Lamentablemente, lo que está pasando en esta nación no tiene precedentes en ningún otro gobierno, desde que la transición de manos del Carlos I y el señor Suárez estableció la democracia en España, con un solo y gravísimo error: el establecer las comunidades autónomas. No pasa día sin que se conozcan nuevas noticias sobre la ignominia que algunos indeseables están esparciendo sobre la nación española. Ya no son delitos escupir a la bandera, intentar denigrar al Jefe del Estado o que cualquier zote con pretensiones de intelectual se atreva a denigrar el nombre de España o la acuse de totalitaria, cuando la realidad ha demostrado que en este país es donde la libertad de expresión, opinión y manifestación no tiene parangón con ningún otro de los países de nuestro entorno, en cuanto a la permisividad que las autoridades, que debieran cuidar de que no se produjeran excesos, demuestran ante los desmanes de una izquierda para la cual todo vale y todo se les debe permitir en nombre de esta disparatada y poco controlada libertad que se atribuyen, exagerando un derecho constitucional que, sin embargo, como cualquier otro, siempre ha de estar supeditados a un control para evitar que, lo que para unos valga para otros signifique una disminución de sus libertades como persona, de su honor, de su derecho a la presunción de inocencia o a la defensa de su honra, a no ser vejado, injuriado o calumniado, precisamente valiéndose de este supuesto derecho a expresarse, que muchos entienden como una barra libre para poner de chupa de dómine a cualquiera que se les antoje.

Desgraciadamente, últimamente, parece que existe una tendencia, en la judicatura, a adjudicar a este derecho lo que se entiende como una “libertad fundamental”, como algo indiscutible, que prima sobre cualquier otro derecho del individuo, que está por encima de cualquier otra consideración que implicara respeto para las instituciones, defensa de los símbolos nacionales o falta de respecto a las creencias íntimas de grupos de ciudadanos, como puede ser el caso de ofensas a la religión católica, a sus imágenes o a sus actos, cuando se habla de que España es “laica” confundiendo lo que está establecido en la Constitución, respecto a una nación aconfesional con una nación laica que, evidentemente, no significa lo mismo ni tiene las connotaciones que algunos acérrimos luchadores contra la Iglesia y el clero intentan darle, confundiendo el que en una nación no haya religiones con lo que sucede en España donde las religiones existen, pero el Estado no interfiere en ellas mientras se atengan a y respeten la legalidad.

Queremos creer que continúa existiendo, en el tercer poder de la nación, el Judicial, el baluarte que durante estos años de evidente dislate del Ejecutivo y el legislativo, en manos de un Parlamento fraccionado, enfrentado, con mayoría de partidos de izquierda y extrema izquierda a cuyo grupo, recientemente, se les ha incorporado el PSOE del señor P.Sánchez, por la necesidad de no molestar a sus socios, Podemos y pagar el precio de los compromisos que contrajo con los separatistas del señor Puigdemont y, su vicario en Barcelona, el señor Torra. Sin embargo, tenemos la sensación de que la férrea estructura del edificio judicial está empezando a experimentar grietas debido a que, tal y como ha venido comportándose el gobierno socialista de Sánchez, algunos jueces han empezado a pensar que pueden permitirse determinadas licencias que, vayan ustedes a saber, si es que piensan que les puedan compensar, en un futuro que estiman que tiene visos de producirse, el haber interpretado a su manera, la legislación española.

El auto del TSJC, aparte de dejar fríos y asombrados a todos aquellos que todavía confiábamos en que, la justicia, pondría orden en semejante caos, demuestra a las claras la incongruencia que supondría el que, unas autoridades que les hubieran exigido, a los guardia civiles y policías nacionales, que intervinieron en los infaustos sucesos del 1.O, que se hubieran rebelado en contra de las órdenes de sus superiores y hubieran actuado con la falta de profesionalidad de los mismos mossos de escuadra, que se mantuvieron expectantes e inactivos, mientras algunos separatistas instalaban urnas en los colegios electorales; cuando, precisamente, habían recibido la orden de la Audiencia catalana de que no se permitiese, de ninguna manera, que aquel día se llevara a cabo una votación prohibida por el mismo TC. Parece ser que, en dicha resolución, se alega que los guardia civiles que se sobrepasaron en sus actuaciones (cuando debieran haber recibido una medalla por su meritorio comportamiento) porque, según el ponente, se debió permitir que se votase aquella consulta porque ¡¡no tenía ningún efecto jurídico!! Ahora resulta que los guardias debían de saber si se trataba de un acto con efectos jurídicos o no, antes de intentar cumplir con las órdenes que recibieron de la autoridad judicial; indisciplinándose y desobedeciendo las órdenes de sus mandos para que, luego, se los hubiera acusado de desobediencia o de insubordinación. Por lo visto, el que firma el auto del TSJC es un juez que ya firmó manifiestos en favor de la independencia catalana, lo que nos da la medida de la confianza que se puede tener en tales sujetos, que anteponen sus sentimientos catalanistas y separatistas a lo que sería su compromiso con su profesión de impartidores de la Justicia. Veremos que sucede con esta pifia, que se añade a muchas otras que ya se van haciendo demasiado frecuentes en la Justicia, y si el Consejo General del Poder Judicial no toma medidas disciplinarias contra estos señores que, al parecer, no han tenido inconveniente en dictar un auto que tiene todas las trazas de ser considerado, al menos a la vista de los ciudadanos, como una prevaricación o algo muy parecido que ha tenido la virtud de haber desacreditado la acción de la Guardia Civil, un cuerpo del máximo prestigio y aprecio dentro del Estado español y fuera de él. Nadie puede dudar del estoconazo que este error ha significado para la moral y la estima de aquellos que, precisamente, se caracterizan por cumplir siempre con su deber en defensa del pueblo español.

Pero, en todo este tema, lo mismo que en lo que hemos conocido hoy respecto a la intención del Gobierno de dar más facultad para promocionar la lengua catalana, cooficial en Cataluña (es evidente que los vascos van a pedir lo mismo), seguramente en perjuicio de la enseñanza del castellano ya suficientemente proscrito en lugares como Cataluña o el País Vasco. ¿Va permitir este gobierno provisional socialista que el castellano, el idioma nacional, considerado por nuestra Constitución como el oficial en todo el estado español y con la obligación de todo español de conocerlo que, en Cataluña, desaparezca como, evidentemente, ocurrirá si se les da manga ancha para hacer con él lo que les dé la gana?, y ¿a cambio de qué, esta concesión? ¡Es obvio que, a cambio del apoyo a los PGE, sin los cuales este gobierno haría aguas y tendría que convocar elecciones antes de lo que tiene calculado P.Sánchez, se están cediendo compensaciones!

No acaba aquí el dislate y el sometimiento del Presidente del gobierno de España ante estos capitostes catalanes, algunos de los cuales ya debieran de haber seguido el camino de Junqueras, Cuixart o Sánchez en la confortable cárcel de Lladoneras que, según sus directivos, a los que se les ha acusado de darles un régimen especialmente condescendiente, en especial en lo que atañe al régimen de visitas; se han excusado diciendo que, el reglamento penitenciario permite que las autoridades visiten cuando quieran los establecimientos penitenciarios; se olvidaron de que no es lo mismo girar una visita a un establecimiento de dicho tipo y otra es la de visitar a presos ingresados en ellos ¡ un matiz importante, señores! También, el señor Sánchez, en su entrega a los soberanistas catalanes, parece dispuesto a concederles “un régimen educativo propio para Cataluña”. Entendemos que ello significa que, de una manera sectaria, encubierta, absolutamente impropia y demostrando una desfachatez supina, este señor, está concediéndoles todo lo que han venido pidiendo los catalanes y se les ha sido negado durante todos los años que viene durando este desgraciado e incomprensible proceso del intento independentista de Cataluña.

Pero, aun siendo gravísimo, que bajo mano se les entregue a los políticos catalanes todo lo que desean, lo peor es que, como ya comentamos en otro artículo sobre este tema, en Cataluña se ha vuelto con mayor saña, más fuerza y menos miedo a las represalias a fomentar lo del gobierno republicano catalán, a no hacer caso de las leyes del Estado y a insistir en que el gobierno libere a los presos que están en las cárceles ( o un hotel de cinco estrellas) como condición previa a cualquier acuerdo para apoyar al gobierno de P.Sánchez. Insistimos, no se entiende que, en España, se siga aceptando que se negocie y se les vayan concediendo prebendas a los catalanes separatistas, aparte de que ya se les han entregado importante cantidades de dinero, con las que, nadie lo puede negar, siguen preparando el Estado paralelo que ya comenzaron a construir antes de que se les aplicara el 155 ( una aplicación que, como se ha demostrado después, no ha servido absolutamente para nada que no sea una reafirmación intolerable de las aspiraciones de los soberanistas, que se sienten más fuertes después de haber recuperado todas las instituciones que les fueron quitadas entonces)

Y, con este panorama, uno se pregunta si, todavía, toda esta serie de periodistas, enterados de turno, defensores de las negociaciones, del diálogo o de crear comisiones que se eternicen para discutir asuntos que nunca acaban siendo acordados, meapilas y calzonazos que les ríen las gracias a las feministas que ocupan los cargos de ministras, cuando difícilmente serían capaces de dirigir un bar de un barrio; toda esta colección de dirigentes vendidos, todos estos comunistas resabiados de Podemos y el lenguaraz Echenique, unos de los que apoyaron, juntamente con el partido socialista, la aplicación del impuesto que ahora se discute sobre las hipotecas y, de forma hipócrita, ahora se lamentan de que lo paguen los ciudadanos que las vienen suscribiendo; siguen pensando que, el medio de conseguir volver a los catalanes independentistas al redil, consiste en ir cediendo, cada vez más, hasta que finalmente se les conceda el visado para que se constituyan en nación independiente y aquí paz y allí gloria.

Alguien, en esta nación, sabe que todo esto tiene un fin y que, de prolongarse este escenario de indefinición del Gobierno para lograr conseguir apoyos parlamentarios, puede llevar a una situación en la que, el pueblo, al menos aquella parte de los españoles que conservan el sentido común y contemplan angustiados como, unos cuantos cretinos insisten en desmantelar la nación, que está acumulando pacientemente agravio sobre agravio, que contempla como cada día que pasa nos vamos pareciendo más a los venezolanos del régimen dictatorial de Maduro ( estos que, para Errejón, viven en la mejor de las vidas y comen tres veces al día) y que observan como el sistema educativo que se propone para los hijos lleva, inexcusablemente, a un adoctrinamiento calculado y se les entrega a profesores nacionalistas la educación y el adoctrinamiento de sus hijos; decida que, si nadie de los responsables de la defensa de la Constitución se toma en serio el peligro de involución que acecha a nuestra nación, es muy posible que la presión pueda llegar a que, como ya ha sucedido en otras ocasiones de nuestra historia, tengan que enfrentarse a otro caso de colisión entre españoles, algo que muchos de nosotros tuvimos ocasión de presenciar cuando éramos niños.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable impresión de que nos hallamos en un momento del periplo histórico de nuestro país en el que, quizás como nunca con anterioridad en los años que llevamos de democracia, se había estado tan cerca de que algo grave sucediera en España. Está en manos de los que nos dirigen el evitarlo pero, si no hay un cambio radical en los que dirigen el país, es muy posible que sea inevitable un nuevo choque entre españoles.