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Politicastros, engendradores de odios y enfrentamientos, pretenden acabar con España

Sin que seamos conscientes de ello nos trasladamos hacia aquellos dramáticos y tristes tiempos de la II República
Miguel Massanet
lunes, 25 de febrero de 2019, 16:14 h (CET)

Los que tachan al partido VOX de extrema derecha, de anticonstitucional y de un peligro para la democracia, no hacen más que reproducir con aviesas intenciones la institucionalización de doctrinas de izquierdas en las que se sostienen teorías que, para sus defensores, no pueden ser puestas en cuestión por considerarla axiomáticas y, en consecuencia, cualquier formación política que intente luchar contra ellas ha de ser combatida y si es posible eliminada, aunque para ello se haya de recurrir a métodos que nada tienen que ver con lo que establece la verdadera democracia.

Por ejemplo si se va en contra del aborto resulta que inmediatamente te tachan de machista, antifeminista, fascista y nazi. No se puede recriminar a aquellas mujeres, generalmente carentes de instinto maternal, que con los apresuramientos de un calentón ocasional se prestan a practicar el sexo sin tomar las más mínimas precauciones que eviten el embarazo. Ya no se trata de una cuestión religiosa que, para los católicos, también lo es, sino que es algo de sentido común y sólo requiere que la pasión de un momento tenga un instante de reflexión antes que, en el fuego del encuentro, alguien no `piense demasiado en apartarse a tiempo. ¿Es esto privar de libertad a las mujeres? ¿Se trata de limitar su control sobre su cuerpo? No, en modo alguno, porque también existen métodos anticonceptivos para después de la consumación del acto sexual. Pero es que ni siquiera se prestan a entrar en la materia, discutir sus posibles soluciones o presentar alternativas. Se habla de vientres de alquiler, a nuestro juicio bien prohibidos en nuestro país, pero que los que acuden a ellos es debido a que en España la adopción es complicada, tardona, demasiado burocratizada y, en ocasiones, lleva al aburrimiento y el consiguiente desistimiento. ¿Cómo se entiende que se pueda alegar que al quedar embarazada una mujer que no desea hacerse cargo de su hijo se vea obligada a abortar para no verse perjudicada o, simplemente, porque no se tiene los medios para sostenerlo?

El Estado, el que se ocupa de sus ciudadanos y no de permitir que cada año se cometa la matanza de más de 100 mil fetos como sucede en España, donde las clínicas abortistas se enriquecen practicando abortos y comercializando los órganos aprovechables de las víctimas inocentes; tiene la obligación de ayudar a estas mujeres para que no deban abortar y, si llegado el momento del parto no desean quedarse con su hijo siempre habrá parejas de matrimonios interesados en adoptarlos encantados. Claro que es más fácil, para aquellos cuyas ideas respectos al no nacido son similares a las del matarife que se ocupa de sacrificar terneros o gallinas, máxime si ocupa algún cargo de responsabilidad en política y viva de ella, lo que le hace valorar más el voto de las feministas radicales que la vida que se pudiera rescatar de una persona con tanto derecho o más a nacer que aquellos que sin ser jueces deciden, por comodidad, deshacerse del fruto de sus entrañas.

Y es que en este país ya no se razona, se argumenta o se debate de una manera civilizada simplemente porque los políticos que hoy salen de las urnas, en su gran mayoría son gente de escaso nivel intelectual, de gente que, aunque tenga algunos estudios, fruto de estas leyes que hoy permiten pasar de curso con unas cuantas asignaturas suspendidas y que otorgan becas de estudios a malos estudiantes que en lugar de haber demostrado un alto rendimiento en sus estudios pre universitarios, son estudiantes que han suspendido asignaturas a los que, aún con calificaciones de cuatro se les otorga una beca solamente por el hecho de ser hijos de obreros. Luego vienen los abandonos a mitad de carrera o aquellos títulos que sólo sirven para enmarcar ya que, la deficiente preparación de muchos licenciados hace que no puedan sacar provecho del dinero invertido por el Estado en facilitarles estudios. Sería conveniente que el Gobierno facilitase para general conocimiento cuántas de las ayudas facilitadas en becas se transforman en buenos licenciados capaces de devolver su coste a la nación y cuál es la parte de las ayudas que se pierden debido a los abandonos escolares de quienes las recibieron.

Los señores de Vox han sido criticados porque han solicitado información de la Junta de Andalucía de aquellas personas que intervienen directamente en los casos de violencia de género. Siempre me he preguntado y nunca he tenido respuesta de la Administración sobre las estadísticas de aquellos delincuentes que han acabado con la vida de mujeres o las han torturado o agredido violentamente, que sean españoles oriundos y la relación de aquellos criminales que provienen de países extranjeros en calidad de migrantes, afincados en nuestro país, que incurren en tal clase de delitos; seguramente nos sorprenderíamos. ¿Es tan grave que, en una cuestión de tanta trascendencia, que puede dar lugar a falsas denuncias, no se exija que todos los que intervienen, de una manera u otra, en la erradicación y seguimiento de esta clase de delitos unas cualidades específicas? No parece fuera de lugar que se les exija una preparación adecuada, unos conocimientos académicos que los califiquen como aptos para la función a la que se los destina y unas cualidades personales que los acrediten como personas idóneas para actuar con la imparcialidad que se exige en delitos en los que, las leyes penales estatales se aplican con especial dureza, en el caso de ser varones los que incurran en ellos

Y nos choca la forma discriminatoria con la que, partidos de derecha y de izquierda, están tratando, criminalizándolo, el partido del señor Abascal, atribuyéndole intentos revolucionarios cuando, por otra parte se está diciendo que en España nadie puede ser juzgado por sus ideas, como pretenden argumentar los políticos, presuntos delincuentes, que están siendo juzgados por el TS; donde los fiscales no se cansan de recordar que si se los juzga no es por sus ideas separatistas, sino por los hechos que presuntamente se les atribuyen, contrarios a las leyes del país e incompatibles con el mandato constitucional. Somos muchos los españoles, seguidores de la Constitución y defensores de ella que, no obstante ,estamos convencidos de que, la mala interpretación que se ha hecho de su Título VIII de la Carta Magna, las concesiones que se les han hecho a los independentistas catalanes y vascos y las evidentes consecuencias de la forma en la que son gobernadas algunas de dichas autonomías están creando un ambiente de enfrentamiento entre una parte de España y la otra; de tal manera que, incluso dentro de la misma Cataluña, hay familias en las que sus miembros no se hablan entre sí, precisamente a causa de las diversas opiniones, a favor o en contra, que se dan entre los mismo catalanes. No debemos olvidar que, pese a que Torras y Puigdemont o Junqueras, insisten en que mayoritariamente Cataluña pide su independencia, la verdad es que en esta cuestión existe, prácticamente, un empate y, cuando se trata específicamente de lo que sería una independencia con todas sus consecuencias, evidentemente muy perjudiciales para Cataluña y su economía, el porcentaje ya es mayor respecto a los que optarían por esta decisión extrema.


Lo malo de esta situación es que, pese a los que, como el señor Pedro Sánchez y todo su gobierno, siguen empecinados en que mediante conversaciones y cesiones económicas los catalanes van a admitir seguir siendo parte de España; la realidad de cinco o seis años de conversaciones entre el Gobierno español y los distintos caudillos separatistas, que se han ido tomando el relevo en Cataluña durante todos estos años, las conversaciones que han tenido lugar entre ambas partes, fueran cuales fueran los interlocutores por parte del Estado español, nunca han llevado a ningún tipo de acuerdo. En estas circunstancias resulta ridículo y absurdo escuchar a la señora Celaá seguir insistiendo, como ha hecho hoy, en la necesidad de mantener apaciguados a los separatistas catalanes. Lo ha hecho cuando ha criticado la iniciativa de la señora Arrimadas consistente en ir al frente de una representación española a las puertas de la gran mansión del señor Puigdemont, a la que se le ha puesto una placa con la inscripción de “República catalana”, para protestar y recordarle al prófugo Puigdemont que no es más que un delincuente que se aprovecha de la tolerancia de los belgas ( ellos sabrán el por qué lo hacen) y que lo único que hace es intentar denigrar a España, sus instituciones y a los españoles, sin tener la más mínima posibilidad de que se lo tome en cuenta y, todo ello, mientras está recibiendo de parte de la Generalitat catalana importes cantidades de dinero a costa de los impuestos que vamos pagando, cada día más y en mayor número, para que los políticos se los vayan gastando sin que, el país, bajo su mando, tenga alguna ventaja de una situación que amenaza en convertirse endémica y que es evidente que, las estadísticas de empresas que siguen abandonando Cataluña cada días va aumentando y las inversiones en esta comunidad cada vez son menores pese a los esfuerzos de la prensa separatista ( prácticamente la totalidad de la que se emite en Cataluña) de intentar camuflar la realidad realzando los escasos casos de nuevas empresas que se instalan en esta comunidad y minimizando o evitando referirse a las empresas que han decidido que es mejor no fiarse y abandonar Cataluña hasta que se convierta, como ya sucede en Barcelona, en territorio donde sea imposible vivir con normalidad y paz.


Pero algo, señores, sí que es cierto. Cada vez el ambiente que se respira en la comunidad catalana es más opresivo, las reacciones de quienes forman parte de los partidarios de la ruptura total con el resto de España se hacen más frecuentes, más amenazantes, más incontrolables ( el gobierno catalán ya se ocupa de que no sean reprimidas por las fuerzas del orden) y, la consecuencia de esta situación, cada vez más ominosa, se va notando en las relaciones de una parte de los catalanes, los que pertenecemos a los que no queremos en modo alguno dejar de pertenecer a España, porque nos sentimos españoles de los pies a la cabeza y aquellos otros a los que, los politicastros catalanes y todos aquellos que forman parte de su cuerpo de propaganda, han conseguido arrastrar al soberanismo, con engaños sobre lo que sería el futuro de una Cataluña independiente; se están haciendo cada vez más tensas y la única manera de convivir con ellos es procurando no entrar a tratar de la cuestión que es lo que intentamos hacer todos los que vivimos en estas tierras catalanas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión, al menos los que seguimos en Cataluña, de que ni el actual Gobierno ni en muchos lugares del resto de España no son conscientes de la situación en la que nos encontramos los españoles que pretendemos seguir siéndolo, que estamos obligados a quedarnos porque nuestra vida nos ha llevado a echar raíces en estas tierras, por otra parte maravillosas, donde la vida sería muy agradable, si no hubiera quien quisiera expulsarnos de nuestros hogares y no estamos dispuestos a permitirlo.

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