El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes un decreto ley de medidas para frenar las jubilaciones anticipadas y modificar las condiciones de acceso a la jubilación parcial, todo con el objetivo de adaptar ambas modalidades a la reforma de pensiones que entró en vigor el pasado 1 de enero y con la que se eleva progresivamente la edad de jubilación legal desde los 65 a los 67 años.

El Ejecutivo, que ha estado abordando estos cambios en el marco del Pacto de Toledo y con los agentes sociales, se había dado un plazo de tres meses, hasta finales de marzo, para discutir qué medidas adoptar en este campo tras haber suspendido la entrada en vigor de los artículos que hacían referencia a estas modalidades de jubilación.

Para frenar las jubilaciones anticipadas se pueden tocar varios aspectos: la edad de acceso a la misma, el periodo de cotización mínimo exigido, y los coeficientes reductores a aplicar por cada año de adelanto a la edad legal de jubilación.

En el caso de la jubilación forzosa, a la que se accede actualmente a los 61 años, la intención del Gobierno podría ser la de elevar la edad de acceso progresivamente, acompasándola al aumento progresivo de la edad legal. Así, la edad para poder jubilarse anticipadamente tras una salida no voluntaria del mercado laboral podría elevarse progresivamente, hasta situarse en 63 años en 2027, año en el que la edad de jubilación estará ya en 67 años en virtud de la última reforma de pensiones.

Asimismo, el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada forzosa, ahora de 30 años, podría alargarse unos años más, al tiempo que los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión también podrían elevarse dentro de una escala que estaría en función de los años cotizados y que se resumiría en lo siguiente: a más años cotizados, menos penalización.

En cuanto a la jubilación anticipada voluntaria, el Gobierno también podría actuar en los tres frentes para frenar esta modalidad. Así, la edad de acceso mínimo podría elevarse hasta los 65 años, también de manera progresiva, endureciéndose también el periodo mínimo de cotización exigido, que podría pasar de 30 a 33 años, así como los coeficientes reductores.

Respecto a las jubilaciones parciales, los cambios que baraja aquí el Gobierno también podrían pasar por aumentar progresivamente la edad de acceso a la misma y quizá establecer dos baremos en función de los años cotizados. También podría aumentarse el tiempo de trabajo del jubilado parcial.

Combinar pensión y trabajo
El Ejecutivo también estudia permitir que los jubilados que sigan trabajando puedan cobrar hasta el 50% de la pensión que les corresponda, cotizando menos de lo habitual, aunque para eso tendrán que cumplir una serie de requisitos.

En el informe inicial que el Gobierno envió al Pacto de Toledo con algunas ideas para su discusión se pedía al Parlamento que valorara si, en el actual momento de dificultades económicas, habría que permitir a los empleados públicos se jubilaran anticipadamente de manera voluntaria, máxime ante el coste que esto representa para la Seguridad Social.

Actualmente, los empleados públicos no pueden jubilarse de manera voluntaria, salvo los de clases pasivas, entre los que se encuentran la mayoría de los docentes y los cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el 1 de enero de 2011, los empleados públicos no pueden inscribirse en el régimen de clases pasivas, sino que están obligados a hacerlo en el Régimen General.

La reunión de hoy del Consejo de Ministros estará presidida por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la ausencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que se encuentra en Bruselas participando en las reuniones del Consejo Europeo.