El sistema de libertades en el que decimos encontrarnos debería significar que el protagonismo en la organización de todas las actividades corresponde a la sociedad. Desde el hundimiento del marxismo, como socialismo real, que dejó al descubierto la ineficacia de los totalitarismos estatales para lograr una vida mejor para sus ciudadanos, quedó triunfante la idea liberal de la economía de mercado como el sistema más adecuado para una asignación eficiente de los recursos a la producción y distribución de los bienes. Si en los sistemas totalitarios es el Estado quien dirige todos los ámbitos de la vida, en los democráticos el papel del Estado ha de ser por fuerza distinto. Tiene que ser la garantía de que la sociedad misma puede actuar en libertad.

Pero el paso de un sistema al otro sigue dejando zonas en penumbra en las que crecen y se desarrollan determinadas políticas que pueden dar al traste con el experimento. Aunque es difícil hoy defender abiertamente cualquier forma de autoritarismo, para una parte importante de la sociedad educada en el rechazo y desconfianza hacia la empresa privada, el capitalismo sigue siendo la suma de todos los males y hay que seguir defendiendo la existencia de empresas públicas, aunque se demuestre una y otra vez, su ineficiencia y despilfarro como por ejemplo las televisiones de titularidad estatal o autonómica. Todo lo público que se ha privatizado, electricidad, telefonía, etc. se mira con desconfianza. Para esta parte de la sociedad es importante seguir conservando parcelas de actividad en manos del Estado, sobre todo si ese Estado es manejado por sus representantes políticos. Se argumenta que solo en manos del Estado se pueden garantizar determinados derechos como pueden ser por ejemplo la educación o la sanidad.

Otra parte de la sociedad, partidaria más decidida de una economía de mercado, cierra a menudo los ojos ante las deficiencias de funcionamiento de ese mismo mercado en el que campan a sus anchas los oligopolios, el proteccionismo, las subvenciones y la corrupción, muchas veces en connivencia con los políticos de cualquier signo. Aquello de “poderoso caballero es don dinero” que dijo Góngora, sigue vigente por desgracia. La sociedad tendría que vigilar más estrechamente la codicia de los capitalistas, especialmente cuando se alían con los políticos para enriquecerse.

Quizás convendría invocar al menos dos principios cuya vigencia deberíamos todos exigir y mantener. Uno de ellos es el de subsidiariedad. El Estado debe asumir todas aquellas actividades que la sociedad no sea capaz de realizar y sólo en tanto se mantenga esta imposibilidad. Si el Estado puede ayudar a la sociedad a que las asuma, siempre será preferible a que las organice directamente. En cambio no podría ceder nunca aquellas parcelas en las que tiene una titularidad irrenunciable: la seguridad pública, la defensa del país, la solidaridad entre las regiones. Si los ciudadanos se sienten inseguros dentro o desamparados fuera, algo se está rompiendo en el entramado de nuestra convivencia.

El otro principio es el de legalidad. El Estado viene obligado a establecer un marco legal de convivencia en el que pueda hacerse todo aquello que no esté expresamente prohibido. Es propio del autoritarismo intervencionista impedir todo aquello que no esté “administrativamente” autorizado. Pero la legalidad, al servicio de la libertad, ha de ser clara, general y sin excepciones. Ahora nos debatimos en una maraña legislativa en la que se cruzan normas europeas, estatales, autonómicas, y locales, imposible de desenredar y caldo de cultivo de toda corrupción. Las leyes deben tener la suficiente permanencia para que puedan ser interiorizadas por los ciudadanos. No se pueden estar cambiando todos los días. Por mucha mayoría que obtengan las leyes en el Congreso, si la gente no las asume como justas y necesarias, serán letra muerta o semillero de pleitos. Una legalidad clara tiene que contar con un poder judicial independiente, sin mediatizaciones políticas, ágil, rápido y con prestigio.

En la situación actual pienso que vamos en sentido contrario. Los Estatutos autonómicos en marcha son claramente intervencionistas. Buscan controlar a los ciudadanos en lugar de garantizarles el ejercicio de su libertad, segregarlos introduciendo diferencias en lugar de aunarlos en un proyecto común, adoctrinarlos en lugar de facilitarles la educación, hinchan las facultades de los políticos, mermando la de los ciudadanos, para cuyo ejercicio es mejor una sociedad anestesiada, que se cree libre aunque su capacidad de influencia sea mínima, que una sociedad viva, creativa y emprendedora. Nos dicen que con estos Estatutos se van a garantizar mejor a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Peligrosa falacia. No se garantiza la unidad introduciendo diferencias, ni el derecho a la educación igualando a todos en la ley del mínimo esfuerzo: todos aprobados, todos universitarios ¿con qué nivel?. No se garantiza el derecho a la salud con unos centros masificados y mal gestionados donde los gastos no se controlan, donde las listas de espera crecen, donde mucha gente está pagándose otro seguro privado porque desconfía no tanto de la eficacia de los profesionales sino de conseguir un diagnóstico a tiempo. Los ejemplos podrían multiplicarse. ¿Estaríamos de acuerdo en que, para garantizar el derecho a comer, todos tuviéramos que tomar el menú que decidiera el Estado? ¿Estaríamos de acuerdo en que para garantizar el derecho a vestirnos nos pusieran el uniforme que puso Mao a los chinos?

Hay que robustecer la sociedad exigiendo y practicando la libertad, sin dejarnos embaucar por unos y otros, buscando de verdad unos principios claros de convivencia sin conformarnos con un sistema que de vez en cuando pide nuestro voto y luego administra como se le antoja. Mantengámonos siempre desconfiados de los que viven de la política y examinemos sus propuestas y sus actos reflexionando con nuestra propia cabeza. Actuemos luego de acuerdo con lo reflexionado y evitemos que otros piensen por nosotros.