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Barcelona, cualquiera que gane entre Colau y Maragall, saldrá perjudicada

​La alcaldía de la Ciudad condal puede caer en manos de una comunista, como Colau o de un separatista acérrimo de izquierdas, como Maragall. En todo caso se aventuran tiempos difíciles para la ciudad catalana
Miguel Massanet
miércoles, 12 de junio de 2019, 15:10 h (CET)

No sabemos, en estos momentos en los que hemos comenzado a escribir, cual será, en definitiva, el resultado de los posibles acuerdos para designar quién, de entre los dos candidatos a la alcaldía de Barcelona, va a salir ganador en esta pugna que existe entre aquellos que siguen creyendo que, apoyando la candidatura de la anterior alcaldesa de la capital catalana es la solución menos mala para la ciudad y sus habitantes, mientras que los separatistas que apoyan la candidatura del señor Maragall piensan que, si este candidato se hace con el empleo de alcalde, los soberanistas habrán conseguido poner a uno de los suyos al frente de una metrópolis icónica para todos los catalanes y, con ello, avanzar un paso más en esta batalla que tienen programada para ir progresando en su proyecto independentista, aunque sus posibilidades de conseguirlo sean lejanas, por no decir nulas.

A la vista del cambio de actitud que, últimamente, parece que ha decidido adoptar el señor Ernest Maragall, al parecer dispuesto a cambiar cromos políticos con Ada Colau, tampoco se puede descartar que, entre ambos, se pudiera acordar un pacto al estilo de los que han existido en otros municipios, en los que se ha decidido que un candidato gobierne la mitad de la legislatura y el otro la otra mitad. Por supuesto que, visto lo visto, si cada una de las primeras soluciones ya nos parecen un desastre para Barcelona, la de dividirse el mando de la ciudad ya se podría considerar como catastrófica. En todo caso, ya estamos tan acostumbrados a que lo inverosímil, por muy absurdo e imposible que nos parezca, se convierta en realidad, que ya no nos atrevemos a descartar que, un acuerdo de esta clase, pudiera acabar por producirse.

La verdad es que, para esta media Cataluña, estos ciudadanos que vivimos en tierras catalanas y que nos hemos acostumbrado a que, cada día que pasa, las cosas se pongan peor para los que no creemos en el separatismo, en el enfrentamiento, en entrar en un tipo de sistema político de carácter radical o que se nos amenace con formar parte de un régimen trasnochado, como es el totalitario comunista, algo que, desgraciadamente, constituye el proyecto de las dos candidaturas, aunque con matices distintos; es evidente que cualquiera de las soluciones que parecen tener más posibilidades de salir airosas, no es más que un “salir de Guatemala para entrar en Guatepeor”. En efecto, no podemos dejar de admirarnos de que, entre los partidos o formaciones que han concurrido a las municipales y que no tengan vocación de formar parte de una Barcelona convertida en un bastión del separatismo radical o del comunismo estaliniano, puedan existir algunos que todavía se presten a apoyar a una de las partes, con el peregrino argumento de que existen unos peores que los otros y, en consecuencia, es preferible optar por el menos malo.

Pero, señores, en esta particular circunstancia, ¿cuál de los dos aspirantes, Colau o Maragall, es la mejor opción? El que el señor Manuel Valls (¿cómo se le ocurrió, a este señor, meterse en semejante berenjenal sin tener más municiones que el haber sido primer ministro de la república francesa durante la presidencia de Holland, sabiendo que, en Cataluña, todo lo que no fueran adictos a la causa o no tuvieran el carné del PC tenían poco que ganar?) haya decidido, no sabemos con qué tipo de criterio selectivo, el inclinarse a favor de la comunista Colau, aludiendo a que el señor E.Maragall representa al sector separatista y, en consecuencia, no se le debe permitir acceder al cargo de alcalde de Barcelona; no parece que tenga mucha lógica. En realidad, si queremos ser consecuentes con la situación en la que nos encontramos los que residimos en Cataluña y no participamos de ideas de tipo separatista o izquierdista, tenemos serias dificultades para distinguir entre unos y otros debido a que, sus respectivas propuestas de gobierno, y su escaso respeto por la propiedad de los ciudadanos; los convierten a ambos en un peligro público para el futuro de la ciudad y una amenaza evidente para los derechos individuales de todos aquellos ciudadanos que no participamos de este tipo de veleidades que, por otra parte, nunca en la historia de los pueblos han dado resultados satisfactorios en aquellas naciones en las que, sus teorías, se pusieron en práctica.

Sin embargo, aunque muchos catalanes no quieran reconocerlo, desde que el gobierno de la ciudad ha pasado a manos de los comunistas, como la señora Colau, una mujer sin preparación alguna, embebida de ideas anarquistas y, según sus propias palabras, dispuesta a no respetar aquellas leyes que ella no considerara justas; la capital catalana ha entrado en situaciones complicadas en lo que hace relación a la seguridad de los ciudadanos, la invasión de delincuentes que hacen su agosto a costa de los turistas y ciudadanos de la ciudad ; la irrupción de inmigrantes que ella ha atraído hacia la ciudad, sobrepasando la capacidad de las instituciones encargados de atenderlos, como ha sido el caso de las encargadas de la atención a menores, completamente desbordadas por la cantidad exagerada de los que acuden atraídos por las facilidades que piensan que encontrarán en una metrópoli como la catalana. Estos chicos, si no encuentran trabajo, al llegar a los 18 años son expulsados de los centros de acogida y se tienen que arreglar ellos solos para conseguir sobrevivir. Esto y las bandas de países hispanoamericanos están creando un lumpen que está afectando al turismo una actividad que, por otra parte, ha estado sufriendo el acoso de la alcaldesa, cuya primera actuación cuando fue elegida, fue decretar una moratoria prohibiendo la inauguración de nuevos hoteles aunque tuvieran en regla los permisos expedidos por el propio Ayuntamiento.

Manteros que se han constituido en otro peligro para los habitantes de Barcelona y unos competidores ilegales para los comerciantes que tienen que sufrir la competencia de quienes comercian a las puertas de sus establecimientos, con mercancías entradas de contrabando, sin pagar impuesto alguno y tolerados, por órdenes de la señora alcaldesa, por los mismos encargados del orden público y de evitar que tal tipo de comercio clandestino pueda medrar en las calles de la urbe catalana. Otra de las lacras que se han venido tolerando durante los años en los que Barcelona ha estado bajo el mando de la señora Colau, ha sido el de la mafia de los okupas que no es que sólo hayan podido actuar a su aire ocupando viviendas vacías, destruyendo enseres de los propietarios, cambiando cerraduras y sirviéndose de los servicios de los que disponían las viviendas ocupadas, sino que han contado con la pasividad de los mossos de escuadra y con el apoyo implícito de la alcaldía, obligando a los propietarios o inquilinos legales, perjudicados por dichos delincuentes, a acudir a la Justicia para intentar conseguir, al cabo de meses o años, la restitución de sus propiedades.

Tanto Colau como Maragall están dispuestos a aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos barceloneses y sus métodos conocidos no dan esperanza alguna de que no utilicen medios coercitivos, multas, recargos o expropiaciones de las que se camuflan con el apelativo de “utilidad pública o interés social” para intentar darle amparo en el Artº 33 de nuestra Constitución. No obstante, se olvidan del resto de condiciones que la propia Constitución exige para que se pueda ejecutar con todas las garantías para el propietario semejantes procedimientos expropiatorios que, como parece lógico, debieran siempre tener un carácter excepcional para los casos en que, los municipios o las autonomías, no dispusieran de otros medios más sencillos y menos perturbadores para los ciudadanos afectados, para poder llevar a cabo la construcción de viviendas sociales destinadas a remediar la demanda de las personas necesitadas.

Es obvio que, sea quien fuere el vencedor de esta disputa por la alcaldía, no dependerá de los votos que haya dado el señor Valls, para que, el futuro alcalde, no represente un grave peligro para quienes continúen creyendo que están en un país donde, aparte de que los criminales tengan todas las garantías inimaginables para defenderse de sus víctimas, se supone que es una democracia donde se garantizan los derechos individuales de la ciudadanía, que quedan amparados por la Carta Magna y por las leyes nacionales. No puede ser que Cataluña lleve ya varios años donde sus dirigentes tienen el convencimiento de que se puede prescindir de las leyes que rigen en el resto del territorio nacional, donde las sentencias de los tribunales, en muchas ocasiones, no han sido respetadas por los mismos funcionarios públicos autonómicos encargados de hacerlas respetar o donde el dinero que se recibe del Estado, en concepto de financiación autonómica, sea destinado a crear organismos paralelos a los del Estado, para intentar suplir las funciones que tiene encomendadas, en detrimento de los derechos del resto de España. El impacto moral que representa para quienes nos seguimos considerando españoles en Cataluña, el vernos sujetos a las imposiciones y obligaciones que nos aplican los que se creen en posesión del poder, de ir en contra del Estado de derecho, y la impresión de estar viviendo en otro territorio en el que, quienes llevan la batuta y tienen poder para cambiar nuestras vidas y asaltar nuestros derechos, pueden convertir nuestras vidas, siendo todos españoles, en una experiencia tercermundista que cada vez nos va alejando más del resto de españoles que viven fuera de Cataluña, una tierra que, sin embargo, sigue siendo un pedazo más de nuestra nación.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, todos aquellos que residimos en una parte de esta España, que parece que no puede ser controlada por las autoridades que forman el gobierno legítimo de la nación y que, a diferencia del resto de españoles, no podemos disfrutar de las mismas prerrogativas o derechos, tales como usar el castellano en según qué lugares o declararse como amante de la patria española sin que se le considera a uno como un extranjero fuera de su país. Es evidente que, hasta ahora, ninguno de los gobernante de la nación española se ha decidido a poner remedio de verdad a una situación que parece mentira que haya podido llegar al grado de deterioro actual. Non omnia possumus omnes.

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