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“La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse”, Jonathan Swift, político y escritor irlandés

No están todos los que fueron

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El 3 de junio de 1982, constituido en tribunal de justicia, el Consejo Supremo de Justicia Militar, vista en audiencia pública la causa en primera instancia número dos/ochenta y uno, condenó a 21 militares y un civil, procesados por el delito de rebelión o conspiración para la rebelión militar el 23 de febrero de 1981.

Quizá muchos de los que nos escuchen en estos momentos, habrán oído hablar del tema, solamente de referencia y posiblemente, de manera ideológicamente intencionada.

En esta sentencia se condenó al teniente general Jaime Miláns del Bosch y Ussía, como cabeza de rebelión militar, es decir como máximo responsable y al coronel Antonio Tejero Molina, como jefe de las fuerzas rebeldes, a la pena de 30 años de prisión, más otras accesorias.

En la misma sentencia se condenó como autor de un delito consumado de conspiración para la rebelión militar, al general de división Alfonso Armada Comyn, a la pena de 6 años de reclusión.

Es de destacar que el general Armada, dio clases militares al rey Juan Carlos, convirtiéndose en uno de sus mejores amigos y consejeros, hasta el extremo de ser nombrado secretario general de la Casa del Rey, puesto que ocupó durante 17 años. Sin embargo, sus enfrentamientos con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, hicieron que fuese relevado, datos confirmados por El País, en un artículo publicado el 21 de febrero de 1982.

Si atendemos al hecho de que fueron condenados 21 militares y solo un civil, es lógico pensar que se trató de un golpe militar. Pero no fue así. El ejército como institución, se mantuvo en todo momento leal a la Constitución y al rey, su comandante en jefe.

Lo cierto es que eran muchos, los que por muy diferentes causas, querían hacer desaparecer del panorama político español al Presidente Suárez y de ellos, alguno cuyo apoyo —hasta ese momento— había resultado esencial. Adolfo Suárez había sido útil para desmontar desde la legalidad más absoluta, el régimen franquista y posteriormente conducir al país, en unas condiciones auténticamente dramáticas, hasta la democracia, logrando mediante los llamados pactos de La Moncloa, el consenso necesario para promulgar una Constitución democrática, que después, unos y otros se encargarían con el paso de los años de mancillar, violar y emponzoñar, hasta hacer de ella el camino inviable que hoy es, para el desarrollo del país y la pacífica convivencia entre españoles.

El problema es que Adolfo Suárez consiguió el voto mayoritario de los españoles en las elecciones de 1979 y desde ese mismo momento y desde la mayoría de los ángulos institucionales, se desencadenó una política de acoso y derribo hacia su persona. Es cierto que cometió errores, como el de eludir en aquella ocasión el lógico debate de investidura en el parlamento. Era la ocasión propicia para que todos convergieran en el interés común de desalojarle de La Moncloa, unos por una vehemente ambición política; otros por el deseo rencoroso de pasarle factura al considerarle traidor a su pasado franquista; otros por lograr la interesada e inquietante constatación de permanencia institucional, el caso es que de aquellas turbulencias políticas surgió la idea de un golpe de estado constitucional. El proyecto consistía en unir a toda la oposición e incluso a la facción crítica de UCD —excitando ambiciones y rivalidades personales— en contra del Presidente y presentar una moción de censura que le haría dimitir de su cargo y presentar como alternativa un gobierno de concentración, que habría de presidir un militar de prestigio —el general Alfonso Armada— proyecto con el que participaban mas estamentos de los que muchos pueden imaginar y con el que estaba de acuerdo la propia izquierda.

El problema es que estando el proyecto ya en marcha, el Presidente Suárez se anticipó presentando su dimisión y a quienes lo habían puesto en marcha, se les fue de las manos, convirtiéndose en el esperpento que increíblemente presentamos al mundo y que dio lugar a la sentencia de la que hoy se cumplen 31 años y en la que es posible que fueran todos los que están, pero en la que yo pienso que, desde luego, no están todos los que fueron.

No están todos los que fueron

“La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse”, Jonathan Swift, político y escritor irlandés
César Valdeolmillos
lunes, 3 de junio de 2013, 09:16 h (CET)
El 3 de junio de 1982, constituido en tribunal de justicia, el Consejo Supremo de Justicia Militar, vista en audiencia pública la causa en primera instancia número dos/ochenta y uno, condenó a 21 militares y un civil, procesados por el delito de rebelión o conspiración para la rebelión militar el 23 de febrero de 1981.

Quizá muchos de los que nos escuchen en estos momentos, habrán oído hablar del tema, solamente de referencia y posiblemente, de manera ideológicamente intencionada.

En esta sentencia se condenó al teniente general Jaime Miláns del Bosch y Ussía, como cabeza de rebelión militar, es decir como máximo responsable y al coronel Antonio Tejero Molina, como jefe de las fuerzas rebeldes, a la pena de 30 años de prisión, más otras accesorias.

En la misma sentencia se condenó como autor de un delito consumado de conspiración para la rebelión militar, al general de división Alfonso Armada Comyn, a la pena de 6 años de reclusión.

Es de destacar que el general Armada, dio clases militares al rey Juan Carlos, convirtiéndose en uno de sus mejores amigos y consejeros, hasta el extremo de ser nombrado secretario general de la Casa del Rey, puesto que ocupó durante 17 años. Sin embargo, sus enfrentamientos con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, hicieron que fuese relevado, datos confirmados por El País, en un artículo publicado el 21 de febrero de 1982.

Si atendemos al hecho de que fueron condenados 21 militares y solo un civil, es lógico pensar que se trató de un golpe militar. Pero no fue así. El ejército como institución, se mantuvo en todo momento leal a la Constitución y al rey, su comandante en jefe.

Lo cierto es que eran muchos, los que por muy diferentes causas, querían hacer desaparecer del panorama político español al Presidente Suárez y de ellos, alguno cuyo apoyo —hasta ese momento— había resultado esencial. Adolfo Suárez había sido útil para desmontar desde la legalidad más absoluta, el régimen franquista y posteriormente conducir al país, en unas condiciones auténticamente dramáticas, hasta la democracia, logrando mediante los llamados pactos de La Moncloa, el consenso necesario para promulgar una Constitución democrática, que después, unos y otros se encargarían con el paso de los años de mancillar, violar y emponzoñar, hasta hacer de ella el camino inviable que hoy es, para el desarrollo del país y la pacífica convivencia entre españoles.

El problema es que Adolfo Suárez consiguió el voto mayoritario de los españoles en las elecciones de 1979 y desde ese mismo momento y desde la mayoría de los ángulos institucionales, se desencadenó una política de acoso y derribo hacia su persona. Es cierto que cometió errores, como el de eludir en aquella ocasión el lógico debate de investidura en el parlamento. Era la ocasión propicia para que todos convergieran en el interés común de desalojarle de La Moncloa, unos por una vehemente ambición política; otros por el deseo rencoroso de pasarle factura al considerarle traidor a su pasado franquista; otros por lograr la interesada e inquietante constatación de permanencia institucional, el caso es que de aquellas turbulencias políticas surgió la idea de un golpe de estado constitucional. El proyecto consistía en unir a toda la oposición e incluso a la facción crítica de UCD —excitando ambiciones y rivalidades personales— en contra del Presidente y presentar una moción de censura que le haría dimitir de su cargo y presentar como alternativa un gobierno de concentración, que habría de presidir un militar de prestigio —el general Alfonso Armada— proyecto con el que participaban mas estamentos de los que muchos pueden imaginar y con el que estaba de acuerdo la propia izquierda.

El problema es que estando el proyecto ya en marcha, el Presidente Suárez se anticipó presentando su dimisión y a quienes lo habían puesto en marcha, se les fue de las manos, convirtiéndose en el esperpento que increíblemente presentamos al mundo y que dio lugar a la sentencia de la que hoy se cumplen 31 años y en la que es posible que fueran todos los que están, pero en la que yo pienso que, desde luego, no están todos los que fueron.

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