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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

El peligro de la excesiva judicialización de la política

“Ocasiones hay en que la Justicia misma produce entuertos”, Sófocles
Miguel Massanet
martes, 9 de abril de 2013, 08:50 h (CET)
Es posible que, para algunos, lo que voy a decir les pueda parecer una herejía jurídica y, es más, seguramente estaré cometiendo un grave desacato a mi habitual manera de pensar pero, en esta ocasión, debo creer en la Justicia del mal menor, si tomamos en cuenta el que, cuando toda una nación está en grave peligro de padecer males irremediables, de quedar sometida a circunstancias extraordinarias, ante las cuales los gobernantes tienen que optar por decisiones que, en otras ocasiones, puede que no fueran admitidas ni admisibles, pero que, cuando se produce una catástrofe, no sólo natural sino incluso política o económica, no siempre es posible, fácil e incluso justo atenerse milimétricamente a determinadas leyes que, seguramente, cuando los juristas las redactaron y los parlamentos nacionales las aprobaron, no tuvieron en cuenta que pudieran verse contrapuestas a una realidad excepcional, a unos condicionamientos tan complejos y enrevesados que, su cumplimiento a rajatabla, podría producir males mayores para los ciudadanos que el acatamiento incondicional a la norma que se pueda vulnerar. Para mi estos casos debieran poder ser considerados por los gobiernos como si fueran “casos de emergencia nacional”.

Normalmente, los jueces y magistrados no son los más adecuados para entender de política aunque, habitualmente, se dejen influir por ella; no son los más expertos para tratar de temas económicos, aunque normalmente tienen que hacerlo y no son los más entendidos cuando se trata de temas financieros aunque, por su profesión se ven obligados a menudo a entender de ellos. Con ello no quiero referirme, por supuesto, a la autoridad que les asiste a los encargados de aplicar las leyes, ni pongo en duda la preparación de jueces y magistrados para hacer Justicia. Otra cosa sería no contemplar como algo usual el que, muchos de estos funcionarios de la justicia, tendieran a interpretar las leyes según su ideario político o social. Algunos de ellos piensan que, las leyes, van evolucionando con el tiempo y que, sin derogarlas para sustituirlas por otras adaptadas a la realidad del momento, pueden, por su cuenta, darles la interpretación que ellos piensen que es la correcta para cada circunstancia.

Últimamente, hemos tenido ocasión de comprobar como determinados encargados de administrar Justicia se han sentido tentados por asumir el rol de personajes públicos mediáticos, incluso los ha habido que han recibido el apelativo de “Juez estrella”. La tentación de convertir la carrera judicial en una especie de filtro para las leyes; la evidente tendencia de muchos jueces y magistrados a aplicar las normas según sus particulares criterios o sensibilidad social; ha sido causa de sentencias capaces de escandalizar a los juristas más liberales. Todo ello nos lleva a sentir temblores cuando observamos que, en nuestra nación hermana, Portugal, el Tribunal Constitucional se ha metido en un nido de avispones al declarar inconstitucionales algunas medidas del gobierno luso, aplicadas para conseguir cumplir con los objetivos de austeridad que le fueron fijados por Bruselas, como condición indispensable para recibir las ayudas que le proporcionaría el rescate que solicitó de la UE. Como era de esperar, esta medida, de la que no dudamos que tenga sus fundamentos pero que, sin duda, ha sido el mazazo más fuerte que le puedan haber propinado a la vacilante economía portuguesa y a las posibilidades de que, desde la Troika de Bruselas, se les exijan nuevas garantía para suplir aquellas que han sido invalidadas por el alto Tribunal portugués.

Estos lamentables acontecimientos, que han tenido lugar en Portugal, no cabe duda que pueden generar situaciones mucho peores de las que el TC portugués parece que ha querido evitar con su resolución. Porque, al fin y a la postre, pueden tener peores repercusiones, como ha insinuado el señor Passos Cohelho, primer ministro portugués, cuando será necesario aplicar las tijeras a otros sectores como pueden ser la salud, la seguridad social y las empresas públicas. Sin embargo, choca la frivolidad como la izquierda entiende que “ayuda a su país”, utilizando los recursos a los tribunales como una medida más de extorsión al legítimo gobierno de la nación, al que obstaculizan su libertad de actuación, interfieren su política de salvación nacional y atentan contra la economía de todo el país, en la que, paradójicamente, está la base de una posible recuperación económica y financiera, base del retorno a un deseado bienestar social.

Lo que resulta evidente es que, conociendo el comportamiento que ha venido teniendo durante los últimos años nuestro Tribunal Constitucional; sabiendo las tendencias políticas de su presidente, don Pascual Sala y magistrados como Pablo Pérez Tremp (que apoyó el Estatut catalán) y la señora Adela Asúa (del sector progresista renovador); no hay duda de que, como ya demostraron en la precipitada y cuestionada legalización de BILDU, que tanto daño ha causado a nuestra democracia permitiendo el reforzamiento del entorno de ETA y la tibieza con la que resolvieron sobre el estatuto catalán, un instrumento que ha servido de base sobre la que se viene construyendo el movimiento independentista catalán; causa pavor que, el ejemplo portugués, sea tomado como referencia para los recursos que tiene pendiente nuestro TC, presentados por el PSOE, IU y CIU en contra de las medidas adoptadas por el gobierno del señor Rajoy, algo que sería fatal para nuestra futura recuperación.

Existe un peligro más que probable de que, el sector progresista del TC, insista en comparar unos temas de tanta trascendencia y de los que depende que Europa siga confiando en nosotros y acabemos volviendo a la amenaza del rescate, que parecía que se alejaba de nosotros, a medida que la confianza de las bolsas se iba confirmando. Si, nuestro politizado tribunal, decide liarse la manta a la cabeza y declarar inconstitucionales los recortes que, el Ejecutivo, ha venido realizando para poder cumplir con los deberes que se nos impusieron desde el ECOFIN, para que pudiéramos acceder al rescate de nuestros bancos y, especialmente, de las cajas; las consecuencia que de ello se derivarían para nuestro país puede que superaran a las que puedan causar en la empobrecida Portugal.

Unas recientes encuestas demuestran que los dos principales partidos tradicionales de nuestro país: el PP y el PSOE están en horas bajas; en realidad se hallan en una situación de desgaste tal que, entre ambos, no consiguen alcanzar el 50% de los votos de los electores. En estas circunstancias, señores, les pido que hagan un ejercicio de futurismo y consideren la situación que se podría producir si, el señor Rajoy y su partido, decidiera tirar la toalla y el Rey, también acosado por los problemas familiares y con un desgaste como nunca en los años de su reinado había tenido, tuviera que convocar nuevas elecciones legislativas, con el añadido de la precaria situación catalana y los posibles resultados de una consulta popular en aquella autonomía. Con una atomización del voto, con aumentos de votos para IU, no por su méritos pero sí por la desafección de los votantes socialistas hacia su partido; con una bajada espectacular del voto al PSOE; una reducción notable del desgastado PP y aumento de votos nacionalistas y, evidentemente para UPyD, que es el partido que mejor ha sabido nadar y guardar la ropa en esta difícil situación; no podemos ni imaginarnos las combinaciones que serían necesarias para hacer al país gobernable. O así es, señores, mi visón de tan extraña situación.
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