Hace escaso días, celebrábamos con alegría la decisión del mayor buscador del mundo, Google, de no ceder ante las presiones del Gobierno de los EEUU para facilitar a la administración Bush los datos de búsqueda de sus usuarios.

Debemos aclarar que, si en un principio los ciudadanos que solemos usar dicho servicio gratuito, podríamos llegar a ver con buenos ojos, o al menos con normalidad, que en ciertos casos excepcionales, como pueden ser la investigación de delitos por tráfico de armas y drogas, el terrorismo, o la pornografía de menores, el gobierno se inmiscuyera en nuestra vida privada (sí, lo que hacemos o dejamos de hacer en la red corresponde también al ámbito de nuestra intimidad, de lo privado), también es cierto que es inevitable un elevado grado de temor, bien fundado por cierto, a que esa concesión primera se extendiese de manera subrepticia a otros campos no relacionados con delito o falta alguna.

El asunto de las búsquedas en Google y el derecho a la privacidad entran de lleno en ese campo de derecho en barbecho que es Internet. Comenzaría el Estado rastreando nuestras búsquedas para, de ese modo, llegar los poderes políticos a caer en la tentación de confeccionar listados secretos de todo tipo de datos sobre sus mandados. Así, enormes y crecientes archivos informáticos darían cuenta de si Pepe compra productos ecológicos, chatea con la vecina casada del 7º D, entra con asiduidad en el portal de la FAES o busca demasiadas veces noticias sobre escándalos políticos de la izquierda. Y, al final, todos sabemos qué tipo de uso ilegal acaba dándose a ese tipo de información.

No, el Gobierno no debe tener derecho a conocer, de forma habitual, rutinaria, nuestras búsquedas en Google, pero tampoco nuestros correos electrónicos, chateos o demás. Al igual que para proceder a la intervención para la escucha de conversaciones en una línea telefónica particular debe de existir orden judicial previa, basada en fundados indicios o pruebas de delito, igual digo, debe ocurrir en la Red.

El caso es que aplaudimos la decisión de Google en los EEUU, sin embargo, hemos de recriminar a esta empresa que, en sus intereses mercantilistas, sí haya cedido ante el gobierno chino en la limitación de las búsquedas en aquel monstruoso país (por el tamaño, la población y, por qué no, por la institucionalizada pena de muerte), sometido a una dictadura consentida a nivel internacional.

Enfrentarse a los EEUU, que pese a su imperialismo, a su vigente pena de muerte, a su reaccionario presidente, a su intervencionismo militar mundial, no deja de ser una democracia, es relativamente sencillo. Otra cosa bien diferente es malencararse con el gigante amarillo...

Y es que, al final de la historia, ocurre siempre los mismo: somos un David que no tira piedras a Goliat, sino a su mensajero.

Señores de Google, la china es una dictadura repleta de censura, de injusticia, de manipulación, de mentiras y de “asesinatos de ley”, si han sido capaces de luchar por la libertad y la privacidad en los EEUU, háganlo también en China, que falta les hace.