El acuerdo sobre el sistema educativo sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la política en España. Tal y como se acaba de demostrar en la Conferencia Sectorial de Educación, la negativa de doce comunidades autónomas a implantar el próximo curso la Ley Orgánica de Mejora de la calidad de la Enseñanza, si se llevara a efecto, supondría un inaceptable incumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas; una grave quiebra del principio de legalidad y de igualdad de todos los españoles ante la ley.
Parece que el nuevo Ministro de Educación ha insistido en que el gobierno manifiesta su voluntad de diálogo con las Comunidades Autónomas siempre y cuando se parta del principio de que la Ley debe ser implantada en su calendario previsto. Muestra de ello es la posibilidad de modificar las reválidas.
