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La no-demolición del Mestalla

Rafa Esteve-Casanova
Rafa Esteve-Casanova
@rafaesteve
lunes, 6 de marzo de 2006, 01:11 h (CET)
El campo donde juega sus partidos el Valencia C.F. está últimamente en los titulares de los medios de comunicación. Hace unas semanas se produjo un hecho inusual en los terrenos de juego. El arbitro paró el partido cuando faltaba un minuto para terminar la primera parte por el lanzamiento de una moneda, al parecer de cinco céntimos, que abrió una pequeña brecha en la ceja de uno de sus auxiliares. Entonces se alzaron innumerables voces pidiendo se sancionara al público valenciano con el cierre del campo. Una vez más iban a pagar justos por pecadores. Pero Villar y sus acólitos de la Federación Española de Fútbol que se ven incapaces de atajar las muestras de salvajismo, dadas por unos pocos, en el césped cada domingo optaron por la solución fácil, una sanción económica, la continuación del partido a puerta cerrada y aquí no ha pasado nada.

Y ahora, pocos días después de aquello el nombre de la vieja acequia que sirve de topónimo al campo del Valencia C.F. vuelve a estar en los medios de comunicación por una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales las obras de ampliación que se hicieron hace más de seis años. Según el Supremo se incumplió la legalidad con aquellas obras que fueron bendecidas por Rita Barberá, alcaldesa de la ciudad, y por el Consell de la Generalitat. En otro país ante una barrabasada como la perpetrada contra el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad alguien habría dimitido, aquí todo sigue igual. Incluso el concejal Alfonso Grau se permite el lujo de decir que con el pago de 2.000 euros, precio de las costas judiciales, todo está zanjado.

La historia comenzó a mitad de los noventa cuando llega a la presidencia del club Francisco Roig, un presidente demagogo y populista que con el lema “Un València campió” asaltó el sillón presidencial asignándose un suculento sueldo y desde el que podía conseguir influencias para sus negocios. La tercera ciudad española necesitaba un campo con mayor capacidad y así se propuso una ampliación para conseguir 30.000 localidades más, al final sólo se ampliaron 12.000, y con una afición entregada totalmente a las arengas del futbolero presidente se presionó al ayuntamiento para que en 1998 se modificase el Plan General – herramienta para construir la ciudad- aprobándose la ampliación del estadio que seria refrendada al año siguiente por la Conselleria de Obras Públicas de la Generalitat. El Valencia C.F., la lengua y la bandera son el “tótem” intocable que la derecha más agita en esta ciudad.

Los vecinos afectados y el movimiento vecinal presentaron recursos contra estas obras que consideraban ilegales y perjudiciales para sus intereses y los de la ciudad. Y ahora, años después, ya se sabe que la justicia es lenta, el Tribunal Supremo les ha dado la razón indicando entre otras razones que cuando el Ayuntamiento de la ciudad aprobó, con los votos en contra de la oposición, no se dio “justificación suficiente” de los nuevos usos del suelo.

Ahora la pregunta del millón es ¿hay que demoler la obra ilegal?. Con la Ley en la mano esto es lo que correspondería hacer pero por un lado el coste sería excesivo ya que el ayuntamiento valenciano tendría que resarcir al Valencia C.F. los perjuicios ocasionados y que se evalúan en unos treinta millones de euros que tendríamos que pagar todos los valencianos y por otra parte el club dejará estas instalaciones en un par de años para trasladarse a otros terrenos cedidos gentilmente por nuestra alcaldesa. Tal vez por eso el edil Alfonso Grau dijo, sin que le temblase la voz ni se le colorease la cara de vergüenza, que “la sentencia se cumple sola”.

Los habituales sufridores que cada dos domingos acuden a Mestalla podrán seguir haciéndolo con toda tranquilidad. Aquí nadie va a pedir el cumplimiento de la sentencia. Ni los vecinos, ni la Federación de AA.VV. , ni tan siquiera las autoridades competentes. El equipo de fútbol es ya uno más de nuestros signos de identidad y a estos se les permiten y perdonan toda clase de tropelías. Pero esta ha sido una muestra más de que los políticos que rigen los destinos de la ciudad y de la Comunidad han tomado esto como su cortijo particular y hacen y deshacen a su antojo. Saben que nadie, ni siquiera la oposición, va a pedirles que dimitan. Hay veces que no sé si vivimos en una sociedad democrática, donde el bien común ha de ser el fin de todos los políticos, o en una republica bananera donde lo que impera es el favorecerse a uno mismo y a su coro de amiguetes.

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