Los Estados no permiten la menor discrepancia, y más si como en el caso del Estado español algunos de sus estamentos, pese al tiempo transcurrido, no han tenido la voluntad ni han sido capaces de olvidar los tics totalitarios en los que se han desenvuelto durante largos años de su historia. Si alguien se atreve a plantarles cara y desafiarles moverán cielos y tierra para hacer pagar muy caro al discrepante su osadía. Y eso está pasando de un tiempo a esta parte con Catalunya, desde la Corona, con el discurso del rey el 3-O apelando a la mano dura, hasta los medios de comunicación integrantes de la Brunete Mediática y los tertulianos afines que comen de la mano y gracias al poder, hasta las más asquerosas cloacas del Estado donde reinan los Villarejos, Fernandez Días y afines que no dudan en emplear el “fondo de reptiles” del Ministerio del Interior para pagar “mossos” traidores, porque ha quedado claro que Madrid sí paga traidores, muchos de ellos ufanos de su patriotismos españolista.

Y entre todos los estamentos del Estado no podemos olvidar uno de los más importantes, el encargado de administrar Justicia, aunque en estos momentos unir las palabras justicia y española es un gran oxímoron, dada la imposibilidad de que en España, al menos en los referente a Catalunya, la Justicia pueda ser imparcial. Durante unos meses hemos visto cómo en el Tribunal Supremo se ha intentado imponer con calzador una determinada conducta penal en el Código Penal, incluso contra la opinión de afamados juristas, entre ellos quien fue ponente del articulado del Código Penal en la parte relacionada con la rebelión. Para el Estado español y sus instituciones el concepto de unidad de España está por encima de la legislación, y quien, de palabra, omisión u obra, vaya contra este sacrosanto concepto debe ser expulsado al limbo de las tinieblas, usando para ello, para anularle, todas las armas al servicio de un Estado que, vuelvo a decirlo, está demostrando padecer un serio déficit democrático.

No es suficiente tener políticos secuestrados en las prisiones españolas sin condena en firme, no es suficiente burlar con interpretaciones torticeras y partidarias el resultado de unas elecciones, no es suficiente que un ministro como Borrell, enemigo declarado del independentismo, dedique fondos salidos de los impuestos de todos los españoles para espiar, cual un James Bond de pacotilla y chapucero, las actividades de las delegaciones de Catalunya en el exterior, delegaciones, que todo hay que decirlo, tienen muchas de las otras CC.AA., no es suficiente que el Tribunal Constitucional anule, venga o no a cuento, la mayoría de leyes aprobadas por el Parlament catalán. Pero, como pesar de todo estos más de dos millones de catalanes, en edad de votar, siguen siendo unos insumisos, el Estado español tiene que continuar castigando a la colonia, y para ello y usando la legislación vigente ha llegado el momento de ir contra el bolsillo de los responsables, para escarmentarles a ellos y como un serio aviso para quienes en un futuro puedan tener veleidades de seguir luchando democráticamente por la independencia de Catalunya.

Ahora ha entrado en el juego el Tribunal de Cuentas que en su día impuso a Artur Mas y otros miembros de su Govern una sanción de 4.946.788,16 euros, casi cinco millones de euros por haber convocado un referéndum no vinculante el 9-N. En el Código Penal convocar un referéndum dejó de estar penado, ahora el PP quiere volver a penalizar la convocatoria de consultas, ya sabemos que a los totalitarios como ellos, herederos del más puro franquismo, les molesta que la gente opine y vote. Pero para el Tribunal de Cuentas se emplearon fondos públicos en esta convocatoria y esa ha sido la excusa para empapelar a los políticos catalanes, intentando hacer mal allá donde más puede doler, en el propio patrimonio.

Pero las últimas actuaciones del Tribunal de Cuentas me confirman que mientras sean los partidos políticos los que coloquen y les procuren una sinecura a los jueces las palabras justicia y española seguirán siendo el gran oxímoron de la historia. El mismo Tribunal de Cuentas que aumenta en 41.831,95 euros la sanción a Artur Mas y el resto de políticos catalanes perdona, si, perdona i exime, a Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar una sanción de más de veintidós millones de euros por haber vendido 5.315 inmuebles, entre ellos 1860 viviendas ocupadas por familias necesitadas, a un fondo buitre, a precios más bajos que los de marcado, fondo en el que su hijo ocupa un cargo directivo. Aquí, para el Tribunal de Cuentas, con Margarita Mariscal de Gante, ministra de Aznar, al frente, no ha habido ninguna malversación, como, al parecer, no la ha habido en los casos Gürtel o de los ERE de Andalucía.

Y es que los políticos del PP, centenares, implicados en las operaciones mafiosas del caso Gürtel no tienen veleidades separatistas, como tampoco las tienen los, también una infinidad, de políticos del PSOE implicados en la estafa de los ERE donde con dineros públicos se pagaron meretrices y rayas de coca. Nunca el Tribunal de Cuentas abrió la boca ante este asalto a mano armada, aunque con guante y cuello blanco, de los fondos públicos. Queda claro que el Estado, desde la Corona a muchos jueces con veleidades unionistas, cuando oyen la palabra Catalunya echan mano a la metafórica pistola de los Códigos jurídicos.