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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Cortocircuito en el Estado

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
miércoles, 10 de mayo de 2006, 21:43 h (CET)
Corriente continua o alterna es fundamental en la Seguridad del Estado, como apéndice del Estado apoyado por el poder judicial y el ministerio fiscal. El fluido de los derechos fundamentales se ha interrumpido con la detención ilegal de los militantes del PP, con un simple recambio del fusible diferencial en forma de delegado del Gobierno en Madrid. Pero los generadores del funcionamiento global en nombre de directores generales, fiscales y ministros, suelen tener coincidencias profesionales. Ahora que por ley se están preparando las listas para los nuevos vocales del CGPJ para ser elegidos por el Parlamento (vocales que elegirán los ascensos y vacantes en los tribunales), es obligatorio hacer un sencillo recordatorio. Fue el juez Garzón el que dimitió en el Gobierno de González con el asunto Gal en candelero. Fue el juez Belloch como biministro cuando estaba tal asunto y los famosos papeles de Laos, siendo sus directoras generales la ahora juez del Supremo Margarita Robles y la ex-juez por el cuarto turno María Teresa Fdez. de la Vega. Era juez del Supremo el ahora fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuando las detenciones ilegales con su posición a favor de las mismas y el que denunció actitudes vociferantes en los manifestantes como delictivas. Es fiscal el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Juez es la profesión del actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que mintió en sede parlamentaria como ministro de Interior en el caso de las detenciones (también lo hizo en el caso Roquetas).

Todo esto hace preguntar si es el cargo político el que imprime las actuaciones o es la procedencia profesional. Los hechos son tal como son, cuestionándose la independencia profesional de las fuerzas y seguridad del Estado, y lo que es más grave, las actuaciones de determinados jueces al amparo de la independencia del poder judicial (unos) o de la designación y ascenso por vocales designados políticamente. Urge replantear tal cuestión para reforzar la independencia judicial por una parte, y buscar mecanismo de exigencia de sus responsabilidades constitucionales.

Estos delicados poderes del Estado no pueden ni deben tener la moderada credibilidad que tienen en ciertos sectores de la sociedad. La extracción y exigencias de responsabilidades, de forma democrática y directa pueden proyectar algo de luz sobre este sector, que la propia ex-jueza y vicepresidenta del Gobierno calificó de tenebrosos y oscuros. Así mejorará el circuito de los derechos, con fuentes de energía alternativas en caso de falta de suministro.

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