El 1 de mayo, inesperadamente, el presidente Boliviano Evo Morales, por tercera vez su historia, ha nacionalizado sus recursos energéticos. Las empresas extranjeras que operan en Bolivia deberán entregar el gas y el petróleo que saquen del subsuelo a la compañía pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) que les dará un porcentaje.

El Presidente Morales destacó la tradición militar de defensa de los recursos naturales, pues fueron gobernantes uniformados los que nacionalizaron el petróleo en 1936 y 1969, por lo cual y ejecutando una disposición constitucional, del referendo que en 2004 demandó la nacionalización del petróleo y en acuerdo con las convenciones mundiales que reconocen el derecho de los pueblos a medidas de ese tipo, fundamentó su decisión.

La decisión tomada -dijo- es apenas el comienzo de un proceso de recuperación de los recursos naturales, orientado a reemplazar al neoliberalismo por un nuevo modelo de desarrollo que el ministro de Planificación, Carlos Villegas, definió como mixto y comunitario.

Las inversiones y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneficiaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir demasiado encuentran gas y petróleo en abundancias. El informe oficial boliviano establece que las trasnacionales que operan en el país tienen los costos más bajos en la búsqueda y desarrollo de un barril equivalente de petróleo, que es de 8.58 dólares a nivel mundial y de 5.66 dólares el promedio latinoamericano. Este costo en el caso de Repsol en Bolivia es de apenas 0.40 dólares por barril equivalente de petróleo, 20 veces por abajo del promedio internacional y 14 veces menos que el latinoamericano.

Los países desarrollados siempre definieron, para adentro, los recursos energéticos como un bien estratégico, imponiendo la idea en las naciones periféricas de que el crudo es un commodity, y asistiendo a sus empresas en la expansión, como si fuera un puro bien comercial, una simple materia prima.

La diferencia soslaya, que el petróleo y el gas – carburantes, indispensables para impulsar el motor de la economía mundial– son recursos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el petróleo es considerado una política de Estado. Estados Unidos, tiene su reserva de petróleo, y además utiliza todo su poderío militar para apropiarse de áreas energéticas fuera de su frontera, como en Afganistán e Irak.

En los países desarrollados el petróleo es una política estratégica nacional, por lo cual no requieren de empresas estatales. El investigador de la Universidad del Salvador, Federico Bernal, señala que las petroleras y esos gobiernos están íntimamente relacionados. Nos da el ejemplo de Repsol-YPF en España y Total en Francia, compañías privadas que responde a la política de los presidentes, quienes en forma directa o indirecta forman parte de la plana ejecutiva de la compañía
“Por eso es fundamental que los países de la periferia –afirma Bernal– tengan una empresa estatal, porque si dejamos librados a que el petróleo caiga en manos privadas, en su mayoría son empresas extranjeras.”

Petrobras (Brasil), Pemex (México), PdVSA (Venezuela), PetroEcuador y ahora YPFB (Bolivia), con sus particularidades, son empresas estatales, que acreditan con un porcentaje, por lo general siempre más de la mitad, la captura de la renta petrolera por parte del Estado nacional. “La Argentina es el único país en el mundo donde el petróleo está en manos trasnacionales”, sostiene Bernal.

Nuestro país recibe el porcentaje más bajo de toda la región en la renta petróleo, aun con las retenciones actuales, considerando que en esta imposición extraordinaria, la tasa quedó fija en una situación aunque el crudo se está acercando al doble de su valor referencial al inicio del gravamen.

México y Brasil retienen el ciento por ciento de la renta, Venezuela, está percibiendo el 87 por ciento de las ganancias de las empresas mixtas, además de la totalidad de PdVSA, y ahora Bolivia, con el decreto de nacionalización, estableció un mecanismo de distribución de 82 por ciento para el Estado y 18 por ciento para las empresas. En Chile, con su principal recurso el cobre, el Estado retiene el ciento por ciento de la renta.

Bajo protestas, quejas y reclamos, las petroleras no renunciarán a esos países que afectaron las normas vigentes, intentando tal vez recurrir a estrados judiciales internacionales, porque de todos modos siempre habra otras dispuestas a ingresar al mercado de esos países si las que están abandonan la región.

Examinando los porcentajes de la distribución de la renta petrolera, el Estado argentino es el más generoso. Tal vez ha llegado la hora de que el presidente tome nota de estos asuntos.