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Etiquetas:   Políticamente incorrecta   -   Sección:   Opinión

Negociación o claudicación

Almudena Negro
Almudena Negro
@almudenanegro
martes, 14 de febrero de 2006, 05:54 h (CET)
Anda estos días muy revuelto el patio no sólo político, sino también a nivel social, por la presunta negociación que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaría manteniendo con los terroristas de ETA. La crispación entre los dos grandes partidos que firmaron el fenecido Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo han aumentado notablemente de grado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que, no lo olvidemos, representa al 90% de las víctimas, ha convocado para el próximo sábado 25 de febrero una gran manifestación en Madrid. Y los ciudadanos hablan de este asunto. Tiempo habrá para escribir sobre ello.

Los políticos del PSOE llevan semanas hablando de un hipotético “proceso de paz”. Algún medio ha publicado que Rodríguez Zapatero espera ansioso un anuncio de tregua –cese temporal de la violencia- para la tercera semana de este mes. Y se llenan la boca con la palabra “paz”.

Pues bien. Ni proceso ni paz. Para que haya un proceso de paz tiene que haber una guerra. Y en España, al menos que yo sepa, no hay ninguna guerra. Lo que hay es una banda terrorista que mata y casi mil personas que han muerto. Personas de toda condición, ideología, hombres, mujeres y niños. Asesinados cobarde y vilmente por la espalda. Son también miles los heridos. Y decenas de miles los familiares que han sido víctimas de la sinrazón terrorista. Y es con la sinrazón con la cual Zapatero pretende llegar a algún tipo oscuro de enjuague o Alianza de Civilizaciones. Eso no se llama proceso de paz. Se llama claudicación. El Estado renunciando a las vías judiciales y policiales se sentará de tú a tú en una mesa con quienes ni respetan la democracia, ni la ley, ni la vida humana. Y esto, como no podía ser de otra forma, causa la natural indignación entre aquellos ciudadanos decentes que creen que a una banda terrorista se la combate y se la derrota. Por cierto, como bien oí el otro día a Rosa Díez en una tertulia, es bien posible alcanzar la paz (ficticia) sin libertad. En tiempos de Franco, como comentó la contertulia, había paz pero no libertad. Mientras sean cientos las personas que tienen que ir con escolta en el País Vasco; mientras sea posible que casi mil proetarras se concentren debajo del portal de Pilar Elías para apoyar al asesino de su marido; mientras determinados partidos sigan subvencionando con dinero de todos (víctimas incluidas) sistemáticamente a los familiares de los asesinos, pero no a las Fundaciones de víctimas, será una gran mentira hablar de libertad.

Hace algo más de dos años los españoles sabíamos que ETA estaba más débil que nunca. Sabíamos que el fin de la banda estaba más cercano que antes. Pero no porque fuésemos a hacer ningún tipo de concesión. Sino porque los dos grandes partidos (PP-PSOE) habían acordado, mediante un gran pacto de Estado, perseguir con toda la dureza que la legalidad permitía a los asesinos. Así, Batasuna/ETA fue ilegalizada. Sus fuentes de financiación sufrieron un grave revés. La movilización social contra los terroristas, desatada a raíz del asesinato de Tomás y Valiente, alcanzó tintes realmente estremecedores para los etarras con aquello que se llamó el “espíritu de Ermua”. ¿Cuántos miembros del gobierno se acuerdan de aquellos dramáticos días? El mundo de ETA estaba siendo derrotado. Con la ley en la mano. Sin GAL alguno.

Y hoy, dos años después, lo que nos preguntamos los españoles es qué concesiones pretende hacer el ejecutivo que encabeza Rodríguez Zapatero a los terroristas. Y los hechos son los hechos: el PCTV, sucursal de Batasuna/ETA, se sienta en las instituciones vascas merced a la omisión del Fiscal General del Estado. La violencia callejera ha vuelto a cobrar nuevos bríos en las calles del País Vasco. ETA sigue poniendo bombas y extorsionando a los empresarios. Y lanzando campañas de amenazas contra los periodistas. Y ahora resulta que, habiendo dos posibles interpretaciones de la ley –la de la Audiencia Nacional y la de la Fiscalía General del Estado que se ha quitado del camino al Fiscal Jefe de la Audiencia, señor Fungairiño- parece que el gobierno, incomprensiblemente (¿o no?) opta por aquella interpretación que más favorece a los asesinos. Así, malnacidos como Henry Parot (82 asesinatos) o Santi Potros, podrán ver reducida su condena y salir a la calle. A 3 meses por muerto. Y lo llaman justicia.

Como no podía ser de otra manera, el Partido Popular ha puesto el grito en el cielo. Mariano Rajoy ha pedido explicaciones al Gobierno. Y la respuesta ha sido tal canallada que hasta cuesta repetirla. El bachiller y número dos del PSOE, José Blanco, ha llegado a afirmar textualmente que al PP no le gusta que ETA no siga matando. Y esto se lo dice a los dirigentes del Partido que más muertos ha puesto sobre la mesa. Al partido que siempre combatió a ETA con la ley en la mano.

Pues bien, no es el PP –y esto lo ve cualquiera- el que ha cambiado su posición. Sigue defendiendo la persecución judicial y policial de la banda y exigiendo el cumplimiento del Pacto suscrito en su día con el PSOE. Pacto en el que se establecía que no habría jamás concesión política alguna a los asesinos. Ya conocemos varias concesiones hechas por el ejecutivo a los asesinos. Del desprecio y humillación a las víctimas no es ni necesario hablar. ¿Cuál será la siguiente cesión? Esperen a las elecciones municipales. Verán a los batasunos volver a los ayuntamientos. Y recibir nuevamente la financiación que ahora habían perdido al no tener representantes en los municipios. Dinero que servirá para causar sufrimiento.

Y todo ello porque el objetivo de una persona llamada ZP es que ETA declare un cese temporal de la violencia para que él -porque se cree que los ciudadanos somos idiotas- pueda aspirar a volver a ganar unas elecciones generales.

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