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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

En cuestión el funcionario público

Sergio González

viernes, 31 de marzo de 2006, 04:24 h (CET)
La presentación del anteproyecto de ley del funcionariado público por parte del titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha levantado cierta polvareda puesto que muchos de los que hoy en día se benefician de la indefinidad del trabajo y el cobro permanente de la hucha del Estado pueden ver revocado su labor en secciones con implantación estatal. Pese a que pudiera resultar una idea dificultosa habida cuenta de los problemas que pueden producirse entre los sindicatos y el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya se planteó en 1999 cuando el por entonces ministro del ramo y actual secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, decidió llevar adelante su propuesta, si bien en último término acabo por revocarla en la Cámara Baja.

La idea plasmada por el representante del gobierno en la materia tiene como principal incentivo la mejora del trabajo en un sector claramente deficitario en la actualidad, quebrando la coyuntura universal del trabajo para siempre que ha representado históricamente esta categoría social. Su base, recogida en el artículo 103 de la Constitución española, establece que todo aquél que desempeña un trabajo de carácter público debe atenerse a realizar una labor objetivamente provechosa para el resto de los ciudadanos. Así pues, cabría apuntar una serie de novedades con respecto a la anterior ley -realizada en tiempos pretéritos- como son la unificación de la legislación vigente en la materia garantizando la coherencia del sistema al generar un marco común en lo relacionado con los derechos y estructuras fundamentales, la puesta en marcha de un estatuto que afecta a cualquiera de los integrantes de la administración del Estado, la creación del personal directivo que establecerá las responsabilidades que tiene cada individuo en la ejecución de cualquier gestión o la inclusión del progreso horizontal, es decir, la obtención de mayores beneficios sin necesidad de cambiar de trabajo.

Al mismo tiempo, se pone en marcha un código de conducta que regula los derechos y deberes de los trabajadores profundizándose en el diálogo social con los responsables de la propia Administración Pública. Por último, se recoge un aumento del sueldo funcionarial de acuerdo con unos criterios, entre los que destacan la antigüedad profesional, la dificultad técnica, el progreso logrado a la hora de realizar una función determinada y el grado de interés puesto en ese trabajo. Asimismo, se tuvieron en cuenta las opiniones vertidas por los propios “obreros” de cara a optimizar los recursos con el fin de que no existiese un conflicto social visible y se pudiera alcanzar una imagen del país similar a la existente en otros estados y regiones europeas.

El futuro incierto se ceba sobre Israel una vez que se han conocido los resultados de las elecciones generales realizadas en el país judío que dieron una sorpresa mayúscula en más de un caso. De esta manera, el primer ministro interino y antiguo alcalde de Jerusalén, Ehúd Olmert, obtuvo una pírrica victoria que lo deja a las puertas de la jefatura de Gobierno, si bien deberá pactar con otras formaciones que apoyen su largo proceso de desconexión de Cisjordania. El partido por el que se presentaba, Kadima, alcanzó los veintiocho escaños en la Knesset, resultado muy inferior al que le auguraban sondeos previos. No obstante, su carácter centrista y transformista le puede proporcionar alegrías de cara a las futuras negociaciones que culminen en la formación del Ejecutivo.

Por el contrario, el Partido Laborista que se presentaba con serias dudas de poder mantener la veintena de escaños que hasta ahora mantenía en el Parlamento tuvo una capacidad de recuperación merced a su firme apuesta por una economía intervencionista y una recuperación del Estado de Bienestar ´descuartizado´ por la política neoliberal puesta en escena en los inicios de la década por la derecha ortodoxa. Su líder, el ex sindicalista Amir Peretz, consiguió atraer a un electorado desencantado con la guerra y logró unos meritorios veinte asientos que lo postulan como futuro ministrable en una coalición centroizquierdista. El ultranacionalista LIKUD fue el gran derrotado del proceso de votaciones pues su líder y antiguo primer ministro, Benjamin Netanyahu, no supo hacer frente a la dura escisión protagonizada por el agónico Ariel Sharon y decayó hasta límites insospechados que lo llevan a la quinta plaza en número de escaños, con unos exiguos once diputados, lo que puede suponer su salida inminente de la ejecutiva y su reemplazo por el rocoso ex ministro de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom.

El ascenso de otras formaciones tradicionalmente minoritarias como Yisrael Beitenu dirigido con mano firme por el antiguo titular de Infraestructuras derechista, Avigdor Lieberman, o el radical Shas se han situado en posiciones privilegiadas de cara a las negociaciones que se deben plasmar para el nombramiento de la cabeza visible del país, al obtener doce y trece representantes, respectivamente. La fuerte abstención -un 57% de participación- que supuso la mayor de la historia del Estado sionista provocó la aparición de anecdóticos grupos como el Partido de los Jubilados quien obnubiló a todos con sus siete sillas o el pacifista Meretz que al lograr cuatro escaños podrían enaltecerlo hasta una entrada en el Gobierno de Olmert de la mano de los propios laboristas.

Confirmándose este escrutinio se pone en marcha el plan de evacuación de algunos asentamientos en la Franja de Cisjordania, si bien su carácter unilateral puede frustrar el diálogo permanente que hasta el momento mantenía con el ex titular de Finanzas israelí. El compromiso de vecindad que se esperaba en el ámbito internacional se encuentra a la espera de que su homólogo palestino, Ismail Haniya, reconozca no sólo los acuerdos con el Estado hebreo, sino la propia existencia del país. Sin embargo, la cuestión de Jerusalén como capital de los estados es algo que queda en el tintero a la espera de ser resuelta por los responsables políticos tanto de uno como de otro bando.

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