Gallardón, con alegaciones tales como que, la señora Díez, había estado aforada me parecen fuera de lugar y no restan ni un ápice de razón al argumento de que estamos ante un privilegio de unos pocos del que, el resto, no dispone. ¡Hablamos de que nos hallamos en un Estado de Derecho y, como tal, todo aquello que ponga al ciudadano en una posición de inferioridad ante la Justicia, debe ser rechazado, removido, modificado y subsanado, en beneficio de lo que se le puede exigir a la Justicia en un verdadero estado democrático! .

Si queremos reconciliar a los políticos, a la Administración de Justicia y al propio Gobierno con la ciudadanía, debemos empezar por establecer las reglas del juego de modo que no haya preferencias, privilegios, artificios o nepotismos que pudieran hacer dudar de que, quienes nos dirigen, quienes han obtenido nuestra confianza a través de las urnas y quienes son los encargados de administrar nuestros impuestos y de responder por su gestión; se encuentran en la misma situación que cualquier ciudadano de a pie, ante la sospecha de que, en su vida particular o por motivo del cargo que ocupa, se haya producido un hecho presuntamente ilícito. Si en este momento existe, en nuestra nación, una percepción generalizadas, tanto en las derechas como en las izquierdas, de sospecha respecto a los partidos políticos, los sindicatos, los gobiernos autonómicos y el resto de las instituciones públicas, se debe a que han sido un verdadero vivero de corruptos que, aprovechándose de sus cargos, en lugar de velar por el bien de los ciudadanos y actuar con la máxima transparencia y ética, han preferido ocuparse de sus propios intereses de modo que, su objetivo primordial, ha sido enriquecerse aprovechándose del cargo para el que fueron elegidos.

Mucho me temo que, la propuesta de UPyD será desestimada, como lo han sido muchas otras que, con anterioridad, se presentaron; no tanto por no reunir los requisitos y ofrecer los argumentos adecuados, sino porque existen temas que se han convertido en tabúes, que están condenados a ser rechazados debido a que, los intereses que se mueven en torno a ellos, son tan importantes, afectan a tantas personas y tienen una dimensión económica tal que, muy difícilmente, consiguen traspasar la censura y los vetos que ante ellos se levantan. En ocasiones, cuando observamos la cantidad de intereses creados en torno a temas de tanta trascendencia como el del que nos ocupamos en este comentario; empezamos a pensar que todo esto de las elecciones, de los partidos políticos, los sindicatos y las dos cámaras de representación popular, no es más que un gran teatro guiñol en el que todos se mueven movidos por unos hilos invisibles al compás de los intereses de los poderosos. En todo caso, señores, estoy a punto de convencerme de que así es como se mueve la humanidad.
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