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Etiquetas:   Columna de opinión   -   Sección:   Opinión

Elecciones y recurso

José Cavero
Redacción
miércoles, 2 de agosto de 2006, 08:33 h (CET)
La campaña electoral catalana, ante las autonómicas del primero de noviembre, se encuentra en el receso o impasse al que fuerza el mes vacacional de agosto. Las estrategias están determinadas por cada una de las direcciones de los partidos o coaliciones, pero no se echarán a andar hasta que hayan concluido estas semanas de descanso generalizado de la política y de los dirigentes políticos. Los socialistas catalanes de Montilla, los convergentes de Artur Mas y los republicanos de Carod y Puigcercós, antes de irse de vacaciones, ya establecieron sus planteamientos de campaña y determinaron sus cabeceras de cartel y líneas maestras de sus discursos: unos vislumbran la posibilidad de repetir la experiencia del tripartito, o cuando menos, no la descartan por completo, dado el empate técnico que parece que sigue prevaleciendo entre las dos grandes fuerzas políticas catalanas, PSC y CiU, y los otros, los convergentes, harán cuando esté en su mano para evitar ese Gobierno de izquierdas que, con Maragall, vino a terminar una fase de más de dos décadas de pujolismo.

Estaba por conocer cuál habría de ser la campaña de los populares, y ya está anticipada en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el principal partido de la oposición, que no hace, de este modo, cosa diferente a lo que ha venido manteniendo a lo largo de todo el proceso de elaboración y debate del nuevo Estatuto: el PP, de manera sistemática y reiterada, ha advertido sobre las inconveniencias del texto y sobre los indudables afectos negativos que ha de tener sobre la convivencia de los españoles, en términos concretos y globales.

Aunque se haya relajado el anterior lenguaje apocalíptico empleado por Rajoy y Vidal Quadras al referirse al texto aprobado por las Cortes Generales y por los ciudadanos de Cataluña en el correspondiente referéndum, la oposición del PP sigue siendo explícita y manifiesta, y si se quiere, reforzada ahora por el anuncio del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en la misma dirección y propósito de impedir que esa ley llegue a tener vigencia ya en los próximos días, exactamente el próximo nueve de agosto. El PP argumenta que esa vigencia inminente, a menos que el TC lo impida, forzará a la modificación de nada menos que treinta leyes estatales actualmente en vigor, pero que dejarán de tener esa misma vigencia actual en Cataluña.

Ese es el discurso electoral del PP en esta campaña, conscientes, de otra parte, en que sus posibilidades de avance en posiciones electorales son mínimas o inexistentes.

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