► Los estudiantes planean "una gran marcha sobre Madrid" contra la Lomce para junio

El Gobierno ha probado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que a partir de ahora iniciará su trámite parlamentario. Será la séptima ley educativa de la democracia, aunque desde el Ministerio aseguran que por su importancia en cuanto a las modificaciones en la estructura curricular, el diseño de los temarios, el enfoque metodológico y la distribución de competencias, supone un cambio de modelo “similar al de la Logse de 1990”.

En rueda de prensa, el ministro de Educación, José Ignacio wert, detalló las principales novedades del proyecto y destacó la implantación de evaluaciones nacionales externas al final de 3º y 6º de Primaria, 4º de ESO y Bachillerato.

Las dos primeras no tienen implicaciones académicas -“sirven para detectar posibles problemas de aprendizaje”, dijo-, pero las dos últimas son necesarias para la obtención de los títulos de ESO y Bachillerato.

Otros cambios significativos son la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (con un curso obligatorio y otro optativo) por la Formación Profesional Básica de dos años obligatorios, y la transformación de 4º de ESO en un curso de iniciación con dos itinerarios distintos, uno más académico orientado hacia el Bachillerato y otro práctico, dirigido a la Formación Profesional.

La mayor controversia de esta norma radica en la nueva división de las materias del currículum en troncales (sobre cuyos contenidos y evaluación decide el Gobierno central); específicas (su temario y evaluación dependen de las comunidades autónomas y el Estado fija los objetivos a conseguir), y de libre configuración autonómica (que son potestad única de las comunidades y en su caso de los centros).

Dado que las lenguas cooficiales se consideran asignaturas autonómicas, los partidos nacionalistas critican que el proyecto concede un rango menor a estos idiomas, algo que niegan desde educación.

Esta reforma implica además el fin de la Selectividad para entrar a la Universidad, la compactación de asignaturas ofertadas en Bachillerato, mayor autonomía para que los centros decidan sobre su gestión y su posible especialización, un refuerzo de la figura del director, la desaparición definitiva de Educación Cívica y Constitucional (que sustituyó a Educación para la Ciudadanía), y la recuperación de una asignatura evaluable como alternativa a Religión.

De hecho, en esta última versión del texto de la Lomce se abre la posibilidad de que los alumnos escojan Religión, su optativa o las dos, y se aclara que ambas materias contarán para la nota media del curso.

En cuanto a la posibilidad de conceder conciertos a centros que separan al alumnado por sexos, el texto mantiene dicha posibilidad, aunque pide a los centros que garanticen que niños y niñas tendrán acceso a una formación de igual calidad. Ello implica que deberán justificar que los temarios, la exigencia y las instalaciones son iguales en ambos casos.