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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Apoya el señor Moliner, del TS, los métodos de Ada Colau?

“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar”, Ernest Hemingway
Miguel Massanet
viernes, 26 de abril de 2013, 08:01 h (CET)
Si la Administración de Justicia en nuestro país ya constituye uno de los problemas mayores, a juicio de los ciudadanos, casi equiparable al desempleo, la economía y la corrupción; no nos quedaba más que, a algunos destacados miembros de la judicatura, aquellos que por su rango, cargo y sus responsabilidades más debieran vigilar sus manifestaciones, no sabemos si por afán de notoriedad o por falta de contención verbal, en unos momentos extremadamente peligrosos para nuestra nación, en una situación que pudiéramos, tranquilamente, calificar de cansancio generalizado de los ciudadanos respecto a la actuación de los políticos, de inseguridad ante un porvenir incierto y oscuro y de falta de confianza en lo que se nos dice, se nos ordena y se nos impone desde Europa; el que salga un personaje de la categoría del Presidente del Tribunal Supremo, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial, el señor Gonzalo Moliner, para acabar generando más confusión, al manifestarse de forma equívoca sobre unos hechos evidentemente ilegales y limitativos de la intimidad y de la libertad de las personas, sean o no políticos, como han sido los recientes acosos y coacciones a miembros del PP y a otros políticos catalanes; hablando de que “pueden encuadrarse dentro de la libertad de expresión”; palabras que la señora Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ ha pretendido matizar diciendo que, el señor Moliner, no dijo “exclusivamente” eso, sino que aseguró que “ estos actos no pueden incluir contenidos violentos o que atenten contra la integridad físicas de las personas”.

Aparte de que la propia Gabriela Bravo, sólo hace unos días, también emitió una opinión que debiera de haberse ahorrado, cuando se refería a las medidas de la Junta de Andalucía de expropiar viviendas a la banca, en el sentido de que no le parecía mal e incluso positivo, aunque quiso matizar “siempre y cuando encajen en la ley”, pero… ¿encajan o no en la Ley, señora mía?, porque su opinión particular no le interesa a nadie y lo que se pide es que, tanto usted como el resto de miembros del CGPJ, nos ilustren sobre la legalidad de tales decisiones si es que tienen una opinión clara sobre ello.

Al parecer, en este país, los jueces, magistrados y fiscales, en lugar de colaborar aplicando la ley, de cumplir con su cometido y de asegurar a los ciudadanos que las normas deben ser respetadas por todos, con independencia de sus particulares ideas sobre su bondad o perversidad; existen casos en los que la equidad de las sentencias brilla por su ausencia según que se dicten contra unos ciudadanos u otros No es casualidad que la ciudadanía desconfíe de la Justicia; que vea distinción en el comportamiento de jueces y fiscales en sus actuaciones profesionales, según que aquellos sobre los que actúan sean de ideología de derechas o de izquierdas. Tampoco es casualidad que, muchos españoles, nos rasguemos las vestiduras al comprobar que dentro de los estamentos de jueces y fiscales existen divisiones por motivo de sus ideologías y que, para algunos, la ley no es igual para todos, porque depende de las circunstancias, de los motivos, de los colores de sus creencias o de la “oportunidad del momento en las que se aplican”.

Es evidente que, dentro de instituciones de tanto abolengo, como es el TC, existen dos grupos de magistrados en perpetua lucha de unos enfrente de los otros y no es, precisamente, para asegurarse de que las interpretaciones que se hacen de la Carta Magna sean las más afines a su preámbulo y contenido, sino que, más que buscar lo que quisieron expresar quienes la redactaron, los llamados “padres de la patria”, lo que se intenta es encontrar los resquicios legales mediante los cuales arrimar el ascua a la sardina de sus respectivas ideologías; lo que, sin duda, ha sido la causa de una serie de resoluciones más que discutibles y que han ocasionado graves perjuicios al pueblo español. Un ejemplo: la legalización de Bildu. Este tipo de utilización de los tribunales de Justicia para fines partidistas no tiene otro nombre que: “politización de la Justicia”.

A mi juicio, estamos, en la actualidad, en uno de los momentos en los que existe una clara tendencia, por parte de determinados grupos políticos, especialmente de izquierdas, de modo que, al no disponer de la suficiente representación en las Cámaras, pretenden suplir esta carencia apelando al “poder de las calles”, algo con lo que pretenden ningunear la mayoría alcanzada en las urnas por el PP y suplirla por los gritos, algaradas, manifestaciones, coacciones o acosos de grupos, más o menos numerosos, que, amparándose en la impunidad con la que las autoridades y los jueces les permiten desenvolverse, pretenden traspasar las funciones encomendadas a las cámaras de representación popular, a las masas, el populacho en manos de agitadores profesionales; grupos como el de esta nueva “Pasionaria”, esa Adda Colau, convertida en juez y parte en el caso de las Hipotecas ( un tema que entraña una complicada maraña jurídica y en el que, actuar por impulsos o frivolidad, puede causar una situación gravísima que va a empezar por perjudicar a todos aquellos que, en un futuro, pretendan valerse de este instrumento de crédito para comprar una vivienda) que, incomprensiblemente, ha logrado colarse en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, introducida por la izquierda y, aunque no tenía derecho a ello por no ser “peticionaria”, pudo exponer sus peregrinas ideas sobre los desahucios, con el permiso del presidente, un español a quien, por lo visto, la violencia del grupo de esta individua le parecía bien.

Puestos ante esta cruda realidad, muchos españoles nos preguntamos ¿hasta cuándo se van a permitir estos desórdenes?, ¿hasta cuándo se consentirá el avance de las pretensiones de independencia de Catalunya?, ¿hasta cuándo se permitirá al poder Judicial ser quien dice cómo han de ser las leyes? Y ¿hasta cuándo las calles se van a convertir en los verdaderos legisladores de este país? Feo, señores, muy feo el panorama económico de España pero, mucho más preocupante, mucho más peligroso y más alarmante, es que las turbas, azuzadas por los comunistas y socialistas, tomen el relevo de aquellos que, en Barcelona, en julio de 1.936, recibieron las armas del cuartel de San Andrés, a partir de cuyo instante las calles de Barcelona se convirtieron en un infierno en el que la muerte tuvo su noche de gloria.

Ya han sido varios los patriotas, algunos militares también, que se han jugado su puesto y su grado para advertir de que, nuestra Constitución, tiene previstas las medidas para cuando la nación esté a punto de caer en el desorden, la insurrección, la pérdida de su integridad y, también, designa a quienes les corresponde intervenir cuando el resto de gobernantes no son capaces de imponer el dominio de las leyes, el orden en las calles, la seguridad para los ciudadanos y la represión para todos aquellos que pretenden, a la fuerza y con la coacción, sustituir la voluntad de las mayorías. Los jueces a callar, cumplir con sus funciones y ajustarse a las funciones que Montesquieu les asignó, dentro de los tres pilares del Estado. No es su función legislar ni tampoco interferir en el gobierno de la nación. Esta es, señores, mi valoración, pesimista por supuesto, de una situación que parece se le escapa de las manos al señor Rajoy y su Ejecutivo.
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