La peculiar manera de entender los servicios públicos de parte de nuestra clase política neoliberal, hace que los planteen en términos de mero rendimiento económico, sin perjuicio del servicio que prestan al interés general, y del rendimiento social que suelen conllevar. Y así, de forma meramente utilitarista, o por mejor decir, economicista se dictamina la apertura o cierre de un servicio público y su entrega a la empresa privada para su gestión, con clara abstención del deber que la Administración Pública tiene asumido de prestación de los servicios públicos de interés general.

De tal forma, que cuando algunos políticos deciden que determinado servicio público se privatice –es decir, pase a ser gestionado por empresas privadas- desplazan su obligación de gestión eficaz de dicho servicio sobre una entidad privada cuya primer objetivo de su existencia es la de conseguir el máximo lucro, con el menor gasto. ¡Algo legítimo…!, naturalmente, cuando hablamos de actividades empresariales o comerciales, que son las propias de estas empresas. No así, cuando hablamos de servicios públicos que son la responsabilidad de las Administraciones Públicas, que han de gobernar y gestionar la “res pública”, en vez de inhibirse y desplazarla a otras entidades, que cobran por ello.

Así, lo mismo que no tiene sentido que una Corporación Municipal se dedique a la industria y el comercio (como puede ser la explotación de cualquier empresa pública local dedicada al turismo local, casas rurales, etc.), tampoco tiene mucho sentido que ceda parte de sus cometidos, de sus obligaciones públicas, a la iniciativa privada (como puede ser el caso de la cesión del parque de bomberos –en algunos municipios gallegos-, o salvamento marítimo –en Galicia-), de igual forma que la sanidad como servicio público (que se está cediendo progresivamente a la iniciativa privada en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por conciliación de intereses públicos (¿? y privados).

El pretexto de tales acciones políticas viene dado por el supuesto menor costo de explotación –aún por demostrar-, pero en realidad, como las empresas concesionarias de dichos servicios, tienen que tener su legítima ganancia, el ajuste de gastos puede llegar más allá de los mínimos estándares de calidad, o como ha ocurrido en el sector sanitario de gestión privada –que muestra una excelente hostelería, pero no asume procesos clínicos de gravedad o gran continuidad, porque no son rentables, y los desplaza a otros hospitales públicos (que suerte que sigan existiendo, pues si no...)-. Amén de que empezaron con un canon por usuario y año en unas cantidades, que en un par de años, casi los han triplicado. Luego, ¿dónde está el ahorro?. A propósito, ¿alguien pide ahorro en los contingentes militares que España envía al extranjero?. ¿Alguien pide rentabilidad a la red de diputaciones provinciales –como administración pública duplicada con las autonomías?. ¿Alguien pide rentabilidad al Senado, y a las Asambleas Autonómicas?.

Entonces, ¿por qué se pide una rentabilidad meramente económica en la salud, en la educación?, pues son servicios esenciales que conciernen a la vida e instrucción de las personas.

Actualmente, en un nuevo embeleco privatizador, se está planteando la privatización de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que ha funcionado perfectamente, con alta eficacia y rentabilidad en nuestra tierra. Y, ¡mira por dónde..!, ya le han echado el ojo. Entre tanto, paradojas de la vida fruto de la incoherencia de los inexplicables intereses en juego, algunas de las autovías privatizadas –que eran la fórmula que se nos vendió como ideal, para su gestión- como la de Cartagena-Vera, que según se dice están “a la última palabra”, las quieren reunir en una empresa pública para evitar su quiebra, para que la asuma el Erario Público. O sea, que si hay negocio este se le entrega a la empresa privada, y cuando deja de haberlo, se socializan las pérdidas.

Esto nos suena, pues no es nuevo, ya que recientemente hemos acudido al rescate bancario –para sanear entidades de crédito en quiebra, que si hubieran seguido las recetas neoliberales deberían haber quebrado, y los amigos se han echado una mano, aunque con dinero público-, y se nos dice, con la mayor impudicia, que serán reprivatizadas cuando se hayan saneado. Pero esa canallesca operación, ¿cuanto nos va a costar a los españoles?. Por de pronto, más paro, más recesión, más recortes sociales, más recortes salariales, y más oscuridad en un panorama socialmente injusto y política-económicamente equivocado.