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Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Entre las cuestiones centrales de la nueva normativa estarán la generalización de la diligencia debida con medidas reforzada aplicables sobre el colectivo de personas con responsabilidad pública, la delimitación de las jurisdicciones de riesgo o la aclaración sobre el alcance de las obligaciones de protección de datos en esta materia.
“Las nuevas exigencias contra el blanqueo de capitales afectan a los abogados y otros prestadores de servicios empresariales, a la banca, al negocio del alquiler y a las plataformas de 'crowdfunding' principalmente. El objetivo es evitar que redes nacionales y extrajeras se beneficien de las debilidades del sistema financiero español para blanquear dinero de operaciones ilícitas”, explica Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Penal & Compliance. ¿Cuáles son las principales novedades que aportará esta nueva normativa? Desde Bonatti Penal & Compliance resaltan estas seis novedades:
“Estamos en un proceso de cambio legislativo, que vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en la lucha contra el blanqueo de capitales, exigiéndoles que adopten medidas adecuadas para afrontar nuevos retos y amenazas como la lucha contra el terrorismo internacional de carácter yihadista o la proliferación en el uso de las criptomonedas”, mantiene Francisco Bonatti.
El próximo lunes, 29 de abril, España se sitúa ante un momento decisivo: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará si opta o no por continuar al frente del Ejecutivo. Más allá de las repercusiones inmediatas que su decisión pueda tener, este anuncio sirve como catalizador para una discusión más amplia sobre dos pilares fundamentales en la política actual: el proceso de transición de poder y el papel de la comunicación política en la era digital.
La cultura del emprendimiento en España ha experimentado una notable evolución en los últimos años, pasando de apostar por la estabilidad laboral hacia un enfoque cada vez más abierto y favorable por el espíritu empresarial. Por tanto, el número de emprendedores se ha multiplicado, en algunos casos por necesidad tras la pandemia -en la que se produjo un boom de emprendimiento-, y en otros, por haber detectado una oportunidad de negocio.
La tasa de empleo juvenil entre las personas con discapacidad se situó en 2022 en el 13%, el mayor registro desde 2014, con 15.200 ocupados. Así se desprende del informe ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’, realizado por la Fundación Randstad junto a Randstad Research. El análisis, elaborado a partir de los últimos datos facilitados por el INE en 2022, refleja que la población entre 16 y 24 años con discapacidad alcanzó las 117.000 personas.
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