Si las normas de nomenclatura se aplicaran al Congreso, el proyecto de ley que concede competencias a los estados para recaudar el impuesto a la venta entre los vendedores en internet de otros estados se llamaría Ley de Injusticia en el Mercado.

Auspiciada por el senador Mike Enzi, un Republicano de Wyoming, y llevada por la vía rápida al pleno del Senado esta semana, la legislación priva de blindajes que llevan décadas en vigor, soltando a los estados hambrientos de recaudación sobre comerciantes a los que no tienen que rendir cuentas y escorando la partida en contra del pequeño vendedor en la red.

Con el código vigente, cualquier estado puede obligar a las empresas que hacen negocio dentro de sus fronteras a recaudar el impuesto sobre las ventas entre su clientela. Eso se aplica a las tiendas con sede física en la misma medida que a los vendedores que hacen negocio por catálogo o a través de internet. Si usted es un vendedor con sede física que hace negocio en territorio de la colonia de Massachusetts, por ejemplo, parte de su labor consiste en recaudar el impuesto obligatorio en Massachusetts cada vez que realiza una venta dentro del estado. Al mismo tiempo, no se le puede obligar a hacer las veces de recaudador de estados con los que usted no tiene ninguna conexión física. El Tribunal Supremo ha dictaminado reiteradamente que los comerciantes tienen que tener un "nexo tangible" con el estado en el que desarrollan su actividad, como una oficina, un almacén o una oficina comercial, antes de estar obligados a recaudar impuestos en representación de ese estado.

En la práctica, esto significa que una tienda física sólo tiene que calcular el impuesto sobre las ventas implantado en su mismo estado. Una librería del centro comercial de Cabo Cod recauda el 6,25% del impuesto sobre las ventas en vigor en Massachusetts; no supone ninguna diferencia que el cliente delante de la caja registradora viva enfrente o en el otro extremo del país. El pequeño vendedor por catálogo o por internet juega según las mismas normas: si tienen presencia física en Massachusetts, son responsables de la recaudación de cualquier impuesto sobre la renta en vigor en Massachusetts. Ni los comercios tradicionales ni el pequeño comercio en la red están obligados a recaudar los impuestos de estados en los que no hacen negocio. Es lo justo.

Pero si el proyecto de ley del legislador Enzi es aprobado, la justicia se esfuma. El pequeño comercio en internet se convierte en el inspector fiscal que recauda los impuestos de todas las jurisdicciones fiscales que en América tienen tributo sobre las ventas, unas 9.600, con sus peculiaridades y distinciones individuales. El pequeño comercio en internet radicado en Massachusetts deja de estar obligado a recaudar exclusivamente el impuesto sobre la venta que se tributa en Massachusetts. Tendrá que calcular y declarar los impuestos de Tennessee y California y Wyoming y Nueva Jersey, cobrando impuestos distintos a clientes diferentes y sin perder de vista de alguna forma el cambiante caleidoscopio de tipos impositivos, definiciones, excepciones y plazos de tributación a las ventas.

Pero el propietario de la tienda de barrio se queda igual, cobrando exclusivamente un tipo impositivo único y presentando la declaración correspondiente a un único estado solamente.

Los partidarios de la legislación prometen que esto va a ser menos problemático de lo que parece. El anteproyecto incluye mecanismos de simplificación como desgravaciones a la compra de software especializado, y estimula la cooperación entre los estados a la hora de armonizar los tipos impositivos y centralizar la recaudación fiscal. MarketplaceFairness.org, un portal creado para promover los planes de Enzi, asegura que con tecnología moderna, el pequeño vendedor en la red no tiene nada que temer. "Seguir de cerca unos cuantos miles de tipos impositivos", afirma de forma tranquilizadora, "deja de ser un lastre técnico, administrativo o financiero imposible de asumir".

Para los grandes nombres como Amazon o Walmart, la perspectiva de jugar con "unos cuantos miles de tipos impositivos locales" puede no parecer un lastre intolerable. Para incontables negocios minoristas en la red, sin embargo, puede ser la ruina. ¿Y qué hacemos si resulta que la tecnología no es tan barata ni fácil como se publicita? Firmando en el Wall Street Journal el pasado verano, el consejero delegado de Overstock.com Patrick Byrne y su presidente Jonathan Johnson advertían contra la complacencia:

"A nuestro equipo de entre 20 y 30 expertos en nuevas tecnologías le hicieron falta 9.412 horas repartidas en cinco meses para instalar, probar e integrar el software que nos permite calcular de forma apropiada los impuestos en cada estado adicional. La licencia anual del software durante el primer año, las horas de desarrollo interno y externo y los gastos de instalación, y el gasto en hardware y software adicional para funcionar, ascendieron a 1,3 millones de dólares. Y eso sólo para un estado".

Cualesquiera que sean las desigualdades en el seno del sistema en vigor, la legislación que se propone va a ser mucho peor. Hay un motivo crucial de que al pequeño comercio solamente se le pueda obligar a recaudar los impuestos del estado en el que está físicamente presente: cualquier otra cosa sería gravación sin representación. No hay que permitir a los estados que vayan más allá de sus fronteras imponiendo obligaciones fiscales al pequeño comercio que ni vota, ni tiene voz en la creación de esas obligaciones, ni tiene recurso político, ni posibilidad de ser escuchado. Contra esas injusticias, los estadounidenses libramos en tiempos una revolución. El anhelo de recaudación fiscal que consumir no es motivo para olvidar eso.