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Etiquetas:   La tercera puerta   -   Sección:   Opinión

El juicio del diablo

Jabier López de Armentia
Opinión
lunes, 27 de febrero de 2006, 23:48 h (CET)
Cuando enciendo el televisor y veo cómo la vulneración de derechos está a la orden del día me hace reflexionar sobre cuál es el valor de la democracia o cuánta pureza tiene esta democracia.

Un ejemplo de vulneración de derechos es el macro sumario 18/98. Algo más que un sumario, diría yo. Miles y miles de hojas escritas con un único propósito, probar la presunta relación de organizaciones o colectivos como Xaki, Orain, Egin, Ekin, Zumalabe, etc. con la banda terrorista E.T.A. Al igual que lo fue en su día la “magnifica” y, sobre todo, “democrática” Ley de Partidos, este sumario no es más que la progresión de un pensamiento totalitarista y judicialmente vergonzoso. Una política emprendida por el Partido Popular en el ejecutivo y que alargó sus tentáculos al poder judicial, creando de éste una marioneta al servicio de Aznar.

¿Hace falta recordar las irregularidades que lleva a sus espaldas este proceso? Empecemos a nombrar algunas de ellas, no sin antes recordar quién es el árbitro del partido. El Estado español, un Estado de derecho, democrático y social, como augura en su constitución de 1978. ¡Qué democracia tan pura nos augura! Un Estado defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos dice ser. Aunque mis ojos no han visto ni ven rastro de estos adjetivos por ningún lado, dejemos que sean ustedes quienes juzguen.

Sin entrar en la culpabilidad o no de los acusados, sólo quiero reseñar las numerosas irregularidades judiciales que se han dado, se están dando, y posiblemente se darán a lo largo del proceso.

Una clara irregularidad o parcialidad en el proceso es la duración que tuvo la defensa, concediéndole sólo dos meses para el tramite de instrucción, mientras que el Fiscal contó para la misma labor con un plazo de siete meses. Cabe destacar que la causa viene a ser una biblioteca entera –300 tomos–. Relacionada con la duración se destapa otra irregularidad: el Juzgado Central de Instrucción nº Cinco prohibió a la defensa el fotocopiado de la causa, no pudiendo ser de otra manera la instrucción de los letrados más que en la oficina judicial en condiciones precarias y con gran ausencia de los tomos de la causa.

Después de conceder a la defensa una copia de los tomos de la causa para su instrucción, nos encontramos con que esa copia era parcial y, dentro de esa parcialidad, se observaban numerosas mutilaciones en los archivos. Prolongándose estas irregularidades hasta el inicio de la vista. Algo verdaderamente democrático –incumplimiento del Art. 629 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal–.

Después de tener la defensa acceso a la causa, se observó cómo muchos elementos remitidos a la defensa nunca se recibieron, siendo de rigurosa imparcialidad que la totalidad de la causa y las piezas de convicción estuviesen a disposición de la Sala y de las partes. Una más en el saco de las irregularidades.

Los efectos intervenidos al principio del proceso en los numerosos registros nunca han sido devueltos a los afectados, alegándose muchas veces que se desconoce su paradero o simplemente: “se han extraviado”.

La recusación de los magistrados y los peritos fue otra clara irregularidad. La defensa denunció la animadversión manifiesta y contaminación de los magistrados elegidos –Raimunda de Peñafort, Javier Gómez Bermúdez y Angela Murillo–, por verter valoraciones de culpabilidad sobre los imputados. Probándose este hecho, Peñafort y Gómez Bermúdez fueron apartados del sumario. También se denuncio que los peritos eran funcionarios de la UCI o miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil, de manera que se incurría en una parcialidad manifiesta.

Se vulnera el principio de irretroactividad cuando el Fiscal solicita años de cárcel para los imputados por un delito cometido cuando aún no estaba tipificado como tal en el código penal. O se solicitan más años de los previstos como máximos en el código penal para los imputados en ciertos delitos.

A todas estas irregularidades hay que añadir los retrasos que ha tenido este proceso judicial debido al exceso de horas trabajadas por los traductores y su posterior negación a trabajar en los días siguientes. Y en esta línea, recalcar la mala y poco profesional traducción de los intérpretes cuando los acusados declaran.

No me quiero despedir sin antes mencionar que no sólo hay irregularidades, sino que existe un pueblo que está en contra de este sumario, en contra de la política represiva que lleva a cabo muchas veces el Estado español contra las libertades y derechos de “sus” ciudadanos. ¡Por favor, no creemos otro Guantamo aquí!

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