Suponemos que el clarividente Montesquieu, cuando expuso su doctrina de la separación de poderes dentro de un Estado, fue consciente de las dificultades que sus teorías iban a crear en un mundo dónde las venalidades de los poderes públicos estaban a la orden del día y la justicia, la Iglesia y los políticos constituían un totum revolutum en el que lo difícil era encontrar un organismo en el que la corrupción, la endogamia, el clientelismo o los malos hábitos no estuvieran campando por sus respetos. Sin embargo, algo debió de barruntar cuando supo formular una idea como la que se refleja en la siguiente frase: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.

Siempre hemos sostenido que, en todo lo referente a la Administración de Justicia se debía hilar muy delgado, de modo que, en ningún caso, la actuación de cualquiera de sus servidores pudiera poner en duda, aunque se tratara de una mínima sospecha, la honorabilidad, ecuanimidad, equidad, imparcialidad y honradez de sus actuaciones, en cuanto a su labor de impartir Justicia. Es importante que quienes tienen la delicada misión de juzgar las actuaciones de los ciudadanos, de las instituciones o de las entidades privadas, actuaran con exquisita prudencia, con la mayor sensibilidad acerca del mal que una sospecha de una actuación delictiva, no probada, pudiera causar a quienes pudieran ser sospechosos de haber vulnerado la ley y, todo ello, con la máxima diligencia de modo que, un retraso, como sucede en la actualidad, de años en la sustanciación de las causas, convierta lo que debiera ser una Justicia rápida, eficiente y de acuerdo con los mandamientos de la ley de procedimiento de modo que, aparte de la incertidumbre, la pena moral a la que se somete a la persona que sigue pendiente de la decisión judicial, se acaba convirtiendo, en virtud de la tardanza, en un verdadero abuso, una condena adicional y, si se trata de un caso penal, un retraso que pueda convertir la pena en anticuada, innecesaria y opuesta al espíritu de la Ley Penal que es la inmediatez del castigo para que surta los efectos deseados y no convertirlo en algo que, en la mayoría de caos, ya no tendría razón de ser debido a los cambios que experimenta la persona, en un sentido u otro, para quién lo dispuesto en la sentencia puede no tener los efectos que hubieran sido adecuados cuando el delito tuvo lugar.

Deberemos reconocer que, en los tiempos que corremos esta discreción, esta necesidad de mantener en secreto los sumarios, o las mismas actuaciones de la policía judicial, encaminadas a conseguir la identificación y detención del presunto culpable, las evidencias, pruebas, localizaciones, cómplices o encubridores que pudieran servir para completar la instrucción del correspondiente expediente; no se suelen cumplir ( al menos en casos en los que el interés de la opinión pública lo demanda) , en cuanto a su obligación de mantenerse en secreto, con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Penal; debido a lo fácil que les resulta a los periodistas de la prensa sensacionalista, a los topos de las TV o a los servicios de prensa de los respectivos partidos políticos, conseguir ( el dinero es siempre un argumento difícil de rechazar) filtraciones, declaraciones imprudentes o tener acceso a los sumarios, por muy secretos que sean, de modo que no es raro que las noticias, sobre determinados aspectos secretos del caso, aparezcan en las primeras páginas de la prensa o en las pantallas televisivas.

En todo caso, no sabemos si como consecuencia de lo que durante los últimos tiempos está sucediendo en los EE.UU en los que, un juez que se lo proponga, puede poner en un brete la política del propio presidente de la nación, intervenir en temas en los que parece que la separación de poderes no debiera permitirlo o, incluso, llamar la atención al mismo presidente de la nación sobre sus propias decisiones. Es curioso pero, en España, dónde una gran parte de la ciudadanía mantiene una opinión muy crítica respecto a la nación americana y mucho más si está gobernada por partidos de derechas; desde los mismos catalanes que, quizá sean los que más se muestran contrarios al sistema americano pero que no dejan de imitar, hasta en sus más mínimos detalles, todo lo que el pueblo americano, su muestras culturales, sus musicales, sus formas de vestir, deportes etc. tiene por costumbre hacer; hasta todo el resto de ciudadanos que, en mayor o menor grado, no dejan de apuntarse a cualquier novedad que nos llegue de aquel importante país de Norteamérica.

Ahora parece que un juzgado de Madrid, vayan ustedes a saber qué ideas son las que han motivado al señor juez a hacer caso de una denuncia presentada por estos inconformistas que se dan a conocer bajo el nombre de Ecologistas en Acción, que han decidido entorpecer la acción del nuevo ayuntamiento presidido por el señor Martínez Almeida, seguramente sin otro objetivo que vengarse por no haber conseguido evitar que, el Ayuntamiento de la capital del país, haya caído en manos del PP y Ciudadanos, en lugar de seguir en las de las izquierdas, que lo han venido rigiendo hasta la fecha. El pensar que, esta banda de personas sin otro trabajo que protestar contra todo lo que se hace, aunque se trate de temas que puedan beneficiar a los habitantes de Madrid, (vayan ustedes a saber de dónde reciben financiación para poder intentar desmantelar, desde el ámbito supuestamente ecológico lo que intenta hacer la Administración del Estado, siempre desde un punto de vista de izquierdas, aunque no nos extrañaría que el gran mecenas de las izquierdas, el señor Soros, tuviera algo que ver en ello) tengan fuerza suficiente para hacer que un juez haya impuesto una moratoria sobre la decisión del Ayuntamiento de la capital de devolver la zona de Madrid Central su situación anterior a la que impuso el consistorio de Carmena, creando una zona de circulación restringida en toda una parte importante de la ciudad madrileña.

No creo incurrir en ningún grave error al pensar que este juez, que ha tomado la decisión de aplicar la moratoria, pertenezca a Jueces por la Democracia o alguna de estas logias que, incomprensiblemente, se ha consentido que se hayan montado para incluir a los profesionales de la Justica: jueces, magistrados y fiscales, como si se tratara de simples sindicalistas o miembros de partidos políticos, en diversas asociaciones de progresistas o conservadores, cuando todos sabemos que ninguno de ellos, en el ejercicio de sus respectivas funciones en sus respectivos campos, debe aplicar otro criterio que seguir lo dispuesto en las leyes, evaluar las pruebas, los peritajes y las declaraciones de los testigos en su caso y dictar sentencia de acuerdo con las leyes y la jurisprudencia del TS, si fuera necesaria. En ningún caso las ideas políticas, los sentimientos personales, su disconformidad con la norma que deba aplicar, o la simpatía o antipatías por aquella persona a la que está enjuiciando, deberían torcer ni un ápice sus deberes de ecuanimidad, justicia y cumplimiento estricto de la normativa aplicable al caso.

Cada vez, y esto ha quedado demostrado en el caso de los acusados catalanes por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y prevaricación de los que están acusados con motivo de su participación en lo que fue el referéndum ilegal que tuvo lugar en Cataluña el 1 de octubre del 2017, que ha habido distintos intereses políticos que han intentado torcer la acción del TS, ha quedado demostrado que hay magistrados que saben cumplir perfectamente y sin fisuras con la función que les ha encomendado el ordenamiento jurídico español. Ha quedado evidenciado el hecho indiscutible de que, al señor Sánchez, le hubiera convenido que las acusaciones que se tramitaron en el juicio que se celebró ante el Supremo para depurar posibles responsabilidades penales por los hechos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre del 2017, hubieran sido menos graves, por delitos menores que no hubieran comportado penas de cárcel, lo que hubiera permitido a todos los presos poder gozar de libertad condicional, acudir a cumplir con sus responsabilidades públicas, en tanto el tribunal decidía la sentencia que se debía emitir. Gracias a Dios el TS ha sabido estar a la altura de sus responsabilidades y su presidente, el juez Marchena, ha tenido la habilidad de conducir con mano firme cada etapa del procedimiento y todos esperamos que la sentencia que, en estos momentos se está elaborando, no vaya a desmerecer de la esperanza de que, en este juicio en el que se estaba juzgando temas que afectaban a la unidad de la nación española, salga una sentencia en la que los españoles veamos que, si se demuestra la participación de los acusados en el intento de desmembrar el país, las penas que se apliquen estén en consonancia con la gravedad de los delitos de los que se les acusan.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos evitar tener la impresión de que, en el caso de Madrid Central, más que un intento de preservar la salud de los madrileños (lo mismo hubiera podido iniciar un procedimiento sin establecer medidas cautelares) se está materializando un intento de utilizar a la Justicia para poner trabas a la acción del nuevo ayuntamiento salido de las urnas, precisamente en una de las ofertas que, en el periodo electoral se les propusieron a los votantes que, las votaciones lo han demostrado, parece que coincidían con lo que los madrileños estaban queriendo que sucediese. Puede que sea necesario que alguien con más preparación que un simple juez para determinar que, la influencia de la contaminación que denuncian los demandantes, en el caso de que se vuelva a la situación previa a la modificación de Carmena, sea tan importante como ellos afirman o si, las daños que se ha venido causando en la economía del sector afectado, resulte que son infinitamente mayores a los escasos beneficios que, según afirma el ayuntamiento madrileño, produjeron en cuanto a la disminución de la polución de la zona afectada que, al parecer, ha venido redundando en un aumento considerable de las zonas aledañas a la que ha sido objeto de la moratoria del señor juez. Es evidente que el Ayuntamiento va a recurrir esta primera instancia ante la estancia superior que, en este caso, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que será quién, en definitiva, falle sobre cuál de ambas partes es la que tiene razón.