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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Derecho a una vivienda digna

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
miércoles, 17 de mayo de 2006, 02:13 h (CET)
En contra de la especulación urbanística y por el derecho a una vivienda digna, los jóvenes como herederos de nuestra generación, se han manifestado en las distintas capitales españolas. En Murcia reivindicaban a través de internet, protestas de este tipo en contraposición de banalidades como el botellón. En Barcelona esta sentada por la vivienda, surge como réplica a raiz de las críticas sociales a los jóvenes españoles por los macrobotellones mientras los jóvenes franceses se manifestaban contra la reforma laboral. Centenas de personas se concentraron también en las capitales andaluzas en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla por el derecho a una vivienda digna, como resultado igualmente de estas convocatorias por internet para más de 60 ciudades españolas.

Según un estudio realizado por el Observatorio de Vivienda del Consejo de la Juventud en el último trimestre de 2005, los jóvenes españoles destinan alrededor del 53 por ciento de sus recursos económicos a la compra de su vivienda, siendo este problema y el del empleo sus principales preocupaciones. Derechos y deberes constitucionales que se confrontan con la regulación autónomica en materia de vivienda y suelo, cuya práctica última para la administración es la financiación de los Ayuntamientos. Si los jóvenes y no tan jóvenes -las familias destinan a la vivienda entre el 30-50% de sus ingresos- supieran cual es el coste real de los "ladrillos" se echarían las manos a la cabeza. Mientras los honorarios profesionales de los técnicos y las constructoras compiten a la baja, este valor de construcción para los más altos precios finales de vivienda por m2, puede oscilar incluso entre el 20 y el 35% del valor total de la vivienda. El suelo con el que se especula y del que España tiene abundancia con sólo compararlo con Japón, puede llegar a ser más de la mitad del precio. Intermediación de venta, impuestos de valor añadido para el Estado, tasas e impuestos de registro y notaría sobre precios finales de venta, y las plusvalías cuando es en segunda transmisión, son el resultado del incomprensible precio final. Todo esto se sabe, pero como sentancia Lampedusa, se modifican las cosas un poco para que todo siga igual en este fundamental motor económico del país.

Es una pena que el ejemplo extremeño de vivienda con los menores valores por metro cuadrado de España, no se transfiera a través de una de sus ciudadanas como ministra de vivienda. No resulta baladí que en esta región de España cumpliendo todos los cupos de vivienda de protección oficial, incluso el régimen especial, se pueden adquirir viviendas unifamiliares (90m2 útiles de vivienda, 25 m2 garaje y 8 m2 trastero) en toda la geografía extremeña por precios entre los 60 y 72.000 euros, para las rentas protegidas. Desde este punto debe partir el análisis, siendo la administración la que tiene el mayor porcentaje de responsablidad en que este estado de cosas en materia de vivienda, se encuentre en la situación que la conocemos.

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