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Multas diplomáticas

Jose Apesteguía e Ignacio Palacios-Huerta
Redacción
viernes, 14 de julio de 2006, 02:17 h (CET)
No hay más que leer la prensa para contemplar casos de corrupción. En ocasiones está tan generalizada que dificulta el desarrollo económico, social y político de un país. Se estima que en el mundo algunos políticos, burócratas y demás cargos públicos desvían cada año en beneficio propio billones de euros originalmente destinados a mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras y otros servicios. Estas prácticas generan en el ciudadano desconfianza sobre las instituciones. Y esta desconfianza a su vez tiende a provocar un efecto multiplicador sobre la corrupción.

Desde un punto de vista científico, podría parecer sorprendente que dada la importancia del problema, todavía no se entiendan muy bien las variables que lo generan. No es tarea fácil. Por una parte, parece evidente que tanto el sistema legal de un país como sus normas sociales y culturales influyan en la corrupción. Por otra parte, la dificultad estriba en distinguir la influencia de cada una de estas variables por separado. Por ejemplo, aquellos países en los que las costumbres sociales no reprueban contundentemente las prácticas corruptivas suelen presentar sistemas legales poco exigentes en la persecución de la corrupción, siendo estos sistemas laxos los que a su vez contribuyen a generar normas y costumbres más permisivas. Entonces, ¿cómo separar los factores sociales y culturales de los factores legales?

En un reciente estudio titulado “Cultures of Corruption: Evidence from Diplomatic Parking Tickets”, los economistas Ray Fisman de la Universidad de Columbia en Nueva York y Edward Miguel de la Universidad de California en Berkeley empiezan a esbozar una respuesta. Estos economistas han tenido la brillante idea de estudiar una situación en la que el sistema legal concede a ciertos individuos inmunidad total para la consecución de un determinado tipo de delito. Los individuos en cuestión son los aproximadamente 1.700 diplomáticos en las Naciones Unidas en Nueva York procedentes de 146 países de todas las partes del mundo. El delito es la violación de la normativa de parking en el período comprendido entre 1997 y 2002. Su inmunidad diplomática permite a estos ciudadanos violar la normativa de aparcamiento sin pagar las multas correspondientes. Esto es, no sólo todos los diplomáticos se encuentran en una misma ciudad, sino que el sistema legal que se les aplica es el mismo y la pena por el delito es exactamente la misma: cero. Hasta ahora todo lo mismo y por tanto no deberíamos esperar diferencias de comportamiento. Ahora bien, si las normas sociales y culturales adquiridas en el país de origen juegan un papel importante en el comportamiento, entonces cabría esperar que los diplomáticos se comporten de manera diferente según su país de procedencia.¿Qué nos dice la evidencia? En primer lugar, se observa una tremenda incidencia de la práctica del aparcamiento ilegal. Los diplomáticos de las Naciones Unidas tuvieron durante el periodo en cuestión alrededor de 150.000 multas de tráfico sin pagar, por un importe total de unos 18 millones de dólares (aproximadamente unos 800 euros por cada diplomático). En segundo lugar hay una gran variación según el país de origen. Lo interesante de esta variación es que los diplomáticos procedentes de países considerados como poco corruptos (por ejemplo Suecia o Noruega) se comportan remarcablemente bien, sin apenas infringir la ley incluso en esta situación en la que el coste de hacerlo es cero. Sin embargo, los diplomáticos de países provenientes de regiones relacionadas con altos grados de corrupción (por ejemplo Sudán o Angola) son precisamente los que más infracciones cometieron. Esta evidencia indica la gran importancia de las normas sociales y culturales. No se puede concluir otra cosa. Y a todo esto, ¿dónde quedan nuestros diplomáticos? Nuestros muchachos quedan mal. Muy mal. Vergonzosamente mal. El número de infracciones perpetradas por los diplomáticos españoles que estuvieron en la ONU entre 1997 y 2002 está a la altura de países como Liberia, Ruanda, Ucrania, Filipinas y Gana. De entre los países europeos, España es el tercero en mayor número de infracciones por diplomático, sólo superado por la República Checa e Italia.

Alguno puede pensar que un estudio como este no nos puede decir demasiado sobre la verdadera corrupción ni de nuestros gobernantes ni de personas “normales” en situaciones más “normales”. Al fin y al cabo, las multas de aparcamiento son un delito menor y los diplomáticos suelen ser personas con educación elevada, de clase social alta y de ingresos elevados. Sin embargo, son estas mismas razones por las que un estudio de este tipo no nos dice mucho, sino que nos dice muchísimo. Si son estos individuos los que infringen la ley cuando hay tan poca cosa en juego, da miedo pensar qué se les puede pasar por la cabeza a otros, con menor educación, tal vez con peores valores y en otras situaciones en las que se puede sacar más tajada. El elevado grado de infracciones entre nuestros diplomáticos indica además que en lo que respecta a normas sociales sobre la trampa y el aprovechamiento de lo ajeno, estamos mucho peor de lo que podría corresponder a nuestro sistema legal. Al fin y al cabo, nuestro sistema legal no parece más laxo que el de países como Libia, Ruanda, Ucrania, Filipinas o Gana. Sin embargo, nuestras normas sociales se encargan de que el comportamiento sea parecido.

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Jose Apesteguía, Profesor de Economía, Universidad Pompeu Fabra. Ignacio Palacios-Huerta, Catedrático de Economía en Brown University (EEUU) y en la Universidad del País Vasco.

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