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La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la Audiencia Nacional impute al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y al antiguo gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez por la venta de participaciones preferentes por parte de las entidades financieras españolas al entender que estas operaciones “no son constitutivas de delito”.

La Fiscalía asegura que las participaciones preferentes son “un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que a la fecha de su comercialización se encontraba autorizado y regulado por la CNMV”. El Ministerio Público, en cuatro escritos remitidos al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, pide en consecuencia que se rechacen las querellas interpuestas por estos hechos por UPyD, el colectivo 15MpaRato, otras acusaciones.

Anticorrupción sostiene “la inexistencia de trascendencia penal en la comercialización que realizaron las entidades emisoras de las participaciones preferentes”. “Tampoco en este caso cabe hablar de la existencia de un plan diseñado y preconcebido por las entidades emisoras”, señala uno de los escritos de Anticorrupción.

Los escritos también destacan “la generalización” de las operaciones de venta de preferentes “entre las muy distintas entidades emisoras” y añade que los bancos y cajas realizaron un “inmediato acatamiento del primer requerimiento de la CNMV en octubre de 2011”.

Las querellas presentadas por la Audiencia Nacional y para las que la Fiscalía pide su desestimación también iban dirigidas contra el expresidente de la CNMV Julio Segura y contra todos los consejeros y directivos de las entidades que diseñaron la comercialización de las preferentes, como Caja Madrid o Bankia.

Con respecto a la CNMV y al Banco de España, los escritos aseguran que no faltaron a sus obligaciones de supervisión del mercado financiero y señala que realizaron “numerosas actuaciones” para “regular y mejorar la comercialización de estos productos”.

La Fiscalía, a pesar de todas estas consideraciones, dice ser “consciente de la importancia del problema, que afecta a múltiples ciudadanos que, en toda España, han adquirido estos valores”. “No cabe duda de que un gran número de estos adquirentes se sienten engañados, por no haber sido debidamente informados y advertidos de los riesgos del producto”, señala uno de los escritos.

Por este motivo, Anticorrupción recomienda a los afectados que acudan a la jurisdicción civil en vez de utilizar la vía penal. “Desde el punto de vista de la eficacia en la reparación de los perjuicios ocasionados, la vía civil se antoja asimismo mucho más idónea para dar una respuesta satisfactoria a los adquirentes de participaciones preferentes”, indica.

Los argumentos de la Fiscalía chocan con lo mantenido esta semana por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó a Andreu que incluya en su investigación contra Rodrigo Rato y los antiguos consejeros de la entidad la venta masiva de preferentes por parte de las siete cajas de ahorro que se fusionaron para crear el banco.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomó esta decisión al concluir que las ventas de preferentes fueron “los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial de una de las cajas de ahorros cuyo proyecto de fusión estaba ya en marcha”. Es decir, que las siete cajas de ahorros utilizaron las preferentes como instrumento para maquillar su situación real “con el objetivo futuro de conformar con todos ellos una nueva entidad que pudiera ser inscrita como banco y salir a bolsa, lo que requería de una apariencia necesaria de solvencia”.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha advertido esta mañana de que incorporar al ‘caso Bankia’ la presunta estafa en la venta de participaciones preferentes podría crear un “macroproceso” que “colapsaría el juzgado” del instructor, el juez Fernando Andreu. Juanes ha señalado que, ante esta situación, habría que adoptar de forma “urgente” medidas de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular el juez Andreu. Estas medidas de apoyo podrían pasar incluso por la creación de “un juzgados bis”.