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Opinión
Etiquetas:   Presos de la libertad  

Sentencia solidaria

Eduardo Cassano
Eduardo Cassano
@EduardoCassano
martes, 28 de marzo de 2006, 22:08 h (CET)
Hace algo más de tres años se inició una crisis en las academias de inglés en España. Algunas como Opening, Wall Street y Cambridge tuvieron que cerrar definitivamente su actividad, perjudicando de forma grave a sus alumnos. Les dejaron a medias, no sólo con las clases, además tuvieron que seguir pagando un préstamo personal por un curso que nunca terminaron.

Resulta que este tipo de empresas usa un método de financiación, muy implantado en los últimos tiempos, que atrapa de forma rápida a los consumidores. De acuerdo con bancos y entidades financieras, con intereses y comisiones de por medio, ofrecen la totalidad del servicio de forma inmediata a cambio de una asequible cuota mensual, adaptada a cada persona.

Si el curso cuesta, por ejemplo, 3.000 euros, las academias ofrecían la posibilidad de rellenar un formulario que el banco tramitaba y cobraba posteriormente al alumno. A partir de entonces, uno asiste a clase y la deuda la tiene con el banco, no con la academia. Lo que ocurrió en el 2003 fue que muchas de ellas cerraron, dejando colgados a los alumnos con sus respectivos préstamos con el banco, sin disfrutar del servicio que estaban pagando todavía.

La justicia tuvo que mediar en este conflicto, y al año siguiente tras presentar las denuncias correspondientes, de forma incomprensible, el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número 31 decidió que los alumnos afectados por la academia Cambridge English School debían pagar la deuda contraída con el banco. Increíble.

Por suerte, el tiempo pone cada cosa en su sitio… casi siempre. Después de un recurso de apelación al Tribunal, éste ha declarado “resueltos” los contratos y ha condenado a los bancos y entidades financieras a que devuelvan el dinero a los consumidores, eso si, de forma “solidaria”.

Dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando, pero no es justo. Yo estuve a punto de caer en la trampa, y por suerte no firme ese contrato poco tiempo antes de que ocurriera todo. Sin embargo, no encuentro normal que la justicia no sólo perjudicase a los afectados en una primera sentencia, sino que finalmente se vea obligada a reconocer su error de forma solidaria hacía ellos. Esto no es solidaridad, es casi lo correcto. Lo normal hubiera sido recompensar a todos ellos con una indemnización por daños y perjuicios, llamadas de teléfono, abogados, pérdida de tiempo, nervios y estrés de muchos de ellos… todo, por contratar el servicio de una empresa legal, que paga unos impuestos y de repente, desaparece.

Me pregunto yo… ¿quién cobra esos impuestos, no tiene responsabilidades en este tipo de sucesos? Quiero decir, si los dueños de las academias se declaran insolventes, los bancos piden su dinero (a pesar de existir seguros para estos casos, o debieran), ¿por qué siempre resulta más afectado el que menos tiene?

Finalmente han conseguido su objetivo, recuperar el dinero que han tenido que pagar religiosamente cada mes y no ser incluidos en ninguna lista de morosos. Justicia a medias, pero justicia al fin y al cabo.

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