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Daniel Tercero

El derecho a decidir

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Es políticamente incorrecto defender lo contrario al mensaje repetitivo y cansino enunciado como el derecho a decidir. De hecho, en según qué ambientes, refutar de base la frase -irracionalmente, de la misma manera que se defiende, también, irracionalmente- asegura una mirada como si el mensajero fuera un tipo extraño, cuando no empiezan a caer insultos por todos los lados.

Últimamente, escuchamos mucho que los vascos deberían tener el derecho a decidir su futuro. Que eso es lo más democrático, se dice, y quien no defienda el ámbito de decisión vasco es un antidemócrata. Y así dicho, sin argumentar, claro, son frases que venden. Y mucho, por lo visto. Pero este tipo de lenguaje es misérrimo, en cuanto que el emisor sabe que su mensaje es sucio, y presupone que de esta manera el receptor puede acabar cayendo en su red.

La democracia no es sólo aceptar que la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. Pensar que esto, y sólo esto, es la democracia es no ver más allá de nuestras narices. Un sistema democrático implica, además de la soberanía de los ciudadanos, aceptar las normas que nos hemos dado. Las normas, las leyes, las reglas, las relaciones... llamémoslo como queramos, también Constitución o Estatuto. Esas dos premisas son las mínimas y necesarias para definir correctamente un sistema democrático. Sin ellas no hay democracia. Y, esa última premisa -no menos importante que la primera- es obviada por los habladores e inventores de fábulas recientemente.

Los vascos -como los catalanes, los andaluces, los navarros...- ya tienen un ámbito de decisión y ya deciden sobre su futuro, al menos desde diciembre de 1978. Al menos desde que la Constitución se votó afirmativamente y ésta dio paso a la elaboración del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Las reglas están para cumplirlas y, cuando se deseé, cambiarlas. Pero ¡ojo! Hay un procedimiento para cambiar las normas que establecen las propias leyes. Si una parte de los vascos prefiere crear un Estado diferente al que ya crearon sus ancestros, España, sólo tienen que modificar los artículos correspondientes a las leyes que afectan a ese tema. Así de sencillo. Eso es ser democrático: aceptar las normas establecidas por todos y dejar que decidan los ciudadanos en las elecciones.

Otro de los falsos argumentos es el del derecho a la autodeterminación. Si bien la Constitución y el Estatuto autonómico dejan claro cómo se reforman y donde están los límites de momento, invocar al derecho de autodeterminación, que recoge el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) , ambos de diciembre de 1966, y aparece en la carta de la ONU de 1951, es también pretender engañar con el mensaje al receptor.

El derecho de autodeterminación que se recoge en los textos de la ONU tiene como propósito permitir a las colonias existentes anteriormente a la II Guerra Mundial poder decidir su futuro. Más claro imposible. Y, por si fuera poco, el sujeto de este derecho es el Estado y no la colonia. Y, por si eso no fuera suficiente -¡que no es poco!-, siempre, cuando se ejerza este derecho de autodeterminación se tendrán en cuenta los principios de la integridad territorial de los estados miembros y el principio de no injerencia. No hay manera que un separatista se agarre a este supuesto derecho del supuesto pueblo vasco. No hay manera racional, claro. Las leyes, tanto las españolas como las internacionales, son muy claras en este aspecto. Y esas mismas leyes son modificables mediante los métodos establecidos.

Así pues, demócrata es el que respeta las normas, constituciones o estatutos, que la ciudadanía, en su conjunto, se ha dado. Y no demócrata es el que basándose en sentimientos -¡cómo si los separatistas fueran los únicos que tienen sentimientos!- pretende cambiar las reglas del juego con frases grandilocuentes y acciones ilegales.

El derecho a decidir

Daniel Tercero
Daniel Tercero
miércoles, 5 de julio de 2006, 02:11 h (CET)
Es políticamente incorrecto defender lo contrario al mensaje repetitivo y cansino enunciado como el derecho a decidir. De hecho, en según qué ambientes, refutar de base la frase -irracionalmente, de la misma manera que se defiende, también, irracionalmente- asegura una mirada como si el mensajero fuera un tipo extraño, cuando no empiezan a caer insultos por todos los lados.

Últimamente, escuchamos mucho que los vascos deberían tener el derecho a decidir su futuro. Que eso es lo más democrático, se dice, y quien no defienda el ámbito de decisión vasco es un antidemócrata. Y así dicho, sin argumentar, claro, son frases que venden. Y mucho, por lo visto. Pero este tipo de lenguaje es misérrimo, en cuanto que el emisor sabe que su mensaje es sucio, y presupone que de esta manera el receptor puede acabar cayendo en su red.

La democracia no es sólo aceptar que la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. Pensar que esto, y sólo esto, es la democracia es no ver más allá de nuestras narices. Un sistema democrático implica, además de la soberanía de los ciudadanos, aceptar las normas que nos hemos dado. Las normas, las leyes, las reglas, las relaciones... llamémoslo como queramos, también Constitución o Estatuto. Esas dos premisas son las mínimas y necesarias para definir correctamente un sistema democrático. Sin ellas no hay democracia. Y, esa última premisa -no menos importante que la primera- es obviada por los habladores e inventores de fábulas recientemente.

Los vascos -como los catalanes, los andaluces, los navarros...- ya tienen un ámbito de decisión y ya deciden sobre su futuro, al menos desde diciembre de 1978. Al menos desde que la Constitución se votó afirmativamente y ésta dio paso a la elaboración del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Las reglas están para cumplirlas y, cuando se deseé, cambiarlas. Pero ¡ojo! Hay un procedimiento para cambiar las normas que establecen las propias leyes. Si una parte de los vascos prefiere crear un Estado diferente al que ya crearon sus ancestros, España, sólo tienen que modificar los artículos correspondientes a las leyes que afectan a ese tema. Así de sencillo. Eso es ser democrático: aceptar las normas establecidas por todos y dejar que decidan los ciudadanos en las elecciones.

Otro de los falsos argumentos es el del derecho a la autodeterminación. Si bien la Constitución y el Estatuto autonómico dejan claro cómo se reforman y donde están los límites de momento, invocar al derecho de autodeterminación, que recoge el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) , ambos de diciembre de 1966, y aparece en la carta de la ONU de 1951, es también pretender engañar con el mensaje al receptor.

El derecho de autodeterminación que se recoge en los textos de la ONU tiene como propósito permitir a las colonias existentes anteriormente a la II Guerra Mundial poder decidir su futuro. Más claro imposible. Y, por si fuera poco, el sujeto de este derecho es el Estado y no la colonia. Y, por si eso no fuera suficiente -¡que no es poco!-, siempre, cuando se ejerza este derecho de autodeterminación se tendrán en cuenta los principios de la integridad territorial de los estados miembros y el principio de no injerencia. No hay manera que un separatista se agarre a este supuesto derecho del supuesto pueblo vasco. No hay manera racional, claro. Las leyes, tanto las españolas como las internacionales, son muy claras en este aspecto. Y esas mismas leyes son modificables mediante los métodos establecidos.

Así pues, demócrata es el que respeta las normas, constituciones o estatutos, que la ciudadanía, en su conjunto, se ha dado. Y no demócrata es el que basándose en sentimientos -¡cómo si los separatistas fueran los únicos que tienen sentimientos!- pretende cambiar las reglas del juego con frases grandilocuentes y acciones ilegales.

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