Y llegó la anunciada tregua de ETA, o ‘alto el fuego permanente’ para ser más exactos. Hay, sin duda, elementos sociales y políticos en esta tregua que no concurrían en la anterior del Pacto de Lizarra y que pueden conducir al principio del final de la banda.

Uno no puede sino mostrarse ilusionado en creer que esta vez vaya a ser la definitiva, pero también es cierto que la banda y su entorno han desaprovechado anteriormente buenas ocasiones para haber dejado las armas y negociado una salida mínimamente decorosa para sus presos y sus postulados.

Así que, atentos. Pocos pueden criticar al Gobierno Central por haber mantenido contactos directos o indirectos con la banda los últimos años, exceptuando la derecha más recalcitrante, incapaz de reconocer que ellos mismos ya lo hicieron con Aznar en el Gobierno.

Ahora bien, bueno sería no perder de vista algunos aspectos fundamentales o bases que deben presidir este proceso, en opinión del que esto escribe:

1º- Cualquier modificación de la actual situación legal en Euskadi o en el Estado debe realizarse por cauces legales, conforme a la ley vigente.

2º- Las Asociaciones de Víctimas, con ser el principal sujeto de sufrimiento de la barbarie terrorista estas décadas, deben ser escuchadas y tenidas en cuenta por el Gobierno, pero no deben ser parte activa en la negociación final con la banda. Esta debe ser monopolio exclusivo de nuestros Gobiernos, Vasco y Central.

3º- Las únicas ventajas que ETA debe obtener del proceso deben radicar en la resocialización de sus presos, en forma de beneficios penitenciarios, una vez se halle la fórmula para que éstos admitan la responsabilidad de sus actos criminales y asuman el compromiso de no matar ni extorsionar nunca más.

4º- Se debe tener la mente y la sufivciente amplitud de miras como para asumir modificaciones en nuestras leyes que posibiliten una mayor autonomía o poder de decisión de aquellas comunidades que así lo deseen, conduzca esto a lo que conduzca.

5º- Hay que democratizar todo lo posible el proceso y no cerrarse a nada que recaiga en la voluntad del pueblo. Nadie debe temer por que se le arrebaten parcelas de poder o representatividad que actualmente ostenta. La última palabra, en el caso de Iparralde, Navarra, modificación del Estatuto, Constitución o lo que sea, debe residir siempre en los ciudadanos de dichos pueblos, representados por sus Parlamentos.

No parece muy exigente, pero uno cree que los pasos a dar deben ser cortos y firmes, que no admitan ninguna marcha atrás.

Ya es triste que el fenómeno terrorista se haya perpetuado entre nosotros durante tantos años, como para desperdiciar esta oportunidad por falta de inteligencia o maximalismos intransigentes.