Mientras el TC parece estar atemorizado por el TEDH, mostrando una excesiva preocupación por los recursos que pudieran elevarse a dicho organismo por los presuntos delincuentes separatistas; el Gobierno se humilla de nuevo ante sus interlocutores soberanistas.

Sin duda, nos encontramos en una situación en la que se pudiera aplicar aquella reflexión, ignoramos de quien procede, que expresa la siguiente idea: “Vivimos en un mundo al revés, en donde el bueno tiene que ir al psicólogo, para aprender a sobrellevar las cosas que hace el malo”. Seguramente se podría decir que los términos en los que se expresaba la distinción entre “buenos” y “malos” han dejado de ser válidos porque, en ocasiones, no llegamos a saber qué es lo correcto, lo defendible, lo racional y la distinción que les damos a dichos términos respecto a lo indefendible, lo incorrecto y lo irracional. Nos sentimos abrumados por las contradicciones, desconcertados por las nuevas ideas sobre ética, moral y relativismo y sorprendidos por la falta de respeto, de la sociedad actual, por aquellos valores, principios, tradiciones y comportamientos sociales por los que nos hemos venido rigiendo tantos años y que, en estos momentos, parece que han perdido vigencia, superados por un desprecio irracional hacia ellos, una defensa a ultranza de la llamada libertad y un nuevo concepto de lo se puede o no se puede hacer en una sociedad “liberada” de prejuicios y partidaria de empezar desde 0, como si eso fuera posible y, mucho menos, deseable.

Lo que va a ser el juicio que se va a celebrar en el TS de la capital de España, sin duda alguna, se podrá calificar de la manera que se quiera, menos, de formar parte de los innumerables juicios celebrados en los distintos tribunales de nuestra patria, desde que la Ley fue una parte de la democracia, imprescindible, para que los demócratas supieran que sus derechos fundamentales, particulares y colectivos, serían respetados y, en el caso de que algún sujeto se atreviera a infringirlos, fuera el mismo Estado, a través de sus tribunales, quien se encargara de reponer aquel bien o derecho, indebidamente alterado, a su estado original, estableciendo para el culpable de la violación de la legalidad, la sanción correspondiente que las leyes fijaran para cada caso. Desde luego, el caso que nos ocupa, tiene la característica de ser algo inédito, al menos desde hace bastantes años, donde parece que quienes han de afrontar las críticas, la repulsa, las quejas y las descalificación son los magistrados, el tribunal, los fiscales, la policía, la Guardia Civil y todos aquellos que, de una forma u otra, dentro de sus respectivas obligaciones, han venido interviniendo y continuarán haciéndolo en la instrucción y las investigaciones que han acompañado a esta gran causa, en la que se va a valorar el grado de participación y la implicación en el ilegítimo contra la unidad de España, que le pudiere corresponder a cada uno de los procesados y, por otra parte los que quieren que se les respete como si fueran personas intachables, exigiendo ser tratados con todas las consideraciones que ellos no tienen cuando se trata de mover a las muchedumbres en contra del Estado de derecho.

En efecto, nos encontramos ante un grupo de políticos que están acusados de importantes delitos en contra de la unidad de España, de malversación de caudales públicos, de desobediencia y de prevaricación. No se puede esperar de ellos el más mínimo arrepentimiento que pudiera entenderse como una atenuante, antes bien, todos ellos han mostrado un empecinamiento en conseguir la independencia de la comunidad Catalana de la nación española. Se han estado quejando del largo periodo que han permanecido encarcelados en tanto se instruía el sumario, un periodo largo y entorpecido por los continuos incidentes provocados por los abogados de la defensa, que no han dejado resquicio legal por aprovechar ni recurso por interponer, aún a sabiendas de que, la mayoría de ello, serían rechazados por improcedentes. La prisión provisional se la pueden agradecer, sin duda alguna, a quienes han querido evitar someterse al juicio de los tribunales, huyendo al extranjero donde permanecen como prófugos gracias a la incuria de algunos tribunales extranjeros que han querido convertir una orden de arresto, avalada por la CE, en algo sobre lo que poder opinar, obstaculizar y resolver, según su criterio, y no por el procedimiento rápido previsto.

Todos los que van a ser sometidos a juicio del TS, consiguieron ser trasladados a cárceles catalanas, en las que se han encontrado como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas, disponiendo de tiempo para recibir visitas, de un trato especial por parte de los funcionarios, y de toda una serie de gabelas que, para sí, hubieran querido el resto de presos comunes alojados en dichas instituciones. Ahora, como un medio más de crear tensión, se han quejado de haber sido trasladados en un vehículo compartimentado, porque ello no les ha permitido su tertulia habitual y, en la prisión en la que han sido alojados a disposición del TS, han dicho que tienen frío y que ello influye en la preparación de sus respectivas defensas. Nos imaginamos que a quien les corresponde buscar los elementos jurídicos que puedan servir para exonerarlos de los acusaciones que existen en contra de cada uno de ellos, serán los letrados, todos ellos de primera fila de la abogacía, que los van a defender y, la verdad, nos cuesta creer que estos señores reciban un trato diferenciado del resto de internados, en todo caso, se encontrarán en lugares más cómodos que la mayoría del resto de reclusos de la correspondiente institución carcelaria. Se llega a acusaciones tan ridículas como las de acusar a los policías que los custodiaban de burlarse de ellos o de que, en las dependencias policíacas, se escucharan comentarios que interpretaron como un apoyo a la Justicia en el sentido de que recibieran la condena correspondiente,, no puede atribuirse más que a un comportamiento infantil. Si esto se tomara en cuenta, cualquier interno seguramente tendría argumentos más sólidos para quejarse de su estancia en chirona.

Quizá sea por aquello a lo que, anteriormente, nos hemos referido respecto a que los magistrados del TS, parece que se encuentran excesivamente preocupados por el hecho de que están convencidos de que, la sentencia, cualquiera que saliera del alto tribunal excepto, claro está, si salieran libres, sería inmediatamente recurrida ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos parece un exceso de precauciones absurdo y no creemos que, en el resto de tribunales del resto de Europa, se anden con tantas delicadezas a la hora de juzgar a unos individuos acusados de haber atentado contra la unidad de la nación; máxime, cuando es evidente que siguen intentando lo mismo por lo que fueron encausados, sin renunciar a reemprender su actividad separatista tan pronto como fueran puestos en libertad. Claro que el Gobierno, desde detrás de las bambalinas, sigue su labor de intentar presionar a los magistrados para que aflojen en cuanto a las penas, algo que, evidentemente, ya se lo encargaron a los abogados del Estado que, inmediatamente, redujeron la calificación penal desde “sublevación” a “secesión”, algo que, no obstante no han querido hacer los fiscales del caso, que mantienen la primera calificación de “sublevación”.

Pero ahora, dejando aparte el proceso que se les sigue a los presuntos responsables de la votación ilegal del 1.O, nos han vuelto a sorprender estos señores del Gobierno con una más de sus boutades a las que, por supuesto, no vamos a poder acostumbrarnos por mucho que ellos insistan en poner el listón más alto, en cada una de las ocasiones en las que demuestran el grado de degradación al que están llegando y, la absurda y denigrante manera de seguir humillando al Estado ante las pretensiones de los separatistas, solamente porque al señor Pedro Sánchez no le cabe en la cabeza que le fastidien su idea de sacar adelante los PGE y, por ello, esté dispuesto a ceder en todo lo que le vayan pidiendo los soberanistas catalanes que, cada vez gallean más, están más seguros y se muestran más intratables, a medida que se dan cuenta de que tienen al gobierno socialista a sus pies, llorando y gimoteando, para que les ayuden en sus peticiones de apoyo para unos presupuestos que, por otra parte, la nación no estaría en condiciones de poder llevarlos a cabo, debido a que los números que se hacen en ellos se ha demostrado que son inalcanzables y lo único que se conseguiría si se llegaran a aplicar, sería llevar al país a una situación similar a aquella en que se encontraba en el mes de noviembre del 2011, cuando Zapatero no tuvo más remedio que convocar unas elecciones porque ellos eran incapaces de llevar a cabo la política de recortes, que dejaron para que la asumiera el siguiente gobierno del PP.

En definitiva, cuando la ministra señora Calvo, en los pasillos del Senado, contestó a quién le hablaba de la posibilidad de que se nombrara un “mediador” para que “intercediera entre los dos gobiernos”, algo que ya, desde la propia forma de proponerlo, supone que en España existieran dos gobiernos en lugar de uno: el gobierno de España, el central y luego, un “estado”, el catalán que ya se considera a la altura del central y que quiere que se le tenga a la misma altura que el gobierno de toda España. Calvo, intentando de una manera pueril y ofensiva para la inteligencia de los ciudadanos, dorar la píldora que intenta que nos traguemos, hablando impropiamente de “un relator” o, digámoslo de otra manera: un mero escribiente, que tomara nota de lo que se decía en la reunión para que, después, pudiera esparcir por toda la CE la versión que mejor les conviniera a los separatistas catalanes, algo de lo que ya se ha venido encargando el señor Puigdemont desde su república particular de Waterloo. No, señora Calvo, no va usted a poder seguir engañando a los españoles porque, de lo que se trata y no tenga el atrevimiento de desmentirlo, señora vicepresidenta, es de que, una vez más van a ceder, a entregarse, a capitular y rendir la plaza, ante unos señores que lo único que tienen que hacer es pedir para que se les vaya dando. Ya existe la duda - que los señores de Ciudadanos y el PP vienen anticipando- respecto a que, si la resolución del TS fuera condenatoria, el gobierno socialista, con toda seguridad, procedería inmediatamente a indultar a todos los condenados. Otra cosa sería la repercusión que, semejante comportamiento, tendría en el futuro de los socialistas, en las urnas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la sensación de que, estos señores que nos gobiernan, ya han tocado fundo y que es imposible que un Ejecutivo que tiene la responsabilidad de actuar en beneficio del país y de sus ciudadanos, caiga tan bajo como para poner en cuestión la independencia de la nación y su orgullo, aceptando la intermediación de un elemento extraño, de otro país, con una renuncia absurda e improcedente a nuestra soberanía y el derecho de nuestras instituciones de actuar con plena autoridad e independencia, en cualquier lugar de nuestra nación.