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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Porque todas tienen derecho a gritar 'libertad'

Rubén Espinosa (Vitoria)
Redacción
lunes, 27 de febrero de 2006, 00:04 h (CET)
Para muchas mujeres en España, recibir una paliza tras otra, una humillación tras otra, así hasta morir física y psicológicamente, hasta no quedar nada de ellas, es la condena a la que han sido castigadas por elegir equivocadamente a su pareja. Y ésta, un ser despreciable, aprovechando tanto su superioridad física como psíquica, ha logrado hacer de su vida una cárcel. Es vergonzoso e indignante que miles de mujeres españolas sigan teniendo que sufrir semejante vulneración de sus derechos, el primero, el de la LIBERTAD.

Por ello, en diciembre de 2004, tras un largo proceso impulsado por las asociaciones de mujeres en España y respaldadas por nuestro Gobierno, fue adoptada la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero. La nueva ley entró en vigor el 29 de enero del 2005. En los seis meses posteriores se han desarrollado los reglamentos y medidas para su aplicación.

A pesar de que, tanto las mujeres maltratadas como las diferentes asociaciones muestran su satisfacción y reconocen el avance y el paso dado por el gobierno español en la mejora de la protección jurídica de los derechos de las mujeres, consideran también que se deben eliminar todos aquellos obstáculos que en la práctica pueden continuar afectando a la efectividad y eficacia de la nueva ley. Esos obstáculos, a los que hacen referencia y les preocupan sobremanera, son los enfoques prejuicios, mecanismos y prácticas discriminatorias que pueden continuar orientando la actuación de funcionarios y agentes judiciales, en términos adversos a los derechos más legítimos de las mujeres.

Porque para muchas mujeres en España, la experiencia de no tener derechos no se ha limitado solo en exclusiva a los abusos a las que han sido sometidas en la familia y en sus relaciones más próximas. Tales hechos, además, han estado refrendados sobremanera por la desproteccion que han causado en ellas los funcionarios y agentes judiciales, encargados de hacer cumplir la ley. Cuando ellas denuncian la vulneración de sus derechos más legítimos, éstos les dan la espalda. Cuando ellas solicitan ayuda una y otra vez en las comisarías de policía y en los juzgados, se las abandona a su suerte. Esperemos que con esta nueva ley y las medidas oportunas para que, tanto los funcionarios como los agentes judiciales realicen eficazmente sus funciones, se encuentre una salida para la multitud de mujeres que se ven diariamente privadas de sus derechos más fundamentales. Y que han padecido, y padecen, tanto el maltrato físico como psíquico a manos de sus parejas y ex parejas. Y se logre, por fin, que los derechos de TODAS las mujeres prevalezcan ante los abusos. NO QUEREMOS MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Hasta entonces nuestro Gobierno debe trabajar tenazmente y con determinación en recuerdo de todas esas mujeres, que un día vivieron un infierno y por las que aún lo viven. Porque todas tienen derecho a la vida, y todas deberían estar hoy con nosotros porque todas tienen derecho a gritar LIBERTAD.

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