El Ejecutivo de Mariano Rajoy está estudiando la posibilidad de asignar una vigilancia especial, a modo de escolta, a algunos dirigentes políticos del Partido Popular y los cargos públicos que se están viendo acosados en sus casas por los promotores de la plataforma antidesahucios.

Así lo reconocieron a Servimedia fuentes gubernamentales, preocupadas por las coacciones y los ataques que han sufrido altos cargos del PP como Esteban González Pons o los diputados Antonio Gallego y Carmen Maniega. Por ello, se plantea asignar una vigilancia temporal mientras dure la presión en las calles.

Varios de los políticos atacados ya han presentado denuncias ante la Policía por los insultos y, sobre todo, por el acoso sufrido en sus propias viviendas, donde grupos de manifestantes han empapelado con fotografías y mensajes amenazantes los portales y las fachadas.

En el Partido Popular se asume esta posibilidad, que podría suponer incluso la asignación de una escolta a los dirigentes más destacados y conocidos, como los vicesecretarios generales Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons, que hasta ahora no tienen protección específica.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sí cuenta hace tiempo con escolta como 'número dos' de los populares y especialmente desde que ganó las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha y ostenta la Presidencia de la Junta.

Protección temporal
El dispositivo que se plantea el Ministerio del Interior contempla una vigilancia distinta a la escolta habitual que tienen los cargos políticos, como los miembros del Gobierno. Se considera que la amenaza actual es diferente y, por lo tanto, se retiraría cuando desaparecieran las circunstancias actuales.

Se trata de una protección personal para evitar que el acoso que sufren los dirigentes del PP vaya a más y, especialmente, para impedir que llegue a producirse una agresión de manifestantes como los que insultaron a Esteban González Pons cuando hace unas semanas acudió a un teatro de Valencia o cuando recientemente entró a su casa entre ataques verbales.

El Ministerio del Interior entiende que esta vigilancia sería adecuada por tratarse de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad política y que, además, ostentan un escaño en el Congreso de los Diputados.

La decisión está en manos del Cuerpo Nacional de Policía y de los propios afectados, que podrían solicitar de motu propio una escolta si sienten una amenaza grave. En este sentido, fuentes del Partido Popular aseguraron a Servimedia que la medida está encima de la mesa ante la tensión creciente que se está produciendo en las calles.

Condena firme de Rajoy
En la formación que lidera Mariano Rajoy entienden que las coacciones a sus cargos públicos no son casuales y forman parte de una estrategia organizada premeditadamente desde sectores de la izquierda, parecida en cierto modo a la que se produjo en 2003 cuando comenzó la guerra de Iraq y se producían ataques a las sedes del partido.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tachó el martes de "profundamente antidemocráticos" los ataques y acosos que están sufriendo algunos responsables de su partido por parte del movimiento antidesahucios y afirmó que si todo el mundo actuara así España sería "un país invivible".

Durante una reunión informal con el presidente de la República de Francia, François Hollande, en el Palacio del Eliseo de París, Rajoy sentenció que "no es democrático ni es justo ni propio de un país serio que se acose a personas y se les intimide, o se empapele la puerta de sus casas con sus fotos".

Rajoy denunció el comportamiento que están teniendo los colectivos que luchan contra los desahucios e indicó que "cualquier persona que se sienta demócrata debe decir con valor" que esa actitud no es propia de un Estado de Derecho.

El jefe del Ejecutivo recalcó que es "consciente del problema" que atraviesan muchos ciudadanos que están perdiendo sus casas y subrayó que su gobierno ha sido "el primero y el único que ha tomado decisiones" para resolver este asunto.