“Aplaudo la decisión de Torres Dulce de expedientar a un fiscal que no cumple con su trabajo que no es más que hacer cumplir la Constitución, igual que se está a favor de despedir a quien se salta las reglas que establece una empresa en un marco laboral, igual que expedientar a diputados de un partido que se saltan la disciplina y programas de su partido”.

Hace un par de semanas asistí a una conferencia que se impartía en mi universidad sobre Derecho Constitucional. Un profesor experto y con larga trayectoria en la materia, explicó a los asistentes (entre los cuales me encontraba yo) las competencias reales de las diferentes comunidades autónomas desde un punto de vista Constitucional. Tras una introducción general, el profesor basó su discurso centrándose en Cataluña y de los debates que actualmente están cociéndose en la olla catalana.

La conferencia empezó a dar un giro dejando la Constitución en el olvido del profesor, evaporándose ese ambiente técnico y escapándose por la rendija de la entrada principal, para posteriormente teñir su explicación desde un lado más independentista. Algunos ahora, tras leer estas palabras, se llevarán las manos a la cabeza y dirán que las universidades catalanas (porque algunos tienen ese don de generalizar) adoctrinan. Pues no. Soy de los que cree que uno llega a la universidad con un nivel maduro de la realidad y que se deje adoctrinar es imposible, eso si no eres un negado de la materia, un negado de la realidad...

Su discurso seguía dando patadas a una Constitución que hacía por lo menos media hora que ya había salido de la puerta, incluso de Barcelona, cuando afirmó que puede existir diferencias de derechos entre unas comunidades autónomas y otras, es decir, pueden haber privilegios. Con la Constitución en la mano, el artículo 138.2 es (en mi opinión) bastante claro ante este tema: "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". La pregunta que uno se debe hacer a continuación es: ¿Como un profesor de Derecho Constitucional puede ser profesor de esta materia si cuando habla se salta a la torera la Constitución?.

La actualidad política en Cataluña se centra al Estado (como no) por el expediente de remoción de Torres Dulce contra el fiscal jefe de Cataluña por su posicionamiento a favor del derecho a decidir. ¿Cómo se puede ser fiscal jefe y posicionarse a favor de algo inconstitucional? Algunos me responderán que no hay nada más Constitucional que poder decidir democráticamente ante las urnas sobre una decisión que afecta a un territorio.

Realmente las reglas de juego, gusten o no, son las que son. A quién no le guste la propia Constitución ofrece un abanico de posibilidades para proponer alternativas y reformarla al no disponer de cláusulas de intangibilidad. Aplaudo a partidos como ERC o CiU que pese a su ideología de oposición a todo lo que se apellide España se presentan en las generales para modificar o proponer alternativas desde el sistema. Aplaudo la decisión de Torres Dulce de expedientar a un fiscal que no cumple con su trabajo que no es más que hacer cumplir la Constitución, igual que se está a favor de despedir a quien se salta las reglas que establece una empresa en un marco laboral, igual que expedientar a diputados de un partido que se saltan la disciplina y programas de su partido.