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Opinión
Etiquetas:   Hablamos sin tapujos  

Los que han destruido la familia ahora pretenden responsabilizarla

“Yo os aseguro que entre un padre y un hijo hay un muro de diez pies de grueso y diez mil de altura”, Bernard Shaw
Miguel Massanet
viernes, 7 de junio de 2013, 07:05 h (CET)
Nos asombra ver con qué futilidad algunos políticos tratan un tema de tanta enjundia como es el de las relaciones entre padres e hijos y con qué incoherencia se atreven a juzgar sobre las causas de diversas taras que, hoy en día, afectan a una importante parte de la juventud, sin pararse a considerar los malévolos efectos de ciertas leyes, que siguen vigentes y que han puesto en entredicho la autoridad de los padres sobre sus propios hijos. Nada que ver con la antigua institución romana del “Pater familias”, ninguna semejanza con aquel poder y aquella fuerza que las leyes romanas le otorgaban a quien era dueño de vidas y haciendas y gozaba de la “patria potestad” sobre su familia, a la que gobernaba con plena autoridad.

No hace tanto tiempo la institución familiar, tradicional en todo el territorio nacional se consideraba como la célula madre de la sociedad y el respeto y obediencia a los mayores no se ponía en cuestión, lo mismo que las decisiones de los padres, gustasen o no, se tomaban en cuenta y se cumplían sin poner objeciones, por todos aquellos que formaban parte de la familia, fueran hijos, parientes o demás personas que cohabitaran en el domicilio familiar. Fue la entrada en el Gobierno del PSOE y no precisamente del de Felipe González, sino el del señor Rodríguez Zapatero, la que puso en cuestión el modelo de sociedad del que disfrutábamos con la incorporación de una serie de activistas del feminismo que se empeñaron en darle la vuelta al concepto de moral, la ética y , con ello, al de la llamada “familia tradicional”, para poner en cuestión una serie de valores que, hasta aquel momento, se habían considerado indiscutibles. Comenzaron por la legalización del aborto, la rehabilitación de los homosexuales y lesbianas con lo que pretendieron igualar ambas tendencias sexuales.

Sin embargo, donde pusieron el mayor empeño, donde se volcaron con todos los medios de los que disponían y utilizando su innegable predicamento entre los maestros y profesores, para poner en duda el sistema familiar imperante, considerándolo demasiado rígido, cuestionando la autoridad de los padres para corregir a sus hijos y castigarlos y utilizando el adoctrinamiento en la escuela pública para imbuir en las mentes poco formadas del alumnado la idea de que tenían derecho a la independencia, a que los padres pretendían forzarlos a seguir una tradición que podía perjudicar sus libertades y que, la facultad de los padres de corregirlos quedaba limitada por unos presuntos derechos de sus vástagos que les permitían rebelarse en contra de la autoridad paterna.

Una cuantas leyes ad hoc pusieron en claro que, el adoctrinamiento llevado a cabo por el Gobierno socialista sobre la juventud, iba a quedar refrendado por las leyes y, así como la permisividad en materia de abortos, basada en la prelación de la voluntad de la mujer sobre el derecho a la vida de los nasciturus o la equiparación de los homosexuales en cuanto derechos civiles y laborales, que culminó con la aberración de la creación de familias de gays y lesbianas con los mismo derechos de los que disponían los heterosexuales; así ocurrió en cuanto al tema de la familia legislando de forma que, basándose en algunos casos de malos tratos por parte de algunos padres drogatas, desalmados, psicópatas, borrachos o criminales, que utilizaron como excusa, publicaron unas leyes en las que se castigaba cualquier tipo de castigo corporal por parte de los padres, así como limitaron su autoridad de modo que se les privó de poder imponer ciertas condiciones a sus hijos; imponerles castigos u obligarles a determinadas reglas de convivencia. Estas leyes siguen vigentes y nos extraña que este señor, responsable del Plan Nacional sobre drogas, don Francisco Babín, no haya hecho mención de ellas ni las haya tomado en cuenta, cuando propone responsabilizar a los padre de aquellos menores de edad que se emborrachen en los tristemente denominados “botellones”.

Habría que recordarle a este señor la cantidad de padres que son agredidos por sus hijos; aquellos que se ven obligados a mantenerlos, darles cobijo en sus casas o consentir que les griten y les amenacen, sin tener la posibilidad de sacárselos de encima, castigarlos o reprenderlos por su conducta debido a que, si lo hicieran, podrían ser sancionados por atentar contra las leyes. Padres que no consiguen que sus hijos estudien; que no logran que regresen a sus casas a unas horas.adecuadas o que son incapaces de que sus hijos les informen de a dónde van, de las compañías que frecuentan o en qué locales van a divertirse; que son denunciados por sus propios hijos y, en definitiva, que se convierten en el foco de la violencia de sus propios hijos, sin que tengan donde apoyarse para librarse de ellos. Y llegados a este punto, este señor que pretende que los padres puedan ser sancionados por el etilismo que afecte a sus hijos ¿qué medios propone para que los padres puedan imponer su voluntad sobre unos hijos que saben que, a las malas, los que van a pagar por sus errores son sus padres?.

Mire usted, estimado señor Babín, lo que no puede hacer es pedir responsabilidades a unos padres que mucho hacen con sacar adelante su familia, que saben que su autoridad está por los suelos y que enfrentarse a los hijos, aunque sólo tengan 13 años, es una tarea imposible. No pase las responsabilidades del Estado a quienes, el propio Estado, ha puesto inermes ante sus hijos. Las leyes, y usted debiera saberlo, no pueden tener validez si se sabe que su cumplimiento es imposible por aquellos a los que afecta y, no hay duda de que, en el caso que nos ocupa, mientras a los padres no se les otorguen mejores armas para poner orden en el comportamiento de sus hijos, no tienen la más mínima posibilidad, por muy buena voluntad que pongan en intentarlo, de poner en vereda a unos chicos, hijos de la Enseñanza para la Ciudadanía y la LOGSE. En todo caso, lo único que se va a conseguir con una ley como la que se propone, es enturbiar aún más las relaciones de padres e hijos; hacer que se produzcan más enfrentamientos y conseguir que, el hogar familiar, acabe convirtiéndose en un infierno para la familia.

Los ciudadanos pagamos impuestos, cada vez más impuestos, para que sea el Estado el que, con sus normas, solucione los problemas de los ciudadanos y no para que los agrave. Empiecen por aumentar la edad de prohibición de ingerir bebidas alcohólicas; pongan medios para evitar la celebración de los botellones, que son los responsables de la degradación de una parte de nuestra juventud; hagan funcionar a los Tribunales de menores e impongan a los menores que incumplan la norma castigos adecuados, como la prestación de servicios sociales; la retención en lugares de rehabilitación o procedan a castigar más severamente las reincidencias, de modo que quienes no se enmienden sepan que, no sus padres, sino la autoridad va a ponerlos en vereda. El Estado no puede pretender legislar para escurrir responsabilidades, para imponer más gravámenes, del tipo que sean, a sus ciudadanos y crear todavía más burocracia, más servicios públicos y más funcionarios. Se ha hablado de los 18 años y me parece muy bien; pero a quienes se deben sancionar es a aquellos que venden las bebidas a los menores; a aquellas reuniones o fiestas en las que se utiliza el alcohol y a los inductores que empujan a la juventud a que se convierta en adicta a la bebida.

¡No, señores, no responsabilicen a unos padres a los que, ustedes mismos, han privado de los medios para educar a sus hijos! O así es como veo yo esta espinosa cuestión.
Comentarios
Jorge Escobar 10/jun/13    03:13 h.
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