España siempre llega tarde a la estación, de modo que, la locomotora que avanza por la vía férrea arrastrando consigo el inmenso convoy de vagones, cargados con todo acontecimiento novedoso que tenga visos de progreso, de positiva evolución, de logros y triunfos en las libertades, en las ciencias, en las letras; va pasando de largo, fugaz, hasta que, por un postrer guiño del destino, al que debe agradecérsele la benevolencia mostrada en extrema hora, una mano se alarga y acierta a agarrarse al asidero metálico de la última vagoneta, aquella que circula renqueante y amodorrada, impeliendo a subir tras de sí a ese furgón de cola, a todo un país.

¿Es este nuestro triste sino?. ¿Ser siempre meros espectadores de las aventuras que otros emprenden, para luego apuntarnos a sus expediciones cuando estas ya han regresado a casa?.

Tal vez, l menos mientras nuestras mentes dormiten envenenadas por rancios complejos, por cochambrosos ideales de vieja sacristía, por absurdas líneas rojas marcadas en la tierra de nuestros ancestros con indeleble tinta, por tabúes y miedos, limitadas a revivir una y otra vez el sueño propio de las ovejas sumisas al amo de redil.

El 19 de marzo de 1812, cuando cierta parte de España hacía aguas o agachaba la cerviz sumisa; otra España, enorme, magistral, libre y orgullosa de su pensamiento, se alzaba sobre el suelo cuyo polvo le habían obligado a morder durante años y proclamaba con voces valerosas y serenas una Constitución que iba a significar la plasmación legal de un sentido liberalismo hispano. Por vez primera, unos hombres, sujetos hasta entonces a la voluntad de su Rey, o a la de aquel que éste impusiera, decidían de motu proprio poner al Monarca en su justo lugar: ente institucional ejecutor de las leyes, subordinado a las Cortes y a la Constitución (dada la época no podía pedirse más, bastante significaba la desaparición del absolutismo), decidían grabar a fuego y hierro las ideas que desde hacía tiempo bullían entre los círculos liberales por los que se movían. Ese día, se pretendía abrir en nuestro país el camino hacia una sociedad asentada en la igualdad jurídica, la economía de mercado y el Estado de Derecho, con lo que ello suponía: desaparición de la sociedad estamental, soberanía nacional, separación de poderes, libertad de imprenta e industria, humanismo y filantropismo, y la toma en consideración de los más liberales y fundamentales derechos del individuo (falló, por desgracia entre otros, el de la libertad religiosa, lacra que hasta nuestros días arrastramos, cual cadenas de presidiario, en forma de Concordato con la Santa Sede y que nuestros liberales no pudieron evitar dadas las circunstancias históricas en las que se encontraban. Fue, como se diría ahora, un cierto “precio político” que hubo de admitirse para lograr el consenso).

Hemos pasado, recientemente, por encima de esta fecha en el calendario, sin recordar que hace unos cientos de años ya, el sueño de unos liberales españoles logró plasmarse tinta sobre papel, aunque fuera por escaso tiempo. Fernando VII, el monarca más pésimo que jamás haya merecido tener esta tierra nuestra, retornaría en breve para hacer desaparecer (o al menos intentarlo) un futuro de esperanza para la ciudadanía española liberal.