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La seguridad jurídica y la paz y tranquilidad ciudadana

Marlasca, un ministro de Interior con extrañas ideas respecto a quienes proteger, no parece dispuesto a favorecer a los seguidores de la Constitución
Miguel Massanet
martes, 6 de noviembre de 2018, 00:00 h (CET)

Es evidente que, para que una nación progrese debidamente, son esenciales dos elementos de suma importancia y trascendencia: la seguridad jurídica y la paz social. La ciudadanía demanda al Estado que le proporcione un ambiente de paz y tranquilidad que le permita dedicarse a sus propios intereses sin estar condicionada por circunstancias que, generalmente, no está en su mano solucionarlas, debido a que se sitúan en un ámbito superior a sus posibilidades y, al mismo tiempo, que las leyes por las que se rige la nación le garanticen que, cualquier operación civil, mercantil, administrativa o de tipo personal que realice, sea respaldada por las leyes vigentes, lo que supone que cualquier nueva norma que se publique no suponga poner en cuestión las operaciones que hubiera ido realizando en tiempos anteriores a su promulgación. En definitiva que el efecto retroactivo de cualquier ley sea realmente una excepción, rara excepción, respecto a la generalidad de los casos. Algo que, por cierto, nos enseñaron cuando estábamos en la Universidad.


Sin embargo, es la propia Constitución española la que en el caso de la propiedad de las personas y contra la norma general que apoya que todo propietario pueda usar y disfrutar de los bienes que posea, establece excepciones basadas en necesidades sociales para aquella propiedades de bienes inmuebles que, en determinados casos, pudieran ser reclamadas por las administraciones públicas, mediante el ejercicio de expropiaciones en aquellos casos en los que, bajo unas circunstancias especiales y de acuerdo con determinados procedimientos fijados en la misma Carta Magna, hacen que decaiga el derecho de propiedad en beneficio de la función social que se les da a determinadas viviendas, para cubrir necesidades habitacionales de personas necesitadas.


La Constitución, en su Artº 33.3 especifica la forma mediante la cual se podrá privar al propietario de sus derechos, como tal, sobre determinadas viviendas: “3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.” No obstante no deja especificado claramente a qué nivel de la Administración le está asignada la facultad de declarar de “utilidad pública o interés social” lo que puede dar a entender que los propios Ayuntamientos están facultados para asumir tal derecho. Ello puede dar lugar a que, en distintas autonomías e incluso dentro de los municipios de cada una, se establezcan distintas teorías respecto a las viviendas que deban ser expropiadas y a lo que es básico, su justiprecio.


Hay municipios como el de Barcelona en los que su alcaldesa, la señora Colau, decide manu militari a qué personas los particulares tienen que alquilar sus viviendas (protege a los okupas en contra de sus legítimos propietarios) y promulga leyes que obligan a los constructores a construir un 30% de viviendas sociales en las obras que se decidan a emprender. Es decir, que sin que exista un plan oficial de viviendas sometidas a expropiación, sin iniciar, como Dios manda, un procedimiento expropiatorio ni compensar al propietario por el perjuicio que le pueda producir el destino social que la Administración le obliga a dar a la vivienda en cuestión, se le priva de sus derechos como propietario. O te sometes o tendrás que pasar por el calvario de acudir a los juzgados para intentar defenderte de los abusos administrativos que el municipio, prepotente, va a intentar imponerte. Los que lo han hecho han ganado en su gran mayoría.


Pero, aparte de la seguridad jurídica que el ciudadano precisa en cuanto a sus inversiones, negocios o actividades, para poder actuar con total confianza cuando pone en juego su patrimonio, existen otro tipo de garantías que, el Gobierno, tiene obligación de garantizar a todo ciudadano, que resida en territorio español, de que se le respeten sus libertades y sus derechos constitucionales; algo que, bajo el gobierno de los socialistas, presidido por el señor Pedro Sánchez, no parece que, de momento quede suficientemente demostrado y se trata de la estabilidad del Gobierno, su compromiso con los ciudadanos de que sus actuaciones van a mantener la unidad de la nación española; su deber de enfrentarse y no tolerar o permitir que, quienes han demostrado claramente querer la independencia para la comunidad catalana, utilizando los medios que la Ley le concede para impedirlo; proteger a las instituciones y respetar la división de poderes; recordar que, el Gobierno, lo es de toda la nación y abarca a todos los ciudadanos, sean cuales fueren sus convicciones políticas, sin que le esté permitida una discriminación de unos en favor o en contra de los otros. Por supuesto que cualquier intento solapado de esquivar el mandato constitucional debería ser castigado, como ha ocurrido con el intento de saltarse la ley de Estabilidad Financiera, pretendiendo esquivar la intervención obligada del Senado español. Un tema que sigue en el aire.


También es obligación del ejecutivo preocuparse de que la Ley se aplique por igual en todas las comunidades del país y que no haya lugares en los que, por conveniencias electorales o por pactos secretos para conseguir apoyos a costa de cesiones inconvenientes o, incluso, que podrían considerar desleales al país y a la totalidad de sus ciudadanos; suceda, como ocurre en la comunidad catalana, que mantiene una clara postura agresiva, desleal, desafiante y obstructiva contra el Estado, sus representantes y su Constitución o bien, como recientemente ha tenido lugar en Alsasua, en la que una manifestación pacífica de vecinos, convocada por Ciudadanos, fue objeto de brutales insultos, lanzamiento de objetos o intentos de obstaculizar los actos programados, sin que la policía pudiera hacer nada más que impedir que unos llegaran a las manos con los otros. La postura del juez Marlasca, en su calidad de ministro de Interior, ha quedado retratada en una entrevista de la Cope donde, sin ambages, el ministro ha considerado que los culpables de todo lo sucedido han sido los manifestantes de Ciudadanos por haberse manifestado en el lugar donde los guardia civiles y las chicas que los acompañaban fueron brutalmente agredidos por una multitud de abertzales que los dejaron gravemente heridos, con el fin de provocar los hechos que han sucedido. Una manera torticera de valorar los acontecimientos y de justificar que los abertzales vuelvan a las andadas, aunque sin ETA, pero manteniendo viva la misma idea de considerar a Álava como tierra conquistada, donde nada puede suceder sin que ellos intervengan y den su bendición.


Es evidente que este señor, del que nadie duda de sus capacidades como juez, aunque a mí no me gustaría que me tuviera que juzgar, es que como ministro de Interior, dadas sus particulares opiniones respecto a las actuaciones de su partido y la forma con la que juzga las actuaciones de sus adversarios políticos, lo mejor que podría hacer sería presentar su dimisión para el cargo, si no es capaz de mantener la objetividad, el orden e impedir que dos manifestaciones de distinto signo se produzcan en la misma fecha, sitio y hora. Así se hubieran evitado los enfrentamientos,


Y es que tenemos la mala sensación de que, en todo el ejecutivo de Pedro Sánchez, los ministro que lo integran, más que personas que son capaces de manejar con profesionalidad los ministerios a los que han sido asignados, existe una mezcolanza de feminismo radical representado por las ministras elegidas y un grupo de ministros varones que, en lugar de ocuparse de que, sus respectivos ministerios, cumplan con sus obligaciones respecto a la ciudadanía a la que se deben; han sido seleccionados de entre los más adictos a Sánchez, con la idea exclusiva de que actúen en calidad de fiscalizadores del PP, con la misión de bucear en el pasado de cada uno de sus directivos, con la paranoica idea de intentar hacerlo desaparecer del panorama político; lo que les permitiría olvidarse de la Constitución, unirse a separatistas y a Podemos, y empezar a proceder al cuarteamiento de la nación española que, en definitiva, es lo que tienen en mente todos estos personajes de la izquierda española, naturalmente con el visto bueno de todos los separatistas que colaboran en esta misión destructiva.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos, entre curiosos y preocupados, que el plan concebido en la mente desquiciada del señor P.Sánchez, se está cumpliendo paso a paso mientras notamos, con cierto desaliento y temor, como aquellos partidos de la oposición de posturas más moderadas e ideas más conservadoras, que debieran de haber firmado una tregua, ante la evidencia de que nos encontramos en uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la transición, en el que España se halla en una encrucijada que pudiera derivar en una situación muy grave, si no existe una reacción concertada por todas las fuerzas conservadoras y defensoras de la Constitución, que pueda impedir que la deriva que ha emprendido el PSOE, con el apoyo del resto de partidos de izquierdas y el disimulo de algunos pequeños partidos que esperan sacar provecho de la extrema debilidad que viene demostrando el actual gobierno del PSOE, pudiera llegar a causar el derrumbamiento provocado por aquellos que intentan acabar con la democracia española.

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