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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

La ley contra la violencia de género es inconstitucional

Carlos Caldito
Redacción
martes, 14 de febrero de 2006, 05:54 h (CET)
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una de las dos ”cuestiones de inconstitucionalidad” que ha planteado una juez de Murcia contra la Ley Integral de Violencia de Género. María Poza, titular del Juzgado de lo Penal número 4 de dicha ciudad, duda del encaje constitucional de la aplicación de la «discriminación positiva» en el ámbito penal. Es decir, ve contrario a la Constitución que, ante cuestiones idénticas, la pena prevista se agrave cuando el agresor es un varón y la víctima, una mujer. En su opinión, (y la de muchos juristas, y muchas asociaciones feministas y asociaciones de padres y madres separados) la mencionada ley vulnera los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 10) y a la dignidad (art. 14), así como el derecho a un proceso con todas las garantías, o sea a un juicio justo (artículo 24.2) La admisión a trámite de esta cuestión de inconstitucionalidad no prejuzga el asunto, pero sí supone que el TC analizará el fondo y emitirá su opinión sobre una ley que fue aprobada por la unanimidad del Congreso de los Diputados pero que provocó serias dudas en diversos sectores jurídicos. Esas dudas, expresadas también en su momento por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han sido después materializadas por los jueces mediante la interposición de cuestiones de constitucionalidad. Durante el año 2005, llegaron a presentarse en el Tribunal Constitucional hasta 24. En una providencia dictada el pasado 31 de enero, la Sección formada por los magistrados Guillermo Jiménez, Eugeni Gay y Pascual Sala acordó dar un plazo improrrogable de quince días al Congreso, al Senado y al Gobierno para que formulen sus alegaciones respecto a la cuestión formulada por la juez de Murcia.

El fiscal (que no se olvide que tiene una relación de tipo jerárquico con el gobierno) el pasado mes de septiembre ya informó contra la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad al entender que la ley de violencia de género no viola el derecho a la igualdad pues las mujeres tienen a su entender, una «posición desventajosa» con respecto a los varones. Esta situación justifica, en opinión del Ministerio Público, la adopción de medidas diferentes a las que se aplican para proteger «en general» a las víctimas. La Fiscalía señalaba que el espíritu de la ley tuvo en cuenta la realidad española, en la que las agresiones sobre las mujeres «tienen una especial incidencia»; y utilizó las estadísticas para intentar probar que en la mayor parte de los casos de violencia que se producen en el seno de la pareja, el agresor es el varón (casualmente, han sido múltiples las ocasiones en las que las asociaciones de padres y madres separados han denunciado que en tales estadísticas hay ocultamientos premeditados de la violencia sobre los niños, los ancianos y por supuesto sobre los varones).

A continuación voy a darles a conocer parte (la totalidad ocuparía un enorme espacio) de las Conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial respecto de la Ley contra la violencia sobre la mujer, que sin duda son harto elocuentes (no se olvide que sólo se opuso al informe la Juez Montserrat Comas, destacada feminista de “género”).

Las principales conclusiones a las que llega el Consejo General del Poder Judicial son las siguientes:

La gravedad del fenómeno de la violencia doméstica en general, especialmente intenso en el caso de las mujeres, merece el esfuerzo de que la reacción del Estado de Derecho sea lo más enérgica y eficaz posible, de ahí que habría que dar la bienvenida a una iniciativa más, como la informada, si es que ayuda a perfeccionar jurídicamente esa reacción. Sin embargo hay dudas más que fundadas de que se vaya a aportar más racionalidad y eficacia al sistema.

Pese a su carácter “integral”, ante un problema social de primera magnitud, diverso en sus causas y manifestaciones, opta por una marcada judicialización de las soluciones.

No se juzga acertado que regule sólo la violencia sobre la mujer: una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica.

La mujer no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley la proteja tan sólo a ella, excluyendo de su ámbito a menores, ancianos o, incluso, al hombre.

La llamada discriminación positiva llevada al ámbito penal y judicial conduce a la censurable discriminación negativa. En estos ámbitos se parte de situaciones de igualdad: nada se añade a la tutela judicial de la mujer el hecho de excluirse a los hombres de la tutela de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

No es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer -del que depende toda la aplicación de la ley- basado en la intencionalidad del agresor. Es objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas y coacciones leves sólo cuando el ofendido sea mujer. Que esos delitos se basen tan sólo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la ley su intencionalidad, lleva al derecho penal de autor, incompatible con la Constitución.

El tipo agravado de lesiones se basa en la presunción de inferioridad de la mujer, sin que tal regla se aplique a menores, ancianos o minusválidos, todos ellos susceptibles también de ser víctimas de violencia doméstica.

Es positivo que se vaya a una especialización mayor en los órganos judiciales siempre que su objeto sea conocer de todo el fenómeno de la violencia doméstica.

Carece de justificación crear una nueva categoría de juzgados sólo para mujeres, lo que lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razones de raza, ideología, creencias, tampoco pueden serlo por razones de sexo.

La inserción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden penal, lleva a “criminalizar” las causas civiles que se les atribuye, así como a potenciar el riesgo de que sean instrumentalizados. Si esto ya se detecta con la vigente Ley 27/2003 (se refieren a las “órdenes de protección”) sería más prudente evaluar aun más la aplicación de esta ley antes que crear un nuevo sistema paralelo que aumenta ese riesgo. Carece de sentido procesal atribuir a esos órganos insertados en el orden penal la competencia para conocer de acciones civiles contra la publicidad vejatoria, aspecto éste ajeno a la violencia sobre la mujer.

Las reglas de competencia no pueden basarse en el sexo de la víctima ni en la intención del agresor. De ser así se llegará a situaciones absurdas en las que un mismo hecho, con unos mismos sujetos, puede ser competencia de órganos diferentes por esa intencionalidad lo cual se apreciará siempre al final y no al inicio de las actuaciones.

El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley queda comprometido desde el momento en que queda a merced de la mujer la elección del juez competente en función de que acuda a las medidas de protección que el texto le ofrece.

Los juicios rápidos y la orden de protección se han previsto para que se ventilen en el ámbito de los Juzgados de Instrucción de guardia. La mayor parte de los delitos contra la mujer son competencia de esos juzgados y se tramitan por esa clase de juicios, luego no por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con lo cual la pretendida especialización queda cuestionada. Huelgan comentarios.

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Carlos Caldito es presidente de la Asociación de Padres y Madres Separados de Extremadura.

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