“Si serán galgos, si serán podencos”, mientras el resto de partidos hacen cábalas sobre quienes se van a repartir el poder o sobre quienes van a apoyar o rechazar la investidura de Pedro Sánchez para presidir el nuevo gobierno de España, el señor Casado y los suyos han decidido empezar a trabajar para España y han presentado cinco iniciativas de proyectos de Ley en el Congreso de Diputados. Y no podemos decir que no se traten de intentos para solucionar graves problemas que en estos momentos están preocupando a una parte importante de la ciudadanía española que, en ocasiones, se encuentra indefensa ante situaciones que parece imposible que se puedan producir en una nación civilizada como es España y, sin embargo, desgraciadamente se han convertido en una práctica común entre desarraigados de la sociedad, no siempre gentes de pocas posibilidades económicas, sino que también entre personajes que han decidido tomar como hobby el buscar trucos para saltarse a la torera las leyes del país, buscando lagunas legales que por desgracia “haílas”, de las que se valen para complicarles la vida a los pacíficos ciudadanos que, confiados en que la Ley está de su parte se encuentran, a menudo, ante procedimientos legales que, para deshacer un entuerto, son mucho más lentos y complicados de lo que, a simple vista, pudiera parecer.

Hete aquí el caso, ya endémico, de los okupas. Estas personas que con el mayor descaro irrumpen en las viviendas ajenas desocupadas y, en ocasiones, también en las ocupadas, aprovechando las ausencias de sus legítimos ocupantes, rompiendo las cerraduras, entrando en las viviendas ajenas e instalándose tranquilamente en ellas, con todos sus bártulos e impedimentas, como si en realidad tuvieran un título de propiedad u otro documento legal que les permitiera, con el visto bueno de la propiedad, tomar posesión del inmueble. Lo que se podría denunciar como una entrada ilegítima, un asalto o, simplemente, un ejercicio de incivismo intolerable, en lo que se podría considerar una sociedad respetuosa con el derecho, al parecer, tiene lo que se podría entender como sus fallos que, para los jueces, exigen algo más que la exhibición, por el legítimo propietario de la vivienda, del título de propiedad que debería ser suficiente para que se declarara el desahucio inmediato del invasor; sino que, la arquitectura procesal para expulsar al “usuario” (aquí está la clave), requiere una serie de actuaciones judiciales que, de hecho, hacen que la persona que pide el desalojo del inmueble, se vea condenada a esperar meses o incluso años, dependiendo de quienes fueren los ocupantes y sus situaciones personales, para que se le conceda lo que es su derecho como legítimo propietario.

El proyecto de Ley que ha presentado el PP pide que la norma establezca que “la policía podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo entre 12 y 24 horas como máximo”. También se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que la Comunidad de Propietarios “pueda acudir a la autoridad cuando los ocupantes ilegales realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres”. Como no podía ser de otra manera, la norma, por primera vez define claramente la figura de ocupación ilegal como. “La tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”. La norma también tiene en cuenta el hecho de que no pueda tener la consideración de “morada” o “domicilio” de manera que, los “ilegales”, no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en su piso pagando su alquiler. Una Ley que, las izquierdas, con toda seguridad intentarán torpedear porque todos ya sabemos el concepto que suelen tener sobre el derecho de propiedad; lo que no evita que algunos de sus dirigentes tengan un particular apego al “vil metal” y otros, como el señor Pablo Iglesias, dé ejemplo de austeridad comunista comprando un casoplón en uno de los lugares más distinguidos de la élite social madrileña, para ocuparlo él y su reducida familia de tres personas más. Al parecer no se ha dado el caso de que haya sido objeto de la actividad igualitaria de estos okupas a los que protegen. Quizá haya sido por esto.

También, en otro proyecto de los presentados, los populares inciden en un tema interesante sobre la Financiación de los Partidos, tratando de cuestiones tan sugerentes como sería, sin duda, el “suspender parcialmente o limitar las subvenciones públicas a aquellos partidos que tengan en su seno a condenados por delitos de rebelión, de sedición o contra la Corona, las instituciones del Estado o la separación de poderes”. Una cuestión que ya, de por sí, debería de haberse tomado en cuenta desde hace años, cuando es evidente que los separatistas, en Cataluña, han utilizado una parte importante de los dineros recibidos del Estado en ir subvencionando a grupos separatistas que vienen actuando en la captación de prosélitos o se dedican a ir en contra de la unidad del Estado promoviendo por medio de sus medios propagandísticos la creación de un “Estado paralelo”, destinado a suplir la actual organización estatal dentro de la comunidad catalana en el imaginario caso de que la insurrección contra el Estado español diera sus fruto.

Entre las otras proposiciones de Ley presentadas, se encuentra una que intenta dar impulso a la Formación Profesional, una parte de la enseñanza que cada día se hace más imprescindible y que más demanda tiene por parte de las empresas, cada vez más necesitadas de personal preparado para afrontar los desafíos que las nuevas técnicas, la robótica, la ofimática y todo lo relacionado con la época de la digitalización, que tantos importante cambios ha traído a las industrias modernas. También se ha presentado otro proyecto que hace referencia a la “Tasa de Generación Eléctrica”, todo ello relacionado con el excesivo precio de la energía eléctrica, entrando en complicadas consideraciones, al menos para aquellos que son incapaces de descifrar el recibo de las compañías suministradoras de potencia, como este comentarista, pero que parece encaminada a encontrar formas de desgravar algunas partes del proceso y a hacer más inteligible el recibo que, según parece, de prosperar la propuesta, representaría un ahorro de un 3% sobre el coste actual de esta energía para los ciudadanos de a pie.

Y la más curiosa y no, por ello, menos justa reforma que se propone es la que hace referencia a los jueces que desempeñan sus funciones en la comunidad catalana. La petición de un plus de 500 euros en el sueldo de los jueces que trabajen en Cataluña es, sin duda, una justa compensación a quienes tienen que ejercer, en unas condiciones sociales distintas a las del resto de España y sometidos a un plus de estrés y, en ocasiones, de acoso personal en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Sin duda, como les ha venido ocurriendo a algunos especialistas médicos a los que se les ha venido exigiendo el conocimiento obligatorio de la lengua catalana a un nivel que está por encima de la comprensión verbal del idioma, una boutade que ha dado lugar a que muchos especialistas hayan pedido destino fuera de la comunidades catalana y balear debido, precisamente, a exigencias tan absurdas como la comentada. Aplaudimos la iniciativa. Al parecer, según información extraída de la prensa, en el 2018 fueron 48 los jueces y magistrados que abandonaron Cataluña por los motivos citados. En este 2019 parece que ya van por 21, los que renunciaron a sus plazas en esta misma comunidad.

Creemos que el PP y en señor Casado como líder del mismo, han acertado adelantándose a otras formaciones políticas, empeñadas en conseguir cuotas de poder en toda la geografía nacional, lo mismo que han acertado a iniciar conversaciones con los señores de VOX, aunque no coincidan en todos sus planteamientos pero, si hay algo que en política no se puede hacer es prescindir de aquellos con los que no existe un 100% de coincidencias puesto que si se actuara así no habría posibilidad alguna de llegar a acuerdos, algo imprescindible si se quiere que la nación vaya avanzando y progresando. Resulta llamativo que muchos de los partidos que se muestran contrarios a negociar con VOX, aparte de los de la izquierda más extremista que evidentemente no tienen ninguna coincidencia con los señores presididos por Santiago Abascal, todos los demás, empezando por el PSOE y siguiendo con Ciudadanos, han estado gobernando en gobiernos regionales en los que había miembros de Podemos y Bildu, el primero un partido estalinista como no hay otro igual y que se ha venido jactando de que lo que quieren intentar es acabar con la actual Constitución y el segundo los sucesores naturales de la banda ETA.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en esta ocasión creemos que, tanto Casado como su partido, han conseguido dar en la diana, utilizando una táctica adecuada mientras los otros partidos seguían enfrascados en sus actividades negociadoras para conseguir acuerdos de gobierno. Es muy posible que la oposición de izquierdas impida que ninguna de las propuestas hechas por el PP ante la cámara legislativa, tenga buen fin. No importa, porque quienes se opongan a ellas se tendrá que retratar y argumentar en contra, algo que nos va a permitir conocer quien está intentando hacer cosas que beneficien al pueblo español y aquellos otros que lo único que intentan es desestabilizar la nación y seguir con su política de “cuanto peor mejor”, algo que es privilegio de los componente de Podemos, los comunistas bolivarianos que, por cierto, han fracasado estrepitosamente en las últimas elecciones celebradas en nuestra nación.