Ayer se dio a conocer por parte de la Audiencia Nacional la sentencia sobre el "caso Gurpegi", declarando nuevamente culpable al jugador navarro del Athletic. Es ya el segundo recurso que se rechaza y sólo queda acudir al Constitucional, donde las opciones de un cambio en la decisión parecen escasas.

Las consecuencias son claras: de no mediar una improbable suspensión cautelar de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional, el de Andosilla estará cerca de dos años sin jugar, pues ya cumplió tres meses de sanción en fases anteriores del proceso. Todo un freno a su carrera deportiva.

La verdad es que se trata de un caso curioso, plagado de situaciones anómalas: la Federación avisa tarde al Athletic, los resultados son variables (pero siempre claramente por encima del máximo permitido), las pruebas se pierden, se ofrece hacerle pruebas al jugador en Madrid y los rojiblancos se niegan alegando que ya se le han hecho otras (si bien en un laboratorio no homologado) y, por último, se mantiene desde Bilbao la teoría de que la sustancia dopante la produce el propio Gurpegi pese a que en posteriores controles el resultado ha sido negativo.

Pero el caso es que siempre pagan los mismos y siempre (o casi siempre) se salvan los mismos. Parece claro que los deportistas toman lo que sus médicos les dicen que tomen. Eso sí, en cuanto surgen problemas, si te he visto no me acuerdo. No conozco un sólo caso de dóping en el que el médico haya sido sancionado (veremos en qué acaba la "Operación Puerto", pero en todo caso la condena al doctor Fuentes no sería por el dopaje como tal, sino por toda una estructura).

Desgraciadamente, el desenlace parece previsible. El jugador se comerá la sanción y el médico se irá de rositas, pese a que el sentido común dicta que lo lógico sería lo contrario. Pero, como afirma el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y entre los presidentes, menos aún.