El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por PSOE contra dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 que prevén la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud públicos de la región, según consta en una providencia fechada el 23 de abril a la que ha tenido acceso Europa Press.

Un grupo de más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta presentó el 27 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 62 y 63 de la Ley Acompañamiento aprobada por la Asamblea de Madrid el 28 de diciembre al entender que estos artículos supondrían el "desmantelamiento" de la sanidad pública en la región y afectaban al principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a la sanidad pública.

Un mes más tarde es el TC el que responde señalando que admite a trámite este recurso y que da traslado de ello al Congreso de los Diputados y Senado, al Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid, "al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones" que estimen convenientes.

Contra el "apartheid sanitario"
El senador y secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó en su día que llevaban estos artículos de la Ley de Medidas ante el TC al considerar que la "privatización" supondría un "apartheid sanitario" en la Comunidad, de manera que los ciudadanos que fueran atendidos en los hospitales y centros de salud afectados por la externalización quedarían "marginados".

Entonces, al igual que ha seguido haciendo hasta hoy, Gómez afirmó que lo que buscan es "defender la sanidad universal, pública y gratuita", y alegó que esta ley madrileña vulneraba "varios artículos de la Constitución y el espíritu constitucional". Además, precisó que supone una "ruptura del aseguramiento y la cobertura universal" y que la norma "no cumple con las normas de derecho".

Fuentes socialistas precisaron que la medida vulnera los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) y 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) de la Constitución Española.