Llegó, vio y venció. Me refiero a la joven promesa del sindicalismo patrio llamada Cándido Méndez. Detalle el del sindicato socialista de limitar los mandatos de sus dirigentes a doce años, ahí es nada. Claro que eso después de la proclamación, por sexta vez, del mismo personaje. La regeneración, de personas y de ideas, ni está ni se la espera. Como sucede en el partido hermano.
Propone UGT implantar la en Francia ya fracasada jornada laboral de 35 horas, aduciendo para ello un supuesto reparto de trabajo. Además, proponen la implantación de una renta básica para todos con el fin, ya saben que siempre es por nuestros bien, de “combatir la pobreza”. Se trata, por supuesto, de una propuesta que en países serios es típica de una minoritaria extrema izquierda. No explican, sin embargo, los de Méndez de dónde piensan sacar el dinero para pagar dicha renta, aunque lo sabemos perfectamente: del bolsillo de los pocos que aún tienen trabajo. ¡Que no lo oiga Montoro!.
A la falaz suma cero marxista va a haber que sumar ahora la bobada ugetista. Por supuesto que UGT tenía que sumarse a las propuestas de Ada Colau, la de los escraches. Que la dación en pago con efectos retroactivos o la limitación de la libertad del propietario a exigir un precio a cambio del alquiler de su piso vayan a provocar no sólo graves consecuencias como la liquidación de lo poco que queda de seguridad jurídica y serios problemas financieros así como muchos gritos del BCE, además de un encarecimiento brutal del alquiler y el cierre total de hipotecas a familias y jóvenes, ni una palabra. Puestos a opinar, que es gratis, los de UGT explicaron su modelo territorial del Estado, defendiendo para ello ¿la libertad política? ¡Venga ya! Un Estado federal. Como Rubalcaba, esa otra joven promesa de la política.
Por supuesto nada dijeron los de Méndez de renunciar a las millonarias subvenciones que se embolsan todos los años y vivir de las cuotas sus afiliados, como hacen los potentes sindicatos alemanes. Tampoco dijeron nada acerca de dejar de llevárselo crudo por cada despedido en un ERE. En estos casos, los sindicatos del bogavante cobran, obligatoriamente, aproximadamente 250 euros de la indemnización que corresponde a cada despedido. Ya ven, menos mal que lo suyo es defender al trabajador. Y van y se lucran con el paro. La crisis, dicen que es momento de oportunidades. Para Méndez y compañía, seguro.
Por cierto, si la empresa es insolvente, será el FOGASA quien descuente la cantidad que van a recibir al infortunado desempleado. Quiera éste o no. Que no vean a qué precio están los percebes y los cruceros.
