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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

La antigua Yugoslavia se desintegra

Sergio González

jueves, 25 de mayo de 2006, 21:15 h (CET)
El referéndum pactado en 2003 por los jefes de Estado y de Gobierno de las antiguas repúblicas de Serbia y Montenegro se celebró el pasado domingo entre medidas excepcionales y con una fuerte presencia de observadores internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa (OCDE) y de la Unión Europea (UE) que creían necesario velar fuertemente por el cumplimiento de una escrupulosa transparencia electoral que evitara cualquier rumor de “pucherazo”. De esta forma, era Montenegro quien tenía la posibilidad de acabar con el último resquicio de lo que desde 1929 se llamaría Yugoslavia bajo la dictadura del mariscal comunista Tito.

El organismo comunitario europeo planteó la necesidad de que se cumplieran dos preceptos esenciales para que los montenegrinos, tan partidarios en su mayoría a acabar con los lazos serbios, pudiera optar por la autodeterminación y pasar a formar parte de la Comunidad Internacional como Estado soberano y pleno de facultades para poder llevar a cabo la política que crea conveniente. La primera de las condiciones era que la consulta superase el cincuenta por ciento de la participación, como finalmente ocurriera con algo más de ochenta y seis puntos porcentuales de visitas a los colegios electorales, y la segunda era algo más dificultosa pues obligaba a alcanzar al menos el cincuenta y cinco por ciento de votos favorables, algo que hacía unos meses era impensable, pero la ruptura de las negociaciones de la UE con el gobierno de Belgrado por el affaire-Mladic supuso un impulso a las aspiraciones secesionistas de los que creen que la provincia adriática tiene muchas más posibilidades de entrar en el selecto club de los veinticinco sólo que compartido.

En este punto la situación puso la tensión a flor de piel puesto que los sondeos acertaron en sus predicciones y escasamente un cincuenta y seis por ciento de los que acudieron a las urnas lo hicieron por el Sí frente al cuarenta y cuatro que se opuso, en su mayoría población de la frontera serbo-montenegrina. Esto provocó el delirio en las calles de los partidarios de una desintegración total que ya contaba con muchos puntos a su favor pues ambos estados sólo compartían algunos ministerios como los de Defensa, Asuntos Exteriores, Relaciones Económicas y Derechos Humanos. La clara apuesta por el voto afirmativo del primer ministro montenegrino, Milo Djukanovic, le ha valido muchas loas a nivel internacional pues ha sacado un proceso perdido de antemano a una victoria sin paliativos que puede ayudarle aún más a ganar las elecciones parlamentarias previstas para el próximo otoño.

De cualquier modo, la nueva república va a necesitar de recomponer toda su política puesto que el heredero legítimo de la antigua potencia continental va a ser Serbia. El ingreso en los organismos y foros de discusión internacional requiere de la puesta en práctica de una diplomacia plagada de concesiones y apuesta por la legalidad internacional. Asimismo, se va a anular todo ente político existente entre las dos antiguas repúblicas conjuntas, principalmente la presidencia de la unión estatal de Serbia y Montenegro que recaía hasta ahora en el independentista montenegrino Svetozar Marovic quien ha anunciado su cese de funciones en el cargo. La posibilidad de utilizar el mar como fuente de recursos turísticos va a ir en detrimento de Serbia, que ve como se queda sin salida marítima, pese a disponer aún de varios puertos que recogen la titularidad plavi.

En otro orden de cosas, se ha sellado la renovación del Pacto Anti-transfuguismo por el que se va a impedir la presencia de antiguos concejales que dejaron su partido de origen y se integraron en las listas de una formación con mayores posibilidades de alcanzar el éxito electoral. La nueva modificación, que ha sido firmada por todos los grupos políticos permitirá pulir las graves carencias que actualmente contiene el sistema político, hecho que ha redundado en la amplia variedad de casos de transfuguismo que se han producido en los últimos años, sobre todo los relacionados con el Grupo Independiente Liberal (GIL) o la llamada trama inmobiliaria de la Comunidad de Madrid por la que la popular Esperanza Aguirre obtuvo la presidencia de la región céntrica.

La reforma de ésta, que tuvo su creación en 1998, ha venido favorecida incondicionalmente por parte del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien ha calificado el nuevo acuerdo de “instrumento necesario para reforzar el sistema democrático”. En la modificación se va a incluir una serie de sanciones emprendidas por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, otra de las grandes aportaciones será la creación de una Comisión de Expertos independientes constituida por juristas de gran conocimiento y sentido común.

Los cambios en los organismos consultivos del Gobierno siguen sucediéndose, y en este caso le ha tocado al Consejo Económico y Social (CES), cuyo presidente, Jaime Montalvo, presentó su dimisión al Secretario General de Empleo, Valeriano Gómez, tras algo más de cinco años al frente del mismo. Su acceso al poder se produjo con su nombramiento en el 2001 por parte del Partido Popular, sustituyendo por entonces en el puesto al controvertido Federico Durán. Por el contrario, su figura despertaba las simpatías de tanto de los agentes sociales, principalmente los sindicatos mayoritarios Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) como de los propios partidos políticos.

Este órgano de decisión es un emplazamiento en el que tienen representación tanto los agentes económicos como los sociales, y se ha constituido en un foro donde se debaten las propuestas a realizar al Ejecutivo central para mejorar la normativa relacionada con la economía. De esta forma, el Consejo se encarga de emitir dictámenes consultivos sobre los anteproyectos de leyes de Estado, proyectos de reales decretos legislativos que regulen las políticas socio-económicas y laborales, y otros de especial trascendencia para el propio Gobierno.

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