Difícilmente alguien pudo notar que Naciones Unidas, o al menos, una parte, estuvo involucrada en la polémica ley del Estado del Nueva York que estructuró las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos imponiendo el aborto a pedido, incluso justo antes del nacimiento.

Melissa Upreti, quien es “titular de mandato especial” asociada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, testificó en septiembre pasado en el Comité para la Mujer del Consejo de la Ciudad de Nueva York, declarando ante los concejales que legislaciones internacionales exigen el aborto a discreción, incluso justo antes del nacimiento.

Recordó a los concejales de la ciudad de Nueva York que el “Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica” envió una carta a los Estados Unidos “instando a la aprobación de la Ley de Salud Reproductiva”.

Específicamente, dijo al Comité que partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) requieren del más amplio margen de acción posible por parte de las mujeres para así ser capaces de asesinar a su propio hijo por nacer o al menos disponer de alguien más que haga eso por ellas. El ICCPR es uno de los dos tratados de implementación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ha sido ratificado por los Estados Unidos.

Argumentó también que el hecho de criminalizar al aborto constituye una discriminación en base al género, y por lo tanto, viola el tratado. Adicional a esto, ella afirma que el artículo “derecho a la vida” en el tratado incluye el derecho al aborto.

Continuó afirmando que ciertos “mecanismos de derechos humanos”, por los cuales se refiere a los comités de la ONU, “han pasado a requerir la despenalización como una obligación inmediata” y el no hacerlo podría “equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante”. Estas categorías caen en “crímenes contra la humanidad”, afirmó. Con personajes como Melissa Upreti, en la ONU, el derecho universal, de todos, a la vida está en verdadero peligro.